La representación legal de Ana Cacho no ha logrado que el Departamento de la Familia atienda sus reclamos para que la agencia cumpla con la orden del Tribunal de Apelaciones que autorizó las visitas supervisadas de su clienta a sus hijas.

Las licenciadas Sharon González y Brenda Berríos, incluso, visitaron la sede del Departamento de la Familia, pero no lograron reunirse con la secretaria saliente, Yanitsia Irizarry, ni con un representante de la funcionaria pública.

‘Al día de hoy, ha sido imposible conseguir una reunión con la Secretaria o con algún representante suyo para coordinar las visitas’, dijo González en entrevista telefónica con NotiCel.

Las gestiones realizadas incluyen la visita a la sede de la agencia, llamadas telefónicas y una solicitud por escrito, pero no han recibido respuestas, precisó González a este diario digital.

La letrada no quiso contestar preguntas específicas respecto al caso ‘confidencial’ que involucra a las menores, quienes serían testigos si se presentan acusaciones criminales contra Cacho por el asesinato de su hijo Lorenzo.

Indicó que tampoco conoce cuál es la posición de los representantes legales del padre de las menores, Ahmed Elí González, quien tiene la custodia permanente de las niñas.

Ayer, Irizarry se hizo eco de expresiones del secretario de Justicia, Guillermo Somoza, quien días antes aseguró que acudirán al Tribunal Supremo a solicitar que se revoque el fallo del foro apelativo.

Sin embargo, a nueve días de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones, el gobierno todavía no ha presentado ningún recurso en el máximo foro judicial. No obstante, tienen un término de 60 días para así hacerlo.

‘Yo voy a respetar la determinación del Tribunal, no voy a entrar a aquilatar y a valorar, pero como no estoy de acuerdo… habremos de recurrir en su momento al más alto foro judicial de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, a hacer unos planteamientos importantes en un caso confidencial’, indicó Irizarry ayer tras comparecer a las vistas de transición.

‘Ahí un trabajador social hizo un trabajo e hizo un trabajo bien pensado’, afirmó la funcionaria sobre la labor realizada en el caso.

Por orden judicial, Cacho no ha podido ver a sus hijas desde que el Departamento de la Familia le retiró la custodia tras el asesinato de su hijo Lorenzo González Cacho ocurrido en marzo de 2010 bajo su supervisión y en su residencia en Dorado del Mar.

Cacho es unas de las principales sospechosas en el caso del asesinato de su vástago junto a Jesús Genaro Camacho, el agente federal William Marrero y Arnaldo ‘Naldy’ Colón.

Pese a que han sido señalados públicamente como los sospechosos del horrendo crimen, el Departamento de Justicia sigue con las manos atadas, pues no ha sometido acusaciones contra ninguno.

El padre de las menores solicitó al Tribunal de Apelaciones que le quite la patria potestad a Cacho, pero esa petición civil no ha sido resuelta por el foro apelativo.

La ex pareja se encuentra inmersa en una saga de demandas y contrademandas desde que Lorenzo fue asesinado.

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