Tegucigalpa – Dos de los más de 350 presos que murieron en un incendio en la Granja Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, fueron enterrados hoy por sus familiares, mientras siguen llegando más forenses extranjeros para ayudar en las labores de identificación de los cadáveres.

La identificación, tarea que ya se ha concluido con una veintena de cuerpos, de los que quince fueron entregados a sus familiares, continúa en las salas de Medicina Forense del Ministerio Público, en cuyos predios esperan centenares de familiares, muchos de ellos llorando y portando en sus manos fotos de sus parientes.

Uno de los sepultados en el cementerio Tierra Santa, en Tegucigalpa, en un ataúd donado por el Gobierno que preside Porfirio Lobo, fue Marvin Javier Castro, quien llevaba un año y medio en prisión ‘acusado de portación ilegal de armas’, dijo a Efe un hermano suyo que no quiso identificarse.

Agregó que su madre, Dilcia Isabel Castro, y ‘toda la familia’, están ‘destrozados’ por la tragedia de la granja penal.

Dilcia Isabel lloraba desconsolada en el sepelio de su hijo, acompañada de su nuera y del nieto, de unos siete años, que le deja Marvin Javier.

Poco antes del sepelio de Marvin Javier, una fuente médica informó que uno de los 20 reos que resultaron heridos, Nery Gómez, murió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa a causa de las quemaduras, con lo que la cifra de fallecidos aumentó a 356.

De los cadáveres identificados, el segundo que fue sepultado hoy por sus familiares en la capital hondureña fue el de Marcos Vinicio Suazo.

El Ministerio Público ha registrado hasta hoy 355 reos muertos y una mujer que había llegado a visitar a un pariente.

Mientras, muchos familiares esperan angustiados que les llamen por un alto parlante para entregarles el cadáver de sus parientes, otros buscan información en la Granja Penal, 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde hoy debe llegar un equipo de expertos de Estados Unidos para ayudar a investigar las causas de la tragedia.

Los trabajos de identificación de los cadáveres están a cargo de forenses hondureños, quienes desde el jueves comenzaron a recibir apoyo de colegas chilenos, mexicanos y salvadoreños, mientras también se esperaba para hoy la llegada de equipos de guatemaltecos y peruanos, informó a Efe una fuente del Ministerio Público.

Cuando ocurrió el siniestro, hacia la medianoche del pasado martes, las autoridades del centro penal tenían registradas 852 personas en el interior de la granja, que después de haber sido un modelo porque los reos cultivaban sus propios alimentos y operaban talleres de manualidades, se convirtió en una trampa mortal.

El centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), que dirige el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Juan Almendáres, lamentó hoy la tragedia de ese penal y se preguntó cuántos prisioneros tendrán que morir para que se le preste atención a las cárceles.

‘Lo ocurrido en la Granja Penal es producto de la negligencia histórica del Estado, el abandono en que permanecen los privados de libertad de los diferentes centros penales del país y una muestra del desprecio por la vida en una sociedad inmersa en un clima de violencia’, indicó el CPTRT en un comunicado.

Agregó que hay que preguntarse si esto ha ocurrido en la Granja Penal de Comayagua, considerada una de las mejores cárceles del país, ‘cuál será la situación de las demás cárceles de Honduras’.

El organismo privado señaló que por testimonios y denuncias que ha recibido, en el incendio ‘hubo negligencia a la hora de responder al momento de la tragedia’ y que ‘los prisioneros murieron sin poder salir de sus celdas’, como en efecto ocurrió con la mayoría.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, más una recién inaugurada, de máxima seguridad y única de su tipo en el país, está colapsado desde hace varios años, pero el tema solamente se retoma cuando ocurren grandes tragedias, como las ocurridas en 2003 y en 2004, que juntas dejaron 176 muertos.