El contratista Aaron Vick tendrá que venir a la isla a enfrentar cargos para entonces levantar cualquier queja que tenga sobre la fianza.

El contratista Aaaron Vick, coacusado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) como resultado de la escandalosa transacción de pruebas covid-19 durante la gobernación de Wanda Vázquez Garced, se quedó sin la protección federal que estaba pidiendo para impugnar la fianza antes de comparecer a los tribunales de Puerto Rico.

Cinco meses después de que la OPFEI presentara cargos contra Vick y el licenciado Juan Maldonado de Jesús, el contratista todavía no ha viajado de Virginia, donde reside, a Puerto Rico para someterse al proceso de arresto y procesamiento inicial. Ya un tribunal encontró causa para su arresto e impuso fianza de $200,000 en ausencia.

Vick había acudido al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con argumentos de que la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) lo estaba sometiendo a un proceso supuestamente inconstitucional porque le habían adelantado que no podrían recomendar fianza diferida porque reside en Virginia y la oficina no tiene oficinas en esa jurisdicción para supervisarlo.

Pero el juez federal Daniel Domínguez no dio paso a los argumentos y desestimó la petición de interdicto el 8 de abril, por lo que Vick ahora tiene que decidir entre permanecer en Virginia y exponerse a un arresto con extradición o viajar para someterse a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia.

«Permitirle a los imputados de delito comunicarse con OSAJ para evaluar recomendaciones potenciales de fianza diferida sin estar presente físicamente en el tribunal, podría establecer el precedente peligroso de que cualquier imputado pueda coordinar servicios con antelación a juicio sin entregarse con las autoridades estatales. Después de todo, la fianza precisamente se impone para garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del procesamiento criminal», observó el juez sobre las implicaciones de acceder a la solicitud de Vick.

«La incomparecencia de Vick ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico está claramente en desacuerdo con la intención por la que se impone fianza, para empezar. Generalmente, el propósito de la fianza antes de la condena es para garantizar la comparecencia del imputado en los procesos. Sin embargo, Vick insiste en beneficiarse de la fianza diferida sin ni siquiera entregarse», añadió el juez.

«Pueden estar seguros, este asunto se simplificaría si Vick hubiera comparecido ante el tribunal estatal y se hubiera sometido a la evaluación de OSAJ lo que, a su vez, hubiera resultado en una recomendación sobre sus condiciones de libertad con antelación a juicio. Por tanto, el tribunal anima fuertemente al demandante a que pase por el proceso aplicable ante el tribunal estatal, como lo mandata la ley», concluyó.

Vick enfrenta fianza de $200,000 por cargos de tentativa de fraude, falsificación ideológica, traspaso de documento falsificado e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales por la trama en la que, junto a Maldonado de Jesús, se enfrascó en un trámite que duró par de días para venderle pruebas de covid-19 al gobierno de Puerto Rico por $38 millones que vendrían de un suplidor australiano que nunca tuvo la capacidad para producirlas. La transacción se desmoronó cuando Oriental Bank levantó bandera por el primer pago de $19 millones. Vick prestó su firma a Maldonado de Jesús para ponerla en documentos requeridos por el gobierno.

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