Mientras la ONU advierte que socavaría la justicia internacional.

El gobierno de Estados Unidos evalúa imponer esta misma semana sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en represalia por las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.

La medida, que representaría una escalada sin precedentes, busca incluir al tribunal en su conjunto en la lista de sancionados, lo que para algunos significaría poner en riesgo su funcionamiento.

Fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales confirmaron que la administración estadounidense discute “sanciones de entidad” que afectarían desde el acceso a servicios bancarios y de software hasta el pago regular de salarios al personal de la corte, con sede en La Haya. De hecho, los trabajadores recibieron sus sueldos de forma adelantada para el resto del año como medida de contingencia, mientras el tribunal busca proveedores alternativos.

El Departamento de Estado ya había sancionado a fiscales y jueces de la CPI en meses recientes, pero ahora amplía la presión tras la emisión en 2024 de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. En paralelo, también fueron sancionados cuatro nuevos funcionarios de la corte.

Un portavoz del Departamento de Estado justificó la ofensiva alegando que la CPI pretende ejercer una “jurisdicción supuesta” sobre personal estadounidense e israelí. “El tribunal aún tiene la oportunidad de cambiar de rumbo mediante reformas estructurales. Mientras siga siendo una amenaza para nuestros intereses nacionales, tomaremos pasos adicionales para proteger a nuestros militares y aliados”, señaló.

La respuesta internacional no se hizo esperar. El vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, criticó abiertamente la decisión estadounidense, asegurando que representa “un grave obstáculo para el trabajo de la Fiscalía y para el respeto de todas las causas que lleva el tribunal”. Recordó que la independencia judicial es “un principio básico que debe ser respetado” y advirtió que este tipo de medidas “socavan los cimientos de la justicia internacional”.

El pulso entre Washington y la CPI añade tensión al escenario diplomático en torno al conflicto en Gaza, donde el tribunal ha señalado tanto a dirigentes israelíes como a líderes del grupo militante Hamás por posibles crímenes de guerra.