El doctor José Vargas Vidot, director de Iniciativa Comunitaria, reconoce que la población de personas sin hogar ha aumentado en la Isla. De acuerdo al salubrista, la organización ha podido evidenciar a través de las rutas nocturnas y diarias que realizan, que ‘ciertamente hay más gente en las calles’.

Actualmente, la organización realiza rutas de ayuda a los sin techo en Manatí, Vega Alta, Vega Baja, Bayamón, Carolina, Caguas, San Juan, Cidra, Cayey y Ponce. De hecho, precisó que en las rutas nocturnas era usual ver entre 30 a 35 personas en las calles y hoy se pueden ver entre 84 y 90.

NotiCel había publicado informes que habían alertado sobre este incremento, y, aunque para Vargas Vidot estos estudios sólo captan una instantánea del problema, subrayó que su organización ha confirmado la tendencia por otras vías. Por ejemplo, ‘en el comedor de nosotros, dábamos comida para 30 o 40 personas diaria, esa cantidad se dobló, realmente el crecimiento ha sido exponencial’.

Para Vargas Vidot este aumento en la población desahuciada viene desatándose en la Isla desde hace cuatro años y medio. Una de las razones para este alza es que hay más personas encarceladas y la gente que sale de las instituciones penales en su mayoría no están pasando por un proceso de inserción social.

Uno de los tropiezos que enumeró atraviesa un ex confinado y que lo lleva a la deambulancia es que ‘las autoridades federales impiden que una persona que ha sido convicta por un delito de tráfico u ofensor de droga cuando salga de su sentencia y se reincorpore a una vivienda que esté subsidiada por el gobierno federal, a menos que no hayan pasado dos años después de su puesta en libertad’.

Al planteársele que si la Ley 7 también ha aportado a este aumento de la población como otros han manifestado, Vargas Vidot señaló que todavía no existe una interrelación para poder llegar a esa conclusión.

Sin embargo, determinó que ‘lo que vemos es el efecto de la incertidumbre que produjo esa medida en las calles. La idea de que llegar a las calles para muchas personas podría ser una opción a largo plazo. Pero en realidad todavía es muy temprano para nosotros observar una manifestación directa de lo que es ese indicador teniendo influencia sobre el número de personas en las calles. Obviamente hemos visto personas en las calles que están ahí porque están desempleadas, pero no es la mayoría. Todavía las calles están repletas de personas que han empezado a su incursión hacía la calle de una forma mucho más insidiosa cargando algún elemento de salud mental, de uso de drogas, etc’.

Pese a esto, no descartó que en un futuro se pueda observar ese indicador. Aunque reconoce que el efecto de la Ley 7 es menor al comparar con las pérdidas de empleo en el sector privado.

Añadió que ‘considerando siempre que en Puerto Rico al tener un historial de gobierno paternalista, las personas todavía pensamos que el empleador más factible y más fácil es el gobierno. Esta idea de uno ponerse a trabajar en algún sitio aunque no está produciendo nada, sino sencillamente ganando un sueldo o algo’.

Ante esta percepción, expuso que ‘las personas que engrosan las filas del desempleo, que viene de perder su empleo del sector privado, no encontraron en el gobierno como un ente existencial, y se juntó el hambre con las ganas de comer’.

De otro lado, sostuvo que igualmente ha ocurrido un alza en las personas que utilizan drogas. A su juicio el problema de la adicción nunca se ha abordado correctamente en el país.

‘Esa confusión (entre enfermedad y criminalidad) que a veces la capitalizan los gobiernos, para poder quizás demostrar la capacidad de intervención de la policía arrestando a adictos. Esa dificultad que hay para distinguir entre un concepto u otro ha hecho estragos en la comunidad’, expresó.

Mientras esto ocurre evaluó que al tomar en consideración de que el 52% de los niños que ingresan a las escuelas elementales no culminan sus estudios, esos desertores escolares están en más riesgo de deambular o consumir alguna sustancia controlada para ‘enajenarse de la realidad de vivir en una sociedad tan competitiva’.

Más aún, el otro problema que hay es que no existen suficientes programas para atender a la población de adictos. Se estima que en la Isla hay alrededor de 60 mil inyectores, o sea, que su principal problema de adicción es la heroína intravenosa.

Vargas Vidot puntualizó que ‘ese número puede subir hasta 190 mil, si consideramos a las personas que tienen una adicción severa además de a la heroína al alcohol, a LSD, pastillas y otras drogas’. A pesar de esto el espacio de tratamiento para estas personas es de un 8%, que quiere decir que de cada 100 personas que buscan tratamientos sólo 8 lo consiguen.

Al igual que la población de personas sin hogar, los adictos presentan un nuevo perfil donde se observan individuos más jóvenes. En el caso de los adictos, ‘la población es una más pobre y deteriorada, las personas jóvenes parecen viejas’.

A su entender este cambio del perfil es como consecuencia del pobre acceso a los servicios de salud y a una incapacidad de que se modifiquen las dinámicas de sensibilidad de muchos profesionales de la salud para que faciliten los tratamientos e intervenciones primarias.

Puso de ejemplo que ‘una persona que va con un catarro o una bronquitis eventualmente va a llegar con una pulmonía o una tuberculosis porque en su fase inicial donde todavía estaba en una fase de prevención no lo quisieron atender’.

A raíz de esta deficiencias en los tratamientos, se puede ver muchas personas con alguna amputación, ya que es el remedio más rápido.

‘Hay muy poca intención de asumir tratamientos largos cuando se trata de un adicto porque el sistema no está preparado para considerar las necesidades particulares de una persona que está activa en drogas. Una persona que está en una emergencia junto a ella llega con la posibilidad de un síndrome de retirada. El adicto le huye a eso porque es muy temido y muchas veces en ese hospital no hay un acuerdo para suplirle metadona mientras esa persona está recibiendo el tratamiento médico. Así que la persona abandona el tratamiento y se deteriora’, detalló.

En esa línea añadió que muchas veces se estigmatiza al paciente porque se entiende que no se merece el tratamiento. Lo que catalogó como ‘un círculo vicioso negativo y horrible. A mi me parece que nos sitúa frente a la comunidad internacional como un país poco solidario con los que realmente lo necesitan’.

Responsabilizó a los programas educativos de las cuatro escuelas de medicina del país por esa falta de educación y de sensibilidad de los profesionales de la salud.

‘Las escuelas de medicina prefieren estar preparando a los estudiantes para que pasen exámenes, que para que enfrente la realidad epidemiológica del país. Así que es obvio que lo que nosotros le llamamos falta de sensibilidad sea una combinación de un modelo de la Reforma (Mi Salud) que no apoya el esfuerzo ético de un profesional de la salud, porque le va a costar más ese paciente’, dijo.

A su vez, las escuelas de medicina no fomentan dentro de sus currículos el que los estudiantes vean obligatoriamente los problemas de la adicción, la deambulancia y la violencia en las calles desde un enfoque salubrista.

‘Todavía los estudiantes de medicina ven el trabajar con estas poblaciones como una expresión indulgente de ocasión, de que me gusta porque me mejora un poquito la conciencia, pero en el fondo no me sirve para nada académicamente’, sentenció.

Al mismo tiempo el 75% de los estudiantes de medicina decide irse luego fuera de Puerto Rico para hacer una especialidad, pues la mayoría de las residencias han sido cerradas. Lamentó que ya a los estudiantes de medicina no se les requiera un año de servicio público.