El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Carlos Javier Torres, informó el martes que el organismo que preside ya no tiene jurisdicción sobre el caso del exsenador Antonio Soto, razón por la cual se determinó unánimemente no hacer ningún tipo de referido y dejar a criterio de las agencias concernientes, cualquier acción al respecto.

‘El vínculo del exsenador Soto con el Senado, obviamente se rompe al él poner su renuncia y advenir final y firme. Eso implica que la Comisión no tiene jurisdicción más allá de lo que el Código (de Ética) establece’, destacó Torres.

‘En el informe que se va a someter a referéndum el próximo jueves, nosotros hemos colocado que eso no es excluyente en el sentido de que las agencias de gobierno que entiendan que tienen jurisdicción sobre las situaciones que públicamente se conocen, puedan iniciar algún tipo de proceso’, agregó.

Torres sostuvo que la Comisión no producirá un referido a ninguna agencia debido a que con la renuncia de Soto, el proceso se vio interrumpido, al punto de que nunca pudo confrontarse al ahora exsenador para que ofreciera sus planteamientos en torno a las denuncias realizadas en su contra.

La Comisión de Ética investigaba al polémico exlegislador de la Palma por tres querellas por la turbia adquisición de un lujoso automóvil, además de otras por irregularidades en sus finanzas personales.

Asimismo, durante el proceso, trascendió que Soto presuntamente cobró dietas de manera ilegal.

Torres adelantó que existe información que apunta a que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se ha pronunciado sobre el asunto.

‘Es de todos conocido que el secretario de Justicia había hecho ya unas expresiones previas, donde él asumió jurisdicción y dijo que iba a investigar el caso’, comentó.

Por otra parte, el titular de la Comisión destacó que en el caso de la querella levantada en ese foro por el otrora director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Miguel Cordero, contra el legislador popular Eder Ortiz, el organismo se reunirá el próximo lunes para evaluar información presentada por el querellado.