La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, confirmó el martes que su organización acaba de radicar una demanda contra el Departamento de Educación, el secretario interino Edward Moreno, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para evitar que los maestros del sistema público sean evaluados por personas sin preparación.

En el documento denominado ‘Sentencia Declaratoria, Violación de Derechos Constitucionales y Civiles’, la Asociación de Maestros intenta proteger ‘a los maestros de la intención del Departamento de Educación de evaluarlos con personal que no cuenta con la preparación para esa labor’.

Se indicó en un comunicado de prensa que la demanda establece que el Reglamento de Certificación del Personal Docente vigente contiene los requisitos que debe reunir un Facilitador Docente. Sin embargo, la Asociación denuncia que la realidad es que el Departamento de Educación está nombrando Facilitadores Docentes que no cumplen con los requisitos, los conocimientos ni la experiencia que la propia agencia impuso para dichos puestos, y que además, conociendo esa realidad, ahora les autoriza el evaluar a los maestros.

‘En otras palabras, la agencia nombra a un personal que no posee los conocimientos especializados ni posee vasta experiencia requerida y les faculta para evaluar a los maestros’, dijo Díaz.

Según la líder magisterial, esos nombramientos se hicieron a través de una convocatoria por reclutamiento especial.

‘El ser evaluado por una persona que no posee el peritaje necesario implica que la evaluación es una carente de validez a la luz de los procesos más básicos del desarrollo profesional y del mejoramiento del conocimiento que se pretende conseguir a través de la evaluación, lo que claramente violenta los derechos constitucionales de los evaluados’, afirmó la presidenta de la AMPR.

La demanda también establece que el DE, mediante su actuación, afecta de manera irrazonable los intereses de los maestros, ‘lo que tiene un impacto directo en sus puestos’.