{"id":1010067,"date":"2026-06-30T06:10:19","date_gmt":"2026-06-30T10:10:19","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-06-30T18:26:21","modified_gmt":"2026-06-30T22:26:21","slug":"escandalo-en-el-ddec-destapa-los-trucos-en-la-otorgacion-de-decretos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/politica\/20260630\/escandalo-en-el-ddec-destapa-los-trucos-en-la-otorgacion-de-decretos\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo en el DDEC destapa los trucos en la otorgaci\u00f3n de decretos"},"content":{"rendered":"

Un an\u00e1lisis de documentos regulatorios, expedientes p\u00fablicos y de casos ya otorgados revela un patr\u00f3n preocupante: el Gobierno de Puerto Rico contin\u00faa aprobando decretos tur\u00edsticos a proyectos que no cumplen con los criterios establecidos en la ley, particularmente con la regla del 70\/30 que exige que al menos 70% del \u00e1rea de un proyecto sea verdaderamente tur\u00edstica y no m\u00e1s del 30% residencial. <\/p>\n\n\n\n

Aunque esta disposici\u00f3n est\u00e1 claramente establecida en la Ley 74-2010, en documentos examinados se se\u00f1ala que la regla del 70% que se cita com\u00fanmente no est\u00e1 en el C\u00f3digo de Incentivos (Ley 60), lo que ha permitido interpretaciones laxas, abusos de la discreci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos y aplicaciones inconsistentes. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEl marco legal vigente permite, y parece ser que la pr\u00e1ctica gubernamental fomenta, que proyectos predominantemente residenciales se beneficien de decretos tur\u00edsticos a\u00fan sin cumplir cabalmente con la reglamentaci\u00f3n. La s\u00edntesis es clara, la ley fija el concepto de 70\/30 por \u00e1rea, pero su incumplimiento no invalida el decreto; de hecho, existen decretos otorgados a proyectos con un fuerte componente residencial, un m\u00ednimo componente tur\u00edstico, y aun as\u00ed, se mantienen vigentes. Este modelo se repite en m\u00faltiples desarrollos recientes, incluyendo en el mercado de lujo\u201d, dijo el abogado criminalista Estanis Barrenechea Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n

Reparten los decretos a puertas cerradas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La falta de transparencia agrava la situaci\u00f3n. La Ley 60-2019 garantiza confidencialidad absoluta sobre la informaci\u00f3n sometida por un solicitante al Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (\u201cDDEC\u201d). Seg\u00fan la ley, \u201cLa informaci\u00f3n sometida por un Negocio Exento al Departamento ser\u00e1 confidencial y no constituir\u00e1 informaci\u00f3n p\u00fablica. El Departamento no podr\u00e1 divulgar dicha informaci\u00f3n sin el consentimiento del Negocio Exento, excepto cuando otra ley as\u00ed lo requiera\u201d. Ampar\u00e1ndose en esto, el DDEC utiliza su discreci\u00f3n de forma selectiva sin permitir ser fiscalizado de sus determinaciones, lo que impide conocer los decretos de terceros. <\/p>\n\n\n\n

El pasado a\u00f1o, la Cl\u00ednica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana demand\u00f3 al DDEC por negarse a entregar informaci\u00f3n p\u00fablica sobre 59 decretos tur\u00edsticos aprobados ese a\u00f1o. Los demandantes sostienen que la agencia viol\u00f3 la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica) y el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n, ya que los datos solicitados como montos de cr\u00e9ditos, entidades beneficiarias, ubicaci\u00f3n y desempe\u00f1o son esenciales para fiscalizar el uso de fondos p\u00fablicos y evaluar el impacto real de los incentivos. La demanda subraya que el DDEC no neg\u00f3 tener la informaci\u00f3n, pero se rehus\u00f3 a divulgarla en el formato requerido, lo que evidencia un patr\u00f3n de opacidad en la administraci\u00f3n del C\u00f3digo de Incentivos. <\/p>\n\n\n\n

No hay manera de poder evaluar el retorno de inversi\u00f3n que obtiene el Gobierno. Al otorgar estos decretos, el Gobierno determina dejar de recibir los ingresos provenientes de la actividad comercial incentivada. <\/p>\n\n\n\n

