Las veces que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha ostentado el poder han salido a relucir las irregularidades en el recogido de donativos a favor de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), entidad que al igual que esa colectividad defiende la estadidad para la isla.

En 2005, Elsie Valdés, quien fungió como directora del desaparecido programa Zona Escolar Libre de Drogas y Armas (ZELDA), fue exonerada por un jurado en un caso en el que se le imputó de solicitar donativos a una compañía de seguridad para LULAC.

Hoy, Valdés vuelve a estar en el ojo del huracán, pues es la actual asesora de la presidenta nacional de la LULAC y salió en defensa de la participación de más de 200 empleados públicos en la pasada convención de la LULAC.

‘LULAC es una organización que defiende los Derechos Civiles, donde Puerto Rico se une en su lucha por los derechos de igualdad para el pueblo’, indicó Valdés, pasada directoraestatal LULAC Puerto Rico.

De acuerdo con Valdés, la movilización de delegados y socios a través de la región del sureste de Estados Unidos es parte de la labor del vicepresidente nacional de LULAC, Juan Carlos Lizardi.

Empero, la ex funcionaria de la administración del otrora gobernador Pedro Rosselló no contestó los señalamientos hechos por el candidato del PPD al Senado, Aníbal José Torres, sobre el uso ‘ilegal’ de fondos públicos para enviar delegados a politiquear, beber y fiestar en la convención, celebrada en julio pasado en Nuevo México.

Torres reclamó que la convención es un escándalo que toca las puertas de La Fortaleza y describió la polémica como el ‘LULAC Gate’ de la isla.

Valdés estuvo acusada de solicitar donativos a una compañía de guardias de seguridad con la que mantenía contratos, para costear pasajes a una convención de la LULAC. El veredicto a su favor fue de 9-3.

Contra la ex directora del programa ZELDA pesaban dos cargos por el artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental, que se refiere a utilizar un cargo público para beneficiar a terceros.

Valdés, quien era la presidenta del capítulo de la LULAC en Puerto Rico, estaba acusada de solicitar dos donativos de $1,000 en el año 2000 a la compañía Island Security, con la cual el programa ZELDA mantenía los contratos de vigilancia en las escuelas públicas.

Tras su absolución, Valdés defendió a la entidad.

‘Quién va a devolver el sitial que tenía LULAC en Puerto Rico? Lo único que yo le pido a la Legislatura es que no haga con los demás lo que ellos hicieron con nosotros’, sostuvo refiriéndose a una investigación que realizó la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes el cuatrienio de 2001-2004, en la que salieron a la luz pública los donativos que recibía la LULAC.