![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30090253\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_300x250-2.jpg\")
<\/a><\/div>\n\n\n\nEl juez asociado Roberto Feliberti Cintr\u00f3n, quien escribi\u00f3 la opini\u00f3n mayoritaria, descart\u00f3 las objeciones de los disidentes insistiendo en que la controversia no es con el DE sino estrictamente entre dos partes privadas. A\u00f1adi\u00f3 que MCG ten\u00eda responsabilidades \u201csignificativas\u201d como proveedor, para las cuales hab\u00eda invertido recursos, y que los estudiantes que la sic\u00f3loga atend\u00eda bajo MCG no eran su \u201cclientela propia\u201d ni los hab\u00eda adquirido por sus \u201cgestiones independientes\u201d. Subray\u00f3 que, durante el a\u00f1o que aplica la cl\u00e1usula de no competencia, \u201cno se le priva de atender a otras personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el departamento, el juez descart\u00f3 que aplique la cl\u00e1usula del contrato entre esa agencia y The Able Child que dice que los servicios son \u201cindelegables\u201d y que cualquier cesi\u00f3n necesita el consentimiento escrito de la agencia. Dijo que esa restricci\u00f3n no le aplica a la sic\u00f3loga directamente ni imped\u00eda el traspaso de contratos entre The Able Child y MCG. Ese lenguaje de \u201cindelegable\u201d es est\u00e1ndar en los contratos p\u00fablicos de servicios. En este caso no hay indicio de que la agencia hubiera aprobado la cesi\u00f3n por escrito.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa educaci\u00f3n especial no es un negocio, es un derecho protegido… Existe un derecho absoluto a que los estudiantes de educaci\u00f3n especial reciban el servicio relacionado que aqu\u00ed se restringe\u201d, dijo en su disidencia el juez asociado Luis Estrella Mart\u00ednez, quien ha estudiado espec\u00edficamente los problemas jur\u00eddicos de los servicios a los estudiantes de educaci\u00f3n especial.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que la cl\u00e1usula de no competencia en controversia no solamente afecta a Maestre Rivera como trabajadora, sino que \u201csoy del criterio de que constituye una limitaci\u00f3n a la autonom\u00eda de los padres, madres y encargados a permanecer con el proveedor de salud que desarroll\u00f3 una relaci\u00f3n profesional (tambi\u00e9n llamada alianza terap\u00e9utica) y estableci\u00f3 un plan de intervenci\u00f3n con el estudiante servido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otra disidente, la jueza asociada Camille Rivera P\u00e9rez, critic\u00f3 que los jueces en mayor\u00eda trataron el tema como si se tratara meramente de un contrato de franquicia, un problema de competencia entre comercios. \u201cRestringir el acceso a servicios especializados y esenciales de salud a una poblaci\u00f3n vulnerable, en una jurisdicci\u00f3n en la que se ha reconocido una escasez de profesionales de la salud, bajo la \u00fanica alegaci\u00f3n de que el peticionario no desea perder ning\u00fan paciente, resulta completamente irrazonable\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, el juez asociado \u00c1ngel Col\u00f3n P\u00e9rez abord\u00f3 en su disidencia la posici\u00f3n de la sic\u00f3loga como trabajadora y subray\u00f3 que no hay evidencia de que haya consentido que su contrato con The Able Child fuera cedido a MCG.<\/p>\n\n\n\n
En una carta que emiti\u00f3 casi a la vez que la decisi\u00f3n del Supremo, la Junta de Control Fiscal expuso los problemas de financiamiento de servicios de educaci\u00f3n especial que confronta el DE. Enfoc\u00f3 que, desde 2010, la cantidad de estudiantes de educaci\u00f3n especial se ha reducido 18% y, sin embargo, el costo de atender a cada estudiante aument\u00f3 102% para el 2026.<\/p>\n\n\n\n\n\n