Un grupo de profesores universitarios y líderes comunitarios se expresaron el miércoles convencidos de que la exdirectora de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón Reyes, ha sido difamada al ser acusada de haber incluido indebidamente a una comunidad ubicada en Humacao en el Programa de las Comunidades Especiales.

El grupo de académicos de varias instituciones universitarias señalaron que el Informe del Contralor que se utiliza para justificar el referido para la asignación del Fiscal Especial Independiente (FEI), contiene numerosas incorrecciones.

Entre éstas, destacaron que se incluye el señalar que un empleado de la Oficina de Comunidades Especiales realizó un alegado perfil socioeconómico de la comunidad, que mostró que ésta no era una comunidad especial por ser una urbanización. Así pues, aclararon que el verdadero Perfil Socioeconómico de las Comunidades Especiales lo llevó a cabo una firma de consultores entre el 2002 y el 2003.

Los profesores universitarios mencionaron que la Ley 1 de las Comunidades Especiales exige que una comunidad del Programa debe cumplir con varias características e indicadores de privación establecidos, y que del Perfil Socioeconómico de la comunidad Verde Mar, se desprende que en efecto poseía características socioeconómicas que la cualificaban para ser parte de ese Programa.

Incluso mencionaron que las características que se evidencian en el Perfil Socioeconómico de la OCE, y también en el Censo Federal de Puerto Rico del 2000, demuestran que el 51 por ciento de los individuos y el 48% de las familias estaban bajo el nivel de pobreza. A su vez, indicaron que el gobierno local y federal reconocen que esta comunidad sufre de continuas inundaciones por encontrarse enclavada en una zona de manglar y por debajo del nivel del mar, lo que acarrea que en momentos de peligro de huracán tenga que ser totalmente desalojada.

‘Esta comunidad cumplía con por lo menos nueve de los requisitos establecidos por la Ley y los fondos invertidos en Verde Mar –el techado de la cancha y un área recreativa contiguas a la escuela pública de la comunidad– fueron consecuencia de una petición de la comunidad reunida en asamblea en el 2002’, destacó el grupo compuesto por las profesoras de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nilsa Medina Piña, Liliana Cotto Morales y Vicky Muñiz; la profesora Norma Rodríguez Roldan, de la Escuela Graduada de Trabajo Social (UPR), la profesora y cineasta Ana María García de la Facultad de Comunicación Pública de la UPR, y la profesora Carmen Belén Rivera de la Universidad del Este (UNE), así como los líderes comunitarios Wilfredo López y Jorge Oyola.

El grupo de académicos y líderes comunitarios denunciaron que las alegaciones contra Linda Colón Reyes son parte de una política de desmantelamiento institucional que atenta contra organizaciones, áreas gubernamentales y leyes que favorecen a los sectores marginados tales como la Ley del Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña y la Ley 232, la cual protege a las Comunidades Especiales de expropiaciones indebidas.