El problema central radica en c\u00f3mo se interpreta, o se ignora el requisito del 70\/30. Aunque la ley exige que el c\u00e1lculo se haga por \u00e1rea, no por n\u00famero de unidades, el documento muestra que proyectos con proporciones claramente residenciales han recibido decretos millonarios. La ley establece que el 70% es un umbral autom\u00e1tico: si no se cumple, el componente residencial debe quedar fuera del decreto y tributar normalmente. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, el DDEC ha permitido estructuras donde el componente tur\u00edstico es minoritario, pero aun as\u00ed se otorgan cr\u00e9ditos sustanciales.<\/p>\n\n\n\n

Otorgan $498 millones en cr\u00e9ditos sin cumplir<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso m\u00e1s emblem\u00e1tico del posible abuso de la discreci\u00f3n gubernamental y la otorgaci\u00f3n de los decretos tur\u00edsticos es el proyecto Esencia, en Cabo Rojo. El proyecto incluye 520 unidades tur\u00edsticas y 1,132 residencias, lo que implica que solo un 31% del proyecto es tur\u00edstico. A\u00fan as\u00ed, Esencia recibi\u00f3 cerca de $498 millones en cr\u00e9ditos para la inversi\u00f3n tur\u00edstica. La Compa\u00f1\u00eda de Turismo catalog\u00f3 este desarrollo como \u201cpredominantemente residencial\u201d, pero aprob\u00f3 el decreto de forma expedita. Aunque el componente residencial qued\u00f3 fuera del beneficio, el volumen del cr\u00e9dito evidencia que la agencia est\u00e1 dispuesta a avalar proyectos que no cumplen con el esp\u00edritu de la ley.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto de desarrollo Esencia en Cabo Rojo es un megaproyecto tur\u00edstico-residencial de lujo que abarca unos 2,000 acres tropicales y alrededor de 3 millas de playas en la costa oeste de Puerto Rico. Adem\u00e1s, se pretende desarrollar un \u00abtown center\u00bb con oficinas comerciales, museo, restaurantes, bares y otros espacios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Roberto Ruiz Vargas, de Three Rule Capital, \u201cel decreto contributivo de Esencia, otorgado al amparo de la Ley 74, aplica exclusivamente a los componentes de hospitalidad y turismo del proyecto. Esto incluye los hoteles, las amenidades tur\u00edsticas de acceso p\u00fablico, las instalaciones recreativas y la infraestructura que, conforme a la ley, cualifica para esos beneficios. De los $498 millones en posibles cr\u00e9ditos contributivos por inversi\u00f3n tur\u00edstica evaluados bajo el decreto, cero d\u00f3lares corresponden al desarrollo residencial. Los desarrolladores nunca solicitaron, ni les fueron concedidos, cr\u00e9ditos contributivos para los componentes residenciales de este proyecto\u201d.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

\u201cLos cr\u00e9ditos evaluados representan aproximadamente el 40% de la inversi\u00f3n tur\u00edstica considerada de forma independiente, excluyendo por completo cualquier componente residencial. Esencia ha cumplido plenamente con todos los procesos de evaluaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n requeridos por las agencias gubernamentales correspondientes y continuar\u00e1 operando con total transparencia\u201d, afirm\u00f3 el ejecutivo mediante declaraciones escritas.<\/p>\n\n\n\n

Interrogantes en el proyecto Vanderbilt Residences<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A este patr\u00f3n se suma el proyecto Vanderbilt Residences, cuya descripci\u00f3n p\u00fablica confirma la misma estructura: una torre de lujo de 250 pies en Condado, con 66 unidades totales, de las cuales solo alrededor de 16 cumplen con el requisito de hospeder\u00eda. El resto, 50 unidades de alto valor, ser\u00e1n destinadas para residencias que pudieran rentar a turistas. Seg\u00fan la informaci\u00f3n divulgada, la construcci\u00f3n asciende ya a $260 millones, y se espera que se complete antes de que termine el 2026. Aunque no existe confirmaci\u00f3n p\u00fablica de que Vanderbilt haya recibido un decreto tur\u00edstico, su estructura coincide con el patr\u00f3n descrito de proyectos mayoritariamente residenciales que apenas cumplen con el m\u00ednimo legal de 15 unidades para ser considerados condohotel.<\/p>\n\n\n\n

Al igual que en otros casos, la operaci\u00f3n hotelera sirve de ancla para un componente residencial significativo, lo que permite a los desarrolladores beneficiarse de incentivos dise\u00f1ados originalmente para fomentar una infraestructura tur\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

Sombras sobre los decretos de clientes de Reichard & Escalera<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como resultado de las recientes controversias relacionadas con el DDEC, una fuente de Noticel opin\u00f3 que resulta necesario examinar si existieron per\u00edodos durante los cuales funcionarios con v\u00ednculos previos al bufete participaron en decisiones relacionadas con clientes de la firma antes de establecer mecanismos formales de inhibici\u00f3n. De hecho, en una carta enviada por la Oficina de \u00c9tica Gubernamental a Ernesto Zayas Garc\u00eda, ex secretario auxiliar de la Oficina de Incentivos del DDEC, se establece que su intervenci\u00f3n en asuntos en los que tuvo que ver como empleado de Reichard & Escalera, \u201cpodr\u00eda arrojar dudas sobre la imparcialidad e integridad de la funci\u00f3n gubernamental\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de los clientes del bufete del abuelo de Sebasti\u00e1n Negr\u00f3n Reichard alegadamente, han sido beneficiados con cr\u00e9ditos contributivos durante la incumbencia del ahora ex secretario del DDEC. Entre las compa\u00f1\u00edas que se han mencionado y que pudieron beneficiarse de los decretos obtenidos con la ayuda de Reichard & Escalera son: Viatris, Lilly Del Caribe, Eli Lilly, Medtronic, Covidien, Hewlett Packard, Janssen, Ethicon, Amo Pr Manufacturing, Janssen-Cilag, McNeil Healthcare, Mo Cc1 Cayey, 2g Energy, Powersecure, Coopervision, Stryker, Strategic Film And Television Consultants, NB Sports, MS Produce, Hacienda Monte Alto, Victory Cups, Precision Worx, Peter Paul Electric, MLM Restaurants, Ocean Lab Brewing, entre otros. La Ley de \u00c9tica proh\u00edbe que los abuelos reciban beneficios de sus parientes oficiales del Gobierno. <\/p>\n\n\n\n

Se estima que los incentivos otorgados a los clientes de Reichard & Escalera exceden los $77 millones.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAunque el Departamento de Justicia no comienza un proceso investigativo en ausencia de una querella, ante la seriedad de las alegaciones presentadas es deber ministerial del Gobierno investigar los planteamientos que se han hecho p\u00fablicamente y los incentivos otorgados que exceden los $70 millones de d\u00f3lares. Pienso que una investigaci\u00f3n ser\u00eda prudente para detener cualquier pr\u00e1ctica incorrecta o para brindar la confianza a los inversionistas si se demuestra que todo fue correcto\u201d, dijo el exfiscal Omar Barroso Rosario.<\/p>\n\n\n\n

Impacto al ciudadano com\u00fan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los cr\u00e9ditos tur\u00edsticos que se otorgan mediante estos modelos representan un costo real para el fisco gubernamental. Los cr\u00e9ditos son ingresos que el Gobierno deja de recaudar y que, de otro modo, entrar\u00edan al Fondo General para financiar servicios esenciales. Es por esta raz\u00f3n que muchos economistas, la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal y el propio Departamento de Hacienda los clasifican como gasto tributario, lo que significa que cada d\u00f3lar otorgado en cr\u00e9dito es un d\u00f3lar menos disponible para escuelas, carreteras, salud o seguridad, afectando indirectamente al ciudadano com\u00fan, aunque no se desembolsen como un cheque directo, y convirti\u00e9ndolos en una forma de subsidio p\u00fablico cuyo impacto fiscal recae finalmente sobre el pueblo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTeniendo este impacto en las finanzas del Gobierno y en los servicios al Pueblo, en total ausencia de transparencia, y con una interpretaci\u00f3n flexible de la ley, el sistema de decretos tur\u00edsticos opera en un terreno donde la discrecionalidad, m\u00e1s que la reglamentaci\u00f3n, parece determinar qui\u00e9n recibe los beneficios, eso debe de cambiar\u201d, se\u00f1al\u00f3 Barrenechea Martinez.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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