La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) decidió otorgarle un contrato de $6.6 millones a una compañía de guardias de seguridad a pesar de que había otras cuatro empresas que ofrecían sus servicios a costos más bajos y que esas otras licitadoras tambien superaban a la agraciada en el requisito de ‘solvencia financiera’. Al adjudicar la subasta, la CFSE pasó por alto el hecho de que la corporación favorecida le adeuda $3.3 millones al Departamento del Trabajo y tiene 227 querellas pendientes ante esa misma agencia por violaciones a las leyes del trabajo. Según documentos del CFSE, la razón principal por la que se escogió a la compañía es que tiene la friolera de $90 millones anuales en contratos con el Gobierno y que eso le da ‘liquidez’ y ‘solvencia’.

La empresa favorecida por el Fondo y tenedora de los contratos con el Gobierno que suman $90 millones, es Génesis Security Services, Inc., organizada como corporación en 1997 y activa como contratista desde esa fecha. Tiene oficinas centrales en Carolina y su presidente y jefe de operaciones es Roberto P. Morales, una persona relativamente joven que ha podido moverse con efectividad entre las administraciones que se han turnado en el Gobierno durante los últimos 15 años.

Según una investigación conducida por CLARIDAD, una de las razones que explica el tratamiento privilegiado a esta empresa – que después de conseguir la subasta de la CFSE tiene contratos públicos por cerca de $100 millones – es su reclutamiento de abogados y cabilderos con mucha influencia en la administración de Alejandro García Padilla. Tan pronto se conoció el resultado de las elecciones de 2012 y antes de que se produjera el cambio de gobierno, contrató como abogado al ponceño Pedro Ortiz Álvarez y como cabildero al exrepresentante Popular Ferdinand Pérez. En ambos casos se trata de personas vinculadas al PPD que utilizan sus influencias para beneficio de clientes. Ortiz Álvarez ha sido abogado del Partido Popular y de sus dirigentes durante varias décadas. Además de sus contactos, ahora tiene el beneficio adicional de que su hijo, Pedro Ortiz Cortés, está ubicado en la Fortaleza trabajando como asesor de García Padilla.

Ferdinand Pérez, por su parte, dejó su puesto en la Cámara de Representantes para ser candidato a alcalde de San Juan por el PPD en 2008 y, tras su derrota, optó por aprovechar sus contactos e influencias para operar como cabildero a favor de corporaciones o individuos que buscan contratos con el Gobierno o con municipios dirigidos por alcaldes Populares.

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