En momentos en que a la Policía de Puerto Rico se le confronta con su incapacidad para detener la imparable ola de asesinatos, que en un 90 por ciento se cometen con armas de fuego, un pleito judicial echa sombras sobre el control que tiene esa agencia de las que circulan por el país, al descubrirse que al día de hoy no ha dicho nada en cuanto a la desaparición de 28 armas de fuego a manos de un ex empleado de una armería hace tres años.

Tampoco las autoridades del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), ha dicho ni pío de dónde se encuentran las armas que desde el día uno se suponía que llegaran a la Isla.

El pleito radicado por el propietario de B<><>&B Target Center, Luis A. Bermúdez González, contra el ex superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, el ex secretario del Departamento de Hacienda, Juan Carlos Puig y unos siete agentes, pone al descubierto que la Uniformada nunca le informó al empresario que en octubre del 2008, una de las armas que el armero pensaba que estaba en un ‘gun shop’ del estado de Oklahoma, fue ocupada ‘enterrada’ en los predios del residencial Luis Llorens Torres./p

pPesquisa Boricua indagó sobre los hechos que rodean el pleito civil 11-1901 que radicó Bermúdez ante el foro de Estados Unidos en la Isla, luego de que en el 2009 y personalmente, el superintendente de la Policía, Figueroa Sancha, le recomendó a Puig que le revocara la licencia de armero al propietario de B<><><><>B por alegados problemas con el control de seguridad de las armas./p

pPero, realmente al día de hoy es la propia Policía la que no tiene idea del paradero de 28 armas que un empleado de Bermúdez se supone que haya enrolado hacia Tulsa, Oklahoma. El Departamento de Justicia de aquí, en concreto el fiscal José Esteban Maldonado, de Crimen Organizado, investiga el caso que según fuentes de entero crédito, debería recaer en manos de quienes tienen jurisdicción primaria, ATF./p

pLos hechos del caso se remontan a enero del 2009, cuando Bermúdez recibió un correo electrónico del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), siguiéndole el rastro a un arma que estaba registrada a nombre de B<><>B. El arma nunca llegó a Tulsa, donde se suponía que fuera enviada por un ex empleado de la armería, con otras 27 armas./p

pEl ocho de enero del 2009, Bermúdez radicó una querella en la Uniformada. Entre el ocho y el 22 de enero, agentes de ATF y de la Policía de Puerto Rico, realizaron un inventario de la armería B<><><><><><>