Mientras los observadores de la política estaban ayer atendiendo el podio desde donde el Gobernador pronunciaba su discurso, en el Tribunal Supremo y en la misma oficina del Presidente del Senado se escenificaba un drama con crudas pugnas de poder en el que la mayoría del Supremo declaró el fin de la ‘dictadura imperial’ en ese foro, mientras la disidencia llamaba a un levantamiento en contra de esa mayoría.

Los diálogos del drama están escritos a lo largo de unas 139 páginas en las que la mayoría, en un voto del juez Rafael Martínez Torres, y las disidencias, en votos del Juez Presidente Federico Hernández Denton, y las juezas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta, discuten la resolución mediante la cual la mayoría nombrada por el gobernador Luis Fortuño declaró que son ellos, y no el Juez Presidente, los que tienen la última palabra en la administración de la Rama Judicial.

En esa misma resolución del 1 de febrero, la nueva mayoría había cancelado el contrato del exfiscal especial independiente César López Cintrón, con el que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) abrió una investigación a todos los jueces del Alto Foro. Ese contrato, a su vez, fue una respuesta bastante directa a la investigación que el Senado le abrió al Juez Presidente. Y hasta la oficina del Presidente del Senado llegaron ayer, minutos antes del mensaje del Gobernador, algunos jueces de la nueva mayoría para entregar el voto de Martínez Torres al que todos ellos se unieron, y que salió publicado en El Vocero hoy antes de que fuera oficialmente distribuido a los medios por la OAT esta mañana.

Ese escrito de la mayoría consigna parte del drama trasbastidores cuando, en su última nota al calce, aclara que el escrito responde a las versiones de los votos disidentes que los demás jueces circularon originalmente y no a las versiones ‘editadas’ que éstos circularon minutos antes de las 5:00 pm ayer. Lo que está disponible a los medios y el público son sólo las versiones finales de los escritos.

Martínez Torres, como portavoz de los seis jueces nombrados por Fortuño, argumentó en su escrito que toda la jurisprudencia del Supremo, y los informes y discusión de la Asamblea Constituyente, apoyan su interpretación de que lo que dice la Constitución es que el pleno del Supremo va a dictar las reglas de la Rama Judicial, y el Juez Presidente las va a acatar sin posibilidad de ejecutar otra cosa que no esté autorizada por el pleno.

Añade que las alusiones a ‘crisis constitucional’ que hacen las disidencias es una ‘fantasía’. También, resaltan con entusiasmo el precedente del exjuez presidente, José Andreu García, que, cuando el exgobernador Pedro Rosselló eliminó el tribunal apelativo de la Administración Hernández Colón para crear su propio tribunal apelativo, consultó al pleno del Supremo la creación de una unidad en la que refugiar a los jueces nombrados por Hernández Colón que se habían quedado sin tribunal. El juez Martínez Torres participó activamente del proceso legislativo mediante el cual la Administración Rosselló abolió el tribunal de Hernández Colón.

‘Bajo ninguna teoría de interpretación constitucional ingeniosa puede sostenerse que el Juez Presidente, en su rol de dirigir la administración de los tribunales en Puerto Rico, puede delegar un poder que no ostenta. El Juez Presidente, en su carácter individual, no está facultado para ordenar investigaciones contra los demás miembros de este Tribunal’, declaró la nueva mayoría en referencia a la contratación de López y la investigación de la OAT.

‘Por ende, la artimaña a la cual se sometió a este Tribunal por espacio de dos semanas es constitucionalmente inconcebible y seguramente causaría el asombro, malestar e indignación de los mismos constituyentes ilustres que cita la disidencia en sus primeras páginas’, concluyeron, a la vez que criticaron particularmente la disidencia de la jueza Rodríguez porque ‘raya en una incitación a la violencia desde la trinchera política’.