El funcionario espera que el comité creado para abordar esta situación logre presentar propuestas que no impacten negativamente los servicios esenciales municipales.

El comisionado residente, Pablo José Hernández, catalogó como un reflejo de la “desorganización del gobierno de Puerto Rico”, el reciente veto de la gobernadora, Jenniffer González Colón, al impuesto sobre el inventario. 

“Cuando tú haces un compromiso programático y la Legislatura y la gobernación no se pueden poner de acuerdo sobre el alcance de este compromiso, es un reflejo de serios problemas ahí”, apuntó.

Si bien Hernández considera que fue un paso “acertado”, a favor de reducir las contribuciones, advierte que tras la congelación del impuesto será fundamental explicar cómo se compensará la pérdida de recaudación, asegurando que los recortes no afecten los servicios esenciales de los municipios.

“Lo que pasa es que cada vez que se vayan a reducir las contribuciones tienes que identificar de dónde va a salir el dinero. Si van a hacer recortes o si van a aumentar contribuciones por otro lado. Ese proceso no se siguió aquí”, explicó.

El funcionario espera que el comité creado para abordar esta situación logre presentar propuestas que no impacten negativamente los servicios esenciales municipales, aunque reconoce que algunos municipios podrían verse obligados a realizar ajustes significativos.

Eliminar un impuesto de esta magnitud sin afectar los ingresos gubernamentales, no es imposible. Ante esto, es necesario implementar otro impuesto que compense dichos ingresos o realizar recortes que reduzcan la necesidad de estos recursos.

Una posible solución sería fomentar la colaboración y la prestación conjunta de servicios entre los municipios. Sin embargo, Hernández no ve viable la consolidación de municipios como alternativa política, pues requeriría un referéndum, tal y como ocurrió con la unión de San Juan y Río Piedras en los años 50. 

“Llevar eso a votación no va a rendir el resultado que creen quienes están a favor de consolidar el municipio”, afirmó.

A preguntas de la prensa sobre el papel de la empresa privada en la controversia, Hernández indicó que les corresponde informar cómo la reducción del impuesto al inventario podría traducirse en un ahorro para el consumidor, y no simplemente en un beneficio adicional para las empresas. 

“Es una preocupación que existe. Entonces ahí derrotaría parte del propósito que hay detrás de la eliminación de impuesto, que es bajarle el costo de vida a los puertorriqueños. Y esa data tiene que figurar en el análisis”.

Las expresiones de Hernández se dieron a su llegada a la Convención Anual de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

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