De acuerdo a Mario Bosque, uno de los portavoces de la Coalición Playas Pa’l Pueblo, el pasado 11 de julio el juez Ismael Colón validó el contrato de arrendamiento entre la Compañía de Parques Nacionales y la empresa CH-HR Properties para la construcción de un condo-hotel y la expansión del estacionamiento del hotel Marriott en Isla Verde que impactara la zona marítimo terrestre.

El grupo denuncia que de viabilizarse el proyecto se estaría poniendo en riesgo la vida marina en la zona. Además se estaría prohibiendo a los ciudadanos el uso y disfrute de estas playas públicas.

Ante esta situación presentaron el pasado viernes un recurso en el Tribunal de Apelaciones para apelar la decisión del juez Colón. La demanda de apelación fue avalada por el Comité de Vecinos de Isla Verde.

En la sentencia de Colón reza que ‘no existe solicitud de permiso pendiente para el desarrollo o construcción de proyecto alguno. Ni existe daño irreparable por las posibles obras de urