La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para establecer como delito grave con pena fija de tres años de prisión cuando un conductor de vehículo de motor que, de forma imprudente o negligente, cause daño a un peatón o ciclista y se de a la fuga.

El Proyecto de la Cámara 1562 enmienda el Artículo 5.07 de la denominada ‘Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y fija en 5,000 dólares la multa en estos casos y ordenar la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de cinco años; disponer que en caso de una segunda convicción bajo estas circunstancias, la pena será de multa no mayor de 10,000 dólares y de reclusión por un término fijo de seis años.

Además, establece que en los casos de una segunda convicción, al conductor se le revocará permanentemente la licencia o el permiso de conducir y todo privilegio de conducir concedido.

Por otro lado, el Cuerpo aprobó otra medida para aumentar la penalidad a todo conductor involucrado en un accidente de tránsito que no detenga su vehículo en el lugar del accidente o cerca del mismo.

El Proyecto de la Cámara 1273 del representante Ángel Bulerín Ramos, dispone que la persona que incumpla con la ‘Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto Rico’ incurrirá en delito grave y la reclusión ser por un término fijo de tres años. La penalidad va más allá de la impuesta al momento de ser sancionado con pena de reclusión por un término no mayor de seis meses, pena de multa no mayor de 5,000 dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Igualmente, se le revocará la licencia o permiso de conducir, así como todo privilegio concedido a un no residente que hubiere sido convicto por infracción a esta Ley.

La pieza sufrió una enmienda durante la discusión en el pleno cameral sometida por el representante Manuel Natal Albelo, para que se distingan los accidentes donde se cause daño a la propiedad y/o cause daño corporal o la muerte.

De otro lado, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 413 de la autoría del presidente cameral Jaime R. Perelló Borrás y de la delegación de la Mayoría, que le otorga 34 millones de dólares a la Policía para la adquisición de cuatro helicópteros.

De otra parte, la Cámara de Representantes avaló en su sesión del miércoles, un Proyecto de Ley que prohíbe a los miembros del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), mantener contratos con Agencias, Municipios o las Ramas Legislativas y Judicial.

El Proyecto de la Cámara 1326 también le restituye la obligación al Panel de recopilar y divulgar estadísticas, de conformidad a las disposiciones de la ‘Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico’. Los miembros del FEI no podrán tener contratos con una Agencia, municipio o las Ramas Legislativa y Judicial, mientras sean parte del Panel. Esta prohibición no aplicará a contratos para servir como profesor o profesora en la Universidad de Puerto Rico y sus dependencias. Según el líder cameral, esta legislación promueve la neutralidad de la Oficina del Panel del FEI a fin de evitar señalamientos que puedan afectar sus determinaciones y sus deberes ministeriales.

La Cámara aprobó también el Proyecto de la Cámara 1331, para establecer que ningún comerciante pueda imponer un cargo adicional o supercharge al consumidor que utilice una tarjeta de crédito, en vez de efectivo, cheque o cualquier otro método de pago similar, en una transacción que envuelva una venta o arrendamiento de bienes y servicios. La medida permite que los comerciantes ofrezcan descuentos para promover el pago en efectivo u otro método similar que no envuelva el uso de la tarjeta de crédito.

Asimismo, los representantes avalaron el Proyecto Cameral 1561, del representante Nelson Torres Yordán, para enmendar la ‘Ley Ponte al Día en la Carretera’ el cual otorga un incentivo de 90 días para el pago de las infracciones o multas de tránsito. Ahora las personas que se quieran beneficiar de la ley, podrán pagar las multas en todas las colecturías del Departamento de Hacienda.

También, se dio paso al Proyecto de la Cámara 1223, cuyo objetivo es establecer que todo el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales, sea devuelto por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a los municipios. Dicho recaudo, dotaría a los municipios de un dinero que, ante la realidad de estrechez económica, representa un alivio para las arcas municipales. Además, abona a una política de transferencia de poderes y descentralización del Gobierno hacia los municipios.

La Cámara recesó los trabajos hasta el jueves, 14 de noviembre a las 12:00 de la tarde.