La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) no tiene personal especializado suficiente para analizar los expedientes sometidos a su consideraci\u00f3n y, por ejemplo, no est\u00e1n manteniendo sus estad\u00edsticas oficiales para evaluar los niveles de cumplimiento o reincidencia de los confinados, indicaron sus miembros durante una vista el jueves de la Comisi\u00f3n de Gobierno de la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, defendieron que est\u00e1n atendiendo a las 577 personas que actualmente disfrutan del privilegio de libertad bajo palabra.<\/p>\n\n\n\n
La vista ocurri\u00f3 en el contexto del caso de Carlos Estefano Pino, un sexagenario que la Polic\u00eda mantiene como \u201cpersona de inter\u00e9s\u201d en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro, en Caguas. El evento ocurri\u00f3 mientras el hombre disfrutaba de libertad bajo palabra, a pesar de tener condenas que suman 167 a\u00f1os por casos que se remontan a 1976 (cuando era menor de edad), por violaci\u00f3n, robo, asesinato y sodom\u00eda contra mujeres.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la JLBP, Samuel A. Silva Rosas, narr\u00f3 que cuando lleg\u00f3 ese expediente lo estudiaron inmediatamente y se determin\u00f3 su arresto ya que hab\u00eda violado los t\u00e9rminos de su libertad, cuando no pernoct\u00f3 en su hogar por tres noches, adem\u00e1s de no haberse comunicado con su t\u00e9cnico socio penal y estar involucrado en el caso de feminicidio. Se indic\u00f3 tambi\u00e9n que ya se celebr\u00f3 la vista sumaria inicial y que se anticipa una recomendaci\u00f3n de vista final de revocaci\u00f3n. A la vez, la Junta defendi\u00f3 que las vistas de seguimiento en este caso se hab\u00edan estado realizando cada seis meses.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEntiendo que, si pudi\u00e9ramos tener alg\u00fan t\u00e9cnico social que nos diera atenci\u00f3n directamente a nosotros, alguna ayuda o asistencia en la l\u00ednea psicol\u00f3gica y si es posible psiqui\u00e1trica, eso ser\u00eda de gran utilidad para que pudieran asistirnos en sacar los perfiles psicol\u00f3gicos y mentales de estas personas, dada la magnitud de la complejidad de lo que est\u00e1 aconteciendo en este caso\u201d, dijo Silva Rosas.<\/p>\n\n\n\n
Este personal se unir\u00eda a los 39 empleados que laboran en la entidad, la cual tiene tan solo ocho oficiales examinadores a cargo de los informes que se realizan para el tr\u00e1mite de libertad bajo palabra. Documentos del organismo muestran vacantes en la direcci\u00f3n ejecutiva, su secretaria, Recursos Humanos y administraci\u00f3n de sistemas de oficina confidencial. En lo que va de a\u00f1o, 518 casos han sido referidos por parte del DCR.<\/p>\n\n\n\n
Los miembros de la Junta favorecieron que se introduzcan enmiendas a la Ley 118 del 1974, que crea el organismo, as\u00ed como disposiciones relacionadas con el cumplimiento de sentencia en la libre comunidad, con el fin de lograr un balance entre la rehabilitaci\u00f3n y la seguridad de la ciudadan\u00eda. Pidieron tambi\u00e9n revisi\u00f3n de sus reglamentos y de programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad de estos y c\u00f3mo cumplen dependiendo de la situaci\u00f3n de salud mental que est\u00e9 presentando cada confinado.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, funcionarios del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) concurrieron en la necesidad de implementar protocolos especializados para atender casos de violencia de g\u00e9nero y reclutar cerca de un centenar de empleados en puestos esenciales para poder atender las necesidades de la poblaci\u00f3n correccional.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Madeline Gonz\u00e1lez, secretaria auxiliar de la Secretar\u00eda de Programas y Servicios, el DCR requiere la contrataci\u00f3n de aproximadamente 94 t\u00e9cnicos sociopenales y por lo menos, 15 psic\u00f3logos adicionales para apoyar los programas de rehabilitaci\u00f3n como \u201cAprendiendo a Vivir sin Violencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos casos de violencia de g\u00e9nero tienen unos t\u00e9cnicos sociopenales que atienden exclusivamente lo que son la violencia de g\u00e9nero, y ese grupo est\u00e1 capacitado. Pero s\u00ed necesitamos mejorar los protocolos, mejorar los servicios y tambi\u00e9n la cuesti\u00f3n del reclutamiento\u201d, indic\u00f3 Gonz\u00e1lez a preguntas de la representante independentista Adriana Guti\u00e9rrez Col\u00f3n. La funcionaria asegur\u00f3 que solicit\u00f3 los fondos en el nuevo presupuesto del DCR para iniciar el reclutamiento de los t\u00e9cnicos socio penales y espera completarlo en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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