La comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales evalúa un proyecto que persigue exigir a los establecimientos de comida preparada que reciclen, mientras los afectados consideran que el esfuerzo es innecesario porque ya existe una abarcadora ley para la reducción y el reciclaje de los desperdicios sólidos a nivel local y que aplica a todos las sectores.

Para Ignacio Veloz, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD) la medida es repetitiva ya que la Ley 70, que data desde el 1992, actualmente incluye a todos los comercios y las agencias gubernamentales.

‘Primero es oneroso y segundo solamente segrega a un sector comercial y no debe ser así. Existe una ley, la ley 70, que aplica a todos los comercios la segregación de los productos y se lo impone a los municipios’, sostuvo sobre el estatuto que ha sido enmendado en más de tres ocasiones con el fin de desarrollar estrategias económicamente viables que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos.

Veloz denunció que es injusto tratar de establecer una ley de separación de desechos reciclables y orgánicos en los establecimientos de comida preparada cuando el mismo gobierno ha sido incapaz de cumplir con el estatuto existente.

‘No se está cumpliendo a nivel municipal. Es injusto que el gobierno le quiera imponer esto a los establecimientos y solo a las cafeterías. Nosotros creemos en el reciclaje y que hay que aportar, pero es a un costo bien alto para los comerciantes. No puede ser a la discreción del gobierno que le imponga el gasto al comerciante para que ellos asuman la responsabilidad del reciclaje’, indicó.

Además, Veloz recordó que sobre los municipios y el gobierno recae mayor responsabilidad porque para ellos ‘hay incentivos federales para trabajar por el reciclaje’, mientras que para el sector privado no los hay. No obstante, Veloz apuntó que la escasez de compañías para reciclar desechos específicos como comida o aceite, entre otros, deja en evidencia la mínima gestión gubernamental.

‘Los que tienen que implementar la ley y ponerla en función son los municipios que no lo están haciendo, excepto Guaynabo’, argumentó.

Aunque el proyecto 2193 de la senadora Luz M. Santiado González señala que ‘la implantación de esta medida no representara un gasto adicional para la empresa de expendio de comida’, Veloz aseguró que no será así.

‘Seguro que sí tienen que incurrir en gastos. Los costos de la implementación, los contenedores y los envases especiales. Todo eso es muy costoso’, detalló. Además apenas hay una compañía que entrega los envases de reciclaje y no da abasto, según indicó Veloz.

En su ponencia, el CUD apunta a que el enfoque de estas medidas debe estar dirigido más bien ‘hacia el cumplimiento y fiscalización adecuada de los estatutos vigentes’. También recomendó programas de orientación que enfaticen en la importancia de reciclar.

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