{"id":1011028,"date":"2026-07-06T05:46:00","date_gmt":"2026-07-06T09:46:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-07-06T07:45:12","modified_gmt":"2026-07-06T11:45:12","slug":"setenta-anos-una-puerta-legislativa-y-una-discrepancia-respetuosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/opiniones\/20260706\/setenta-anos-una-puerta-legislativa-y-una-discrepancia-respetuosa\/","title":{"rendered":"Setenta a\u00f1os, una puerta legislativa y una discrepancia respetuosa"},"content":{"rendered":"

El Tribunal Supremo de Puerto Rico declin\u00f3 expedir el auto de certiorari en el caso de la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura y los jueces Felipe Rivera Col\u00f3n y Eric R. Ronda del Toro contra el Gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales, dando as\u00ed finalidad al tr\u00e1mite judicial que impugnaba el retiro obligatorio de los jueces y juezas al cumplir 70 a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

Con esa determinaci\u00f3n queda firme la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del pasado 25 de marzo. Cierra, pues, el cap\u00edtulo judicial de una controversia que, dicho sea de paso, se inst\u00f3 originalmente bajo mi presidencia al frente de la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura, y que hoy, desde la presidencia de la FMPR, me corresponde comentar con la distancia institucional que el momento exige.<\/p>\n\n\n\n

El reclamo, en s\u00edntesis, era el siguiente: la Secci\u00f3n 10 del Art\u00edculo V de nuestra Constituci\u00f3n, vigente desde 1952, obliga a los jueces y juezas a retirarse al cumplir 70 a\u00f1os. Ese mandato se concibi\u00f3, y as\u00ed se debati\u00f3 en la Convenci\u00f3n Constituyente, atado a un sistema de retiro que garantizaba una pensi\u00f3n digna a cambio de ese cese obligatorio. Cuando el Plan Fiscal de 2017 y la actuaci\u00f3n subsiguiente de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal redujeron sustancialmente esas pensiones, se rompi\u00f3 \u2014a juicio de los demandantes\u2014 el balance que en su d\u00eda justific\u00f3 el retiro compulsorio. Si el beneficio se debilit\u00f3, plantearon, la obligaci\u00f3n correlativa no deb\u00eda sobrevivir intacta.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal de Apelaciones no lleg\u00f3 a examinar el fondo de ese planteamiento. Resolvi\u00f3, en cambio, que se trataba de una cuesti\u00f3n pol\u00edtica no justiciable, pues el remedio solicitado \u2014dejar sin efecto la disposici\u00f3n constitucional\u2014 equival\u00eda a pedirle a un tribunal que enmendara la Constituci\u00f3n por la v\u00eda del litigio, potestad que el Art\u00edculo VII reserva en exclusiva a la Asamblea Legislativa. Con la denegatoria de certiorari, esa determinaci\u00f3n qued\u00f3 firme: en Derecho, la controversia fue, es y seguir\u00e1 siendo una cuesti\u00f3n pol\u00edtica no susceptible de adjudicaci\u00f3n judicial. Dicho esto, y sin restarle un \u00e1pice de vigencia a esa determinaci\u00f3n final, como Presidente de la FMPR, y con el respeto institucional que le debemos a mis hermanos y hermanas de dicho panel, ofrecemos una discrepancia respetuosa sobre la ruta doctrinal escogida para llegar a ese resultado.<\/p>\n\n\n\n

