La empresa Longo En Tech de Puerto Rico, LLC, uno de los principles contratistas gubernamentales para infraestructura, llev\u00f3 al foro federal la pugna que mantiene desde el a\u00f1o pasado contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por fallas en la adjudicaci\u00f3n de contratos para atender seis proyectos financiados con fondos federales y sujetos a la supervisi\u00f3n de ese tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Los trabajos surgen del acuerdo al que la AAA lleg\u00f3 con la Agencia Federal de Protecci\u00f3n Ambiental (EPA en ingl\u00e9s) en 2006 para liberar plantas que sirven a Ponce, Carolina y Lo\u00edza, Mayag\u00fcez,<\/p>\n\n\n\n
Isabela\/Aguadilla\/Aguada\/Rinc\u00f3n, Vega Baja, y Caguas. En estas plantas se hab\u00edan detectado violaciones que activaron la supervisi\u00f3n de la agencia federal y la supervisi\u00f3n del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los documentos, tanto en el tribunal local como en el federal, la AAA deleg\u00f3 sus funciones gerenciales para los trabajos en estas plantas al consultor Arcadis Caribe, PSC, una filial de una empresa holandesa que ha acumulado contratos en la AAA con valor de $159.8 millones desde 2016 por gerencia, consultor\u00eda, ingenier\u00eda, finanzas y asuntos ambientales. El consultor aparece como cliente de la firma de cabilderos The RCL Group LLC, de Ra\u00fal Candelario L\u00f3pez, quien es hermano del juez asociado con el mismo nombre.<\/p>\n\n\n\n
Arcadis, por ejemplo, fue la fuente de datos que us\u00f3 el ingeniero Carlos Pesquera Morales el a\u00f1o pasado cuando someti\u00f3 su Plan de Estabilizaci\u00f3n y Resiliencia para el Suministro de Agua Potable en la regi\u00f3n Metro. En este caso, Longo los demand\u00f3 como manejadores del Programa de Mejoras Capitales de la AAA.<\/p>\n\n\n\n
Para las obras, eso implic\u00f3 encargarse del proceso de licitaci\u00f3n, redacci\u00f3n de requerimientos, evaluaci\u00f3n de propuestas y otros entre 2021 y 2023. Seg\u00fan Longo, en esa instancia Arcadis escondi\u00f3 informaci\u00f3n sobre el estado real de lo que se ten\u00eda que reparar. Cuando la empresa comenz\u00f3 a trabajar la obra bajo el contrato pactado, se encontraron con particularidades que estaban obligados a atender, que afectaban los costos y que les implicaba asumir m\u00e1s riesgo de lo que les hicieron creer en la licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La AAA no contest\u00f3 requerimientos de informaci\u00f3n, lo que oblig\u00f3 al contratista a recurrir a la Ley de Transparencia para forzar la entrega de informaci\u00f3n y as\u00ed comenzar a conocer la extensi\u00f3n real de las reparaciones y trabajos que tendr\u00edan que realizar. Incluso, les negaron acceso a los acuerdos en el tribunal federal que gobiernan la extensi\u00f3n de las obras.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los documentos a los que Longo accedi\u00f3 es un informe sometido para obtener dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en ingl\u00e9s) en las que se revelan m\u00e1s problemas con las plantas que lo que se describ\u00eda en los documentos de subasta para los contratistas. \u201cLas Codemandadas (AAA y Arcadis) revelaron la verdad \u00fanicamente al ente federal que financia el Proyecto, pero ocultaron dicha informaci\u00f3n al contratista responsable de ejecutarlo\u201d, dijeron.<\/p>
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