Un dato prominente y poco discutido es la naturaleza singular de nuestro oficio. Al vestir la toga, juramos defender los derechos y las libertades que amparan a toda persona. Sin embargo, parad\u00f3jicamente, esa importante responsabilidad conlleva aceptar restricciones \u00e9ticas al ejercicio de nuestra propia libertad de expresi\u00f3n, precisamente para garantizar la imparcialidad que diariamente exigimos en protecci\u00f3n de los derechos ajenos. Se trata, sin duda, de una funci\u00f3n que con frecuencia es incomprendida y que, en ocasiones, puede resultar solitaria.<\/p>\n\n\n\n
De entrada, precisa tambi\u00e9n recordar lo dispuesto por el Canon 3 de \u00c9tica Judicial, relativo a la jerarqu\u00eda de los deberes judiciales: \u201cLos deberes judiciales tendr\u00e1n prelaci\u00f3n sobre cualquier otra actividad. Las juezas y los jueces no abandonar\u00e1n ni descuidar\u00e1n las obligaciones de su cargo.\u201d Ese mandato \u00e9tico exige que jueces y juezas coloquemos la funci\u00f3n judicial por encima de cualquier otro inter\u00e9s personal o profesional, evitando actividades incompatibles con la dignidad, independencia e imparcialidad que el cargo exige.<\/p>\n\n\n\n
El Canon 24 de \u00c9tica Judicial, por su parte, reconoce que las juezas y los jueces pueden participar en determinadas actividades extrajudiciales relacionadas con el Derecho, la administraci\u00f3n de la justicia, la docencia o la investigaci\u00f3n siempre que medie autorizaci\u00f3n previa. Sin embargo, impone un l\u00edmite esencial: cuando se expresen p\u00fablicamente deber\u00e1n dejar claramente establecido que lo hacen a t\u00edtulo estrictamente personal y nunca en representaci\u00f3n de la Rama Judicial, hoy Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n
Cabe destacar que, para dar voz a los jueces y juezas, la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura tiene su g\u00e9nesis en 1978, cuando se funda con el prop\u00f3sito de promover una administraci\u00f3n de la justicia cada vez m\u00e1s eficiente en el sistema judicial de Puerto Rico. Desde entonces, hace 48 a\u00f1os, la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura se convirti\u00f3 en uno de los pilares en la defensa de la independencia judicial, precepto recogido en el Canon 2 de \u00c9tica Judicial. Igualmente, es reconocido ampliamente por la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, y no constituye un privilegio que ostentan los jueces y juezas, pero es m\u00e1s bien una garant\u00eda ciudadana para que sus controversias sean resueltas por tribunales imparciales y libres de influencias indebidas. <\/p>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura mantiene, adem\u00e1s, una relaci\u00f3n asociativa con la Uni\u00f3n Internacional de Magistrados y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Magistrados. En ambos casos, se inserta la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura en los procesos y pr\u00e1cticas desarrolladas en el \u00e1mbito internacional para fortalecer la judicatura y promover el desarrollo profesional de sus integrantes, siempre luchando por la independencia judicial como portaestandarte.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, resulta particularmente significativo que el Canon 25 de \u00c9tica Judicial, el cual establece claramente que la facultad para hacer sugerencias para mejorar el Derecho; participar de consultas o vistas p\u00fablicas, se reserva expresamente a la presidencia de la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura. Esto, al disponer que \u201c(e)ste canon no limita la facultad de cualquier jueza o juez de expresarse en su car\u00e1cter de presidenta o presidente de la Asociaci\u00f3n de la Judicatura ante el foro correspondiente.\u201d<\/p>
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