La ley para registrar las compras de celulares prepagados con la que la Administración Fortuño pretendía controlar el uso de esos aparatos para cometer delitos desde las cárceles chocó con una pared federal.

El magistrado Bruce McGiverin recomendó al juez Francisco Besosa que conceda un interdicto que solicitó el grupo de la industria de celulares, CTIA The Wireless Association, para evitar la aplicación de la Ley 280 de diciembre de 2011.

El estatuto dictaba la creación de un registro en el que se consignarían las ventas de los aparatos celulares prepagados, imponía unos requisitos a la hora de venderlos y facultaba a la aplicación de multas para los proveedores que no la cumplieran.

El magistrado McGiverin encontró que dicha ley choca con disposiciones de la ley federal Stored Communications Act, por lo que concedió el interdicto que solicitó CTIA.

‘El Tribunal debe impedir la aplicación de la Ley del Registro ‘in toto’ (completamente), dejando así a la Legislatura de Puerto Rico a encontrar una vía distinta para el propósito loable de evitar el flujo de teléfonos de contrabando en las prisiones’, concluyó el magistrado.