El Colegio de Abogados y Abogadas, a traves de su Programa Pro Bono, que ofrece servicios voluntarios y gratuitos a familias indigentes y de escasos recursos comparecerá el jueves al Tribunal de Primera Instancia en Hato Rey para defender familias que se exponen a ser desahuciadas por problemas con el pago de agua y luz.

El abogado y coordinador comunitario, Alvin R. Couto de Jesús, indicó que Pro Bono participó de una reunión de la comunidad de Llorens Torres en que decenas de familias manifestaron estar amenazadas ante acciones inminentes de desahucio.

‘Fuimos convocados por el Presidente del Colegio de Abogados, Mark A Bimbela para participar de la reunión ya que desea retomar la defensa por la justicia y equidad social. Los residentes que se exponen a ser desahuciados tienen alguna deuda de servicios de agua o luz. Éstos desean efectuar planes de pago para ponerse al día en su deuda pero las Agencias pertinentes se oponen a conceder planes de pago por lo que las administradoras de los Residenciales llevan acciones de desahucio como castigo. Acciones que no proceden en derecho’, manifestó el abogado en declaraciones escritas.

El problema con las acciones de desahucio, explicó Couto, es su carácter sumario que impide al querellado presentar defensas que convienen a su caso para prevalecer. ‘Cualquier persona que sufra un proceso de desahucio se expone a un lanzamiento en menos de un mes cuando pudiera tener la opción de presentar defensas que conviertan el proceso en uno ordinario. Además de facto es casi imposible apelar estos casos por la brevedad del término jurisdiccional. Estos pleitos por falta de pago de agua y de luz son en realidad incumplimientos de contrato que se tornan en pleitos de desahucio para abusar del derecho y con ello afectar e intimidar a las familias’, sostuvo.

Couto cuestionó si para el estado sigue siendo prioridad defender el derecho a la vivienda. ‘En realidad queremos desahuciar a familias desamparadas para ponerlas a vivir, dónde, debajo de los puentes… Tenemos que reconciliar de una vez y por todas el derecho a la vivienda con la posibilidad de que la gente pueda pagar por su consumo de agua y luz. Pero ante las intransigencias de las Autoridades para conceder planes de pago, el poco caso que se le hace a la Ley Especial de Justicia Tarifaria que protege el derecho al hogar seguro de residentes de vivienda pública y el abuso de acciones de desahucio, orientadas exclusivamente y en principio para quienes no pagan sus cánones de arrendamiento, encontramos cada vez más participantes morosos y familias que se exponen a lanzamientos judiciales del único techo que conocen cuando hay alternativas’, enfatizó.

Por otro lado, indicó que el Colegio de Abogados, a través de Pro Bono está preparando un equipo legal para atender estos u otros casos en que se pone en peligro el acceso a la vivienda.

‘Estamos hablando de lanzamientos que en el 90 por ciento de los casos se trata de familias cuya jefa es una madre soltera con varios hijos y que está desempleada. El Colegio luchará para que estos casos se vean conforme a derecho y solicitaremos que se concedan planes de pago de las utilidades, según dispone la ley, para darle oportunidad a los residentes que cumplan con sus responsabilidades sin tener que tirar niños, niñas y mujeres a la calle viciosamente’, concluyó el abogado.