Contrario a lo que aseguró el gobernador Luis Fortuño, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) no requiere la expropiación de las viviendas aledañas a la ruta del gasoducto para otorgarle el permiso de construcción, informó el líder de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.

La reacción del USACE, que trascendió el viernes en un semanario del sur, fue provocada por la justificación pública que hiciera el gobernador hace pocas semanas, al ser increpado sobre expropiaciones a ciudadanos de Utuado sin contar aún con un permiso de construcción que viabilice el proyecto. Fortuño aseguró que las expropiaciones debían continuar en aras de obtener dicho aval federal.

‘Justificar contratos de expropiación que sobrepasan los siete millones de dólares a un ex comisionado electoral del partido de gobierno y luego transferir la responsabilidad a las agencias federales es una burla al país. Hay que ser un gobernante inescrupuloso para ordenar el desalojo de personas humildes de la montaña manipulando la realidad’, dijo Massol Deyá en un comunicado.

‘Las expresiones del USACE convierten el proceso de desalojo en un acto caprichoso de tiranía de Estado y que podría caracterizarse como un mensaje de castigo hacia un pueblo que ha sabido defenderse’, abundó.

Por otro lado, indicó que los consultores siguen mintiendo sobre el proceso para salvar sus contrataciones millonarias.

‘Primero dijeron que tendrían un permiso en enero, luego abril y recientemente Miguel Cordero, pasado director de la AEE, afirmó que a principios de septiembre se daría el visto bueno federal. Estas falsas proyecciones han servido sólo para renovar más contratos millonarios que resultan en aumentos en el ajuste ‘por combustible’ de los abonados de la Autoridad’, explicó.

Massol Deyá dijo que este año y medio se han perdido más de 30 millones de dólares invertidos en el proyecto mientras que insistió en que hay que dejar atrás el progreso del megadesarrollo.

El también profesor de microbiología del Recinto de Mayagüez de la UPR hizo constar que la declaración de la supuesta crisis decretada por Fortuño en julio de 2010 ‘lo que hizo fue esquivar el análisis que este gasoducto ameritaba y ahora se están dando cuenta por las objeciones de las agencias federales. Cómo se explica que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) haya dado el permiso en 24 horas mientras que 12 meses más tarde el Cuerpo de Ingenieros siga solicitando información técnica? Esto confirma que la JCA actuó negligentemente en el proceso de evaluación de la mal llamada Vía Verde’.

Relacionado al proceso de permisología que se desarrolló localmente el año pasado, el vocero de Casa Pueblo recalcó su desaprobación en cuanto al fallo de ayer del Tribunal Supremo.

‘Ahora el Tribunal Supremo falló contra aquellos vecinos de la comunidad que impugnaron el proceso de la JCA, lo que constituye un acto de encubrimiento, actuando como un comité de barrio del Gobernador. El fallo está basado en tecnicismos para no entrar en los méritos del recurso legal plenamente documentado, incluso con documentos de la propia JCA y desoyendo a los propios técnicos de campo de la JCA’, sostuvo.