La organización señaló a la mayoría de los integrantes designados por la gobernadora electa como responsables del desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y alegó, a su vez, que el grupo busca “justificar” los contratos de LUMA Energy y Genera PR.

El grupo comunitario Queremos Luz se reunió este jueves frente al Capitolio para repudiar al Comité de Trabajo para la Transformación Energética designado por la gobernadora electa, Jenniffer González, y exigir que se regrese el servicio eléctrico al sector público como la mejor medida para frenar la malversación de fondos operacionales que, entre LUMA Energy y Genera PR, “sobrepasan los $1,800 millones”.

En conferencia de prensa, varios portavoces de la organización sostuvieron que el comité es uno consultivo, sin poderes reales y que fue creado para “justificar” la permanencia de ambas privatizadoras. Además, señalaron a la mayoría de los integrantes como responsables del “desmantelamiento” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que agravó la quiebra del gobierno.

“En este momento, hay una guerra entre sectores poderosos económicamente, en Estados Unidos y Puerto Rico, de quién se lleva el botín, de quién se lleva el botín de la AEE. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) responde a uno de esos sectores, el de los bonistas, y fue quien impuso la privatización, y el gobierno colonial le siguió el juego”, expresó Rafael Feliciano Hernández, de Queremos Luz.

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El grupo se refirió a un análisis realizado por una comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) que concluyó, hace más de un mes, que los contratos de ambas operadoras contenían irregularidades que podrían respaldar una anulación de sus cláusulas.

Por otro lado, figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) han hecho eco de las advertencias de González Colón sobre hacer los contratos nulos, aunque la electa mandataria ha reafirmado su oposición a la permanencia de LUMA y Genera.

No obstante, Feliciano Hernández expuso que el comité de trabajo designado hace ya cuatro días buscará “enriquecer” a una exclusividad de empresarios vinculados, según dijo, a las altas esferas del PNP.

“A pesar de siete aumentos y de dos adicionales que pretenden imponer en las próximas semanas, los ingresos de la AEE no cubren la operación privatizada. Al presente, la Autoridad tiene un déficit que supera los $550 millones”, subrayó la organización en declaraciones escritas que definieron el marco de la deuda como “una quiebra dentro de la quiebra”.

“Para cambiar el rumbo, proteger el país y darnos a respetar, es importante que los consumidores residenciales y comerciales sigamos uniéndonos a la campaña ‘Relevo de Pago a LUMA’, mediante el pago intermitente de la factura de luz. Esa presión económica es lenguaje que entiende la Junta, la gobernadora electa y aquellos que pretenden enriquecerse a costa del empobrecimiento del pueblo trabajador”, agregó.

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En respuesta, el grupo ciudadano propuso iniciar una transición que devuelva todas las operaciones energéticas a la corporación pública, “despolitizar” y “democratizar” la Junta de Gobierno de la AEE y el Negociado de Energía, establecer una ley que prohíba actividades políticas nocivas en la Autoridad.

Igualmente, se sugirió traer de vuelta a exempleados de la AEE y mitigar su sistema de pensiones, y continuar con el pago del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) conforme al mínimo legal establecido.

“Ellos quieren insistir en traer otro privatizador. Eso encarecería más el servicio, porque habría que adiestrar a esa compañía y habría que pedir más dinero por la crisis de la Autoridad. Nosotros tenemos personal adiestrado, y el mismo gobierno los adiestró. Sí, es posible si hay voluntad”, finalizó Feliciano Hernández.

La organización aclaró que, por el momento, no espera realizar más expresiones pues confía que el llamado a la acción llegará hacia González Colón y el comité designado.