Una cláusula muy común en los contratos de servicios profesionales gubernamentales es la causa de una querella en la Oficina de la Contralora contra el Monitor de la Policía, y ex juez del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Perez, así como contra el síndico de la Universidad de Puerto Rico, y asesor senatorial, Luis Berríos Amadeo.

La querella surge por la involucración de ambos en un pleito que se ha convertido en notorio por la cantidad de abogados de alto perfil político que se han metido para representar a una parte o a la otra.

Se trata del caso del caso por daños y perjuicios, nulidad de contrato y usura que mantiene el licenciado Ramón A. Cacho Pérez contra Robert Hatton Gotay por unos terrenos en el sur de la Isla. El caso ya produjo una sentencia de $12 millones a favor de Cacho, y una multa de $200,000 por usura contra Hatton. El pleito sigue vivo en el Tribunal de Apelaciones e, incluso obtuvo un pronunciamiento en contra de Hatton cuando Rivera estaba en el Supremo.

A pocos días de dejar el Tribunal Supremo el 31 de julio del 2010, Rivera se unió al grupo de abogados de Hatton que, además de defenderlo en este pleito, han iniciado demandas en contra de los peritos de Cacho. En ese grupo de Hatton están también el ex gobernador Carlos Romero Barceló y Berríos Amadeo. Por el lado de Cacho, el grupo de abogados incluye al ex gobernador Rafael Hernández Colón.

Pero de estos personajes, sólo Rivera y Berríos tienen contratos públicos como, respectivamente, monitor de la policía y asesor legislativo. Por esto Cacho le sometió querellas a ambos en la Contraloría el 14 de enero de 2011. La solicitud es de que se investiguen las contrataciones como un posible caso de corrupción, o por lo menos de conflicto de interés, y que se hagan los señalamientos debidos en las audiorías.

Cacho sostiene que la existencia de la multa, que todavía no ha sido pagada, convierte a Hatton en una persona que litiga contra el Gobierno, por lo cual cabría bajo la prohibición contractual que tienen Rivera y Berríos de no representar a aquellos que tengan intereses encontrados con los del Gobierno.