Si la discusión congresional federal ‘madura como pinta’, ese cuerpo político propondrá una junta de control para Puerto Rico con poderes amplios y con la encomienda principal de asegurar el repago de la deuda por encima de las demás necesidades que tenga

En la práctica, eso podría reducir a quien quiera que sea el Gobernador de Puerto Rico como un mero administrador de lo que quede del presupuesto después de que la junta garantice el repago de la deuda. Ese escenario se ajusta a lo que es la obligación constitucional actual de Puerto Rico de cubrir primero el pago de su deuda, pero remueve de La Fortaleza la capacidad de desarrollar una política fiscal, limitaría la flexibilidad para crear instrumentos de desarrollo económico y podría conllevar incluso la reevaluación de la legislación que dicta cuáles son las prioridades de servicios a la ciudadanía cuando no hay fondos suficientes en un año presupuestario. Las capacidades actuales de un Gobernador, y la Legislatura, para tomar decisiones de gastos, de impuestos y de emisión de deuda se verían limitadas con el tipo de junta que se está discutiendo en el Congreso.

Así lo comentó hoy Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) tras tener el beneficio de una reunión esta semana con el congresista Jim Sensenbrenner, emisario del speaker de la cámara federal, Paul Ryan.

Ryan ha dicho que va a atender en ese cuerpo la crisis fiscal de la Isla en o antes del 31 de marzo y en este viaje su emisario vino a plantear las verdades de por dónde transita esa solución que se está preparando. A juicio de varias de las personas que se reunieron con él durante la visita, incluyendo el presidente del Senado Eduardo Bhatia y el propio Marxuach, esa solución no será del agrado general en Puerto Rico y, más aún, no vendría con herramientas significativas para incentivar el desarrollo económico de la Isla.

El propósito de la junta, dijo Marxuach, es estrictamente poner a Puerto Rico en capacidad financiera de poder volver a tomar prestado y en capacidad presupuestaria para poder repagar la deuda vieja y la nueva que se tome.

Eso implicará que parte de la deuda sea reestructurada, pero todavía no está claro cuánta de la deuda lo será, ni en qué condiciones lo será ya que los poderes que se le darían a la junta serían para, precisamente, adjudicar esas controversias. De esas decisiones se podría recurrir al Primer Circuito de Apelaciones de Boston, adelantó Marxuach.

El paquete que va a venir del Congreso ‘no va a ser simpático’, dijo Marxuach parafraseando a Sensenbrenner. ‘Mucha gente se ha tirado de pecho a apoyar esta junta sin saber qué es lo que están apoyando’, añadió a la vez que recordó que los precedentes que podría usar el Congreso, como las juntas en su momento usadas en Nueva York y en la propia capital federal, tenían la capacidad para directamente revocar convenios colectivos y despedir empleados públicos.

En términos legales y de estatus político, la junta que se está discutiendo estaría enmarcada en el poder del Congreso para regular los territorios de los Estados Unidos, y los congresistas no están esperando a ver si el Tribunal Supremo federal va a tener algo que decir sobre eso en los dos casos sobre Puerto Rico que tienen pendiente ante sí y que tocan controversias de estatus: el de la doble exposición en los procesos criminales y en el de la llamada ‘ley de quiebra criolla’.

Qué podrían hacer los candidatos a la gobernación y los políticos que podrían estar participando en noviembre en un ejercicio electoral transformado por la implantación de una junta de control federal?, se le planteó a Marxuach.

La respuesta es que ‘la intervención efectiva (de los políticos) va a requerir un frente común’ tanto aquí en Puerto Rico como allá en Washington DC. Algo que, hasta ahora, ha estado clara y lejanamente fuera de la capacidad de la clase política local.