Una agencia del Departamento de Agricultura federal intervino por primera vez en Puerto Rico, ante la falta de una política pública local que reglamente el comercio justo entre ganaderos y los mataderos, proveedores principales de la carne de res que se consume en los comedores escolares.

Investigadores de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) visitaron la Isla en marzo y cambiaron las reglas de juego para una industria que vende alrededor de 2.5 millones de libras de carne de res cada año a los comedores escolares, lo que representa aproximadamente unos $9 millones anuales, según el Departamento de Agricultura local.

Los federales ordenaron a los tres mataderos del país que cumplan estrictamente con los reglamentos y, como dice el reglamento, paguen en 48 horas o menos por la res que compran a los 500 productores, que cesen de descontar un 3% automático al precio de este producto, y que las balanzas que usan para pesar los animales sean certificadas y emitan recibos del peso.

El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, confirmó la investigación y sostuvo que la agencia federal no aplicó sanciones contra las empresas de mataderos, que a su vez procesan la carne para la venta. Se trata de una intervención estrictamente de índole comercial; el Departamento de Salud, y los departamentos de agricultura federal y local sí vigilan que el producto mantenga altos niveles de calidad. No existen inspectores locales para las transacciones comerciales porque no lo ordena ninguna ley, según Rivera Aquino.

El sector ganadero está representado en gran parte en el Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res, una organización cuasi gubernamental, compuesta por distintos sectores que trabajan por el desarrollo de la ganadería de carne. En el Fondo hay un representante de los mataderos y un representante del gobierno. Los ganaderos habían acudido a la agencia federal con las denuncias porque entendían que violentaban la ley federal Packers and Stockyards Act, que protege el comercio justo de los mercados de ese producto agrícola.

Su petición ante las autoridades federales ocurre en momentos en que advierten sobre la posible desaparición de la carne local por causa de problemas como el trato que reciben de los mataderos y la falta de apoyo gubernamental, según el director ejecutivo del Fondo, Rafael Rosado. En el último año han producido unos 37,000 animales, lo que representa un 10% del consumo total de la carne de res local (en el 1950 aquí se producía el 74%). Un 40% de la producción actual se sirve en los comedores escolares y el resto se vende en los supermercados. El contexto adverso que viven los productores, según Rosado, empeora la seguridad alimentaria de Puerto Rico, que sólo produce un 15% de los alimentos que se consumen en la Isla.

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