Ah\u00ed est\u00e1, a nuestro juicio, la dicotom\u00eda que vale la pena se\u00f1alar, entendida como ejercicio de reflexi\u00f3n acad\u00e9mica y no como cuestionamiento del m\u00e9rito de lo ya resuelto con finalidad. Que el remedio \u00faltimo \u2014alterar el texto constitucional\u2014 sea, sin duda, una cuesti\u00f3n pol\u00edtica reservada a la Asamblea Legislativa, no imped\u00eda, a nuestro modo de ver, que el Panel distinguiera esa faceta del reclamo de aquella otra dirigida a que se examinara si el retiro obligatorio, tal como qued\u00f3 tras la reducci\u00f3n de pensiones, resiste el escrutinio de la igual protecci\u00f3n de las leyes y la ADEA. De hecho, el propio Gregory v. Ashcroft, el precedente federal en que descans\u00f3 el Panel, no fue desestimado por los tribunales federales como cuesti\u00f3n pol\u00edtica: el Tribunal Supremo de Estados Unidos examin\u00f3 ese reclamo en sus m\u00e9ritos, aplic\u00f3 escrutinio racional, y resolvi\u00f3 en contra de los jueces demandantes. Es decir, all\u00e1 la controversia s\u00ed fue adjudicada judicialmente; simplemente se perdi\u00f3 en los m\u00e9ritos. Nos hubiese parecido doctrinalmente m\u00e1s preciso que aqu\u00ed se siguiera un camino similar \u2014adjudicar el reclamo constitucional espec\u00edfico bajo escrutinio racional, y solo remitir a la Legislatura la petici\u00f3n de eliminar la disposici\u00f3n en su totalidad\u2014, aunque reconocemos que la determinaci\u00f3n final del Tribunal Supremo de no intervenir hace de esta observaci\u00f3n un ejercicio de cr\u00edtica constructiva, no una controversia viva.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

Dicho esto, y sin restarle validez a nuestra observaci\u00f3n doctrinal, coincidimos plenamente con el destino pr\u00e1ctico \u2014ya firme\u2014 al que apunta la Sentencia: el remedio para esta controversia no est\u00e1 en los tribunales, sino en las ramas pol\u00edticas del Gobierno. Ah\u00ed radica, en definitiva, la dicotom\u00eda que atraviesa todo este proceso \u2014un asunto que, en su vertiente de igual protecci\u00f3n y ADEA, hubiese admitido, a nuestro juicio, adjudicaci\u00f3n judicial en los m\u00e9ritos, pero cuyo remedio \u00faltimo, el ajuste del texto constitucional o la revisi\u00f3n legislativa del balance entre retiro y pensi\u00f3n, en efecto solo puede alcanzarse en la Asamblea Legislativa, tal como qued\u00f3 resuelto con car\u00e1cter final.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 queda, entonces, para quienes creemos que el balance entre pensi\u00f3n reducida y retiro compulsorio merece revisarse? Queda, precisamente, la Asamblea Legislativa. Y ah\u00ed es donde la institucionalidad judicial \u2014no un litigante individual, sino la magistratura organizada\u2014 tiene un rol que cumplir. La discusi\u00f3n de la nueva Ley del Poder Judicial (P. del S. 1096), que hoy ocupa al hemiciclo y que atiende, entre otros temas, la transici\u00f3n de los jueces municipales al Tribunal de Primera Instancia, es precisamente el foro donde estas preocupaciones deben insertarse con nombre y apellido, no dejarse para una eventual y ya descartada gesti\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n

Hay una lecci\u00f3n de fondo aqu\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 del caso particular. La independencia judicial no se defiende \u00fanicamente resistiendo presiones externas sobre c\u00f3mo un juez decide un caso; tambi\u00e9n se defiende exigiendo que las condiciones estructurales de la carrera judicial \u2014nombramiento, permanencia, retiro, pensi\u00f3n\u2014 se dise\u00f1en con seriedad y con la participaci\u00f3n de quienes mejor conocen sus consecuencias pr\u00e1cticas. El proceso judicial concluy\u00f3 con la denegatoria de certiorari; la conversaci\u00f3n institucional, no. Nos corresponde ahora, como magistratura organizada, no dejar que esa puerta legislativa permanezca cerrada por desidia.<\/p>\n\n\n\n

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***Aviso \u00e9tico (Canon 24 C\u00f3digo de \u00c9tica Judicial): Esta ponencia se somete en representaci\u00f3n institucional de la Federaci\u00f3n de la Magistratura de Puerto Rico (FMPR), en el ejercicio leg\u00edtimo de sus funciones de defensa de la independencia judicial y la administraci\u00f3n de justicia, conforme autoriza el Canon 24 del C\u00f3digo de \u00c9tica Judicial. Las expresiones aqu\u00ed vertidas no comprometen la imparcialidad de ning\u00fan juez en el conocimiento de causas espec\u00edficas.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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