La grabación de una conversación entre el empresario de seguridad Juan Bravo Fernández y el ex senador Carlos Díaz, facturas entre la compañía de publicidad Diseño del Arte y la compañía Ranger American, testimonios de Bravo en pleitos civiles, y récords legislativos son parte de la evidencia que los fiscales de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal tienen en el caso contra Bravo y Martínez.

En diciembre y febrero, los fiscales sometieron mociones detallando la evidencia, pero no hablan del contenido de los documentos sino sólo desu descripción.

Resalta la reconstrucción de unmovimiento de facturas y pagos de 2004 entre la compañía Ranger American, propiedad de Bravo, y Diseño del Arte, una empresa que también hace negocios como DDA Group y que realizó el portal cibernético de la Federación de Alcaldes. David Santiago, propietario, no respondió llamadas de NotiCel.

Cheques de Ranger a la estación Esso de Miramar (que también están en el caso contra el ex senador Jorge de Castro Font) son parte del caso contra Martínez y Bravo, así como cartas, el calendario, y estados de la cuenta de tarjeta de crédito del mencionado De Castro Font, quien también se espera comparezca como testigo.

Los donativos de Bravo al alcalde de San Juan Jorge Santini, al ex gobernador Pedro Rosselló, al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y al Partido Popular Democrático también son parte del expediente.

Las grabaciones de las conferencias de prensa y entrevistas radiales que Martínez realizó el 10 de noviembre de 2009, el 19 de febrero de 2010, y el 5 de abril de 2010, podrían escucharse en sala como parte de la prueba del gobierno.

Documentos relativos a la contratación de José Velázquez y Víctor Rivera en la oficina de Martínez, y el historial legislativo de los proyectos del Senado 410 y 471, ambos presentados por Martínez, también figuran.

El 410 pretendía crear el Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales. La base comercial de la compañía de Bravo, Ranger, son los servicios de seguridad en centros comerciales.

La Legislatura lo aprobó pero Acevedo Vilá le dió un veto de bolsillo. El 471 buscaba crear la Ley de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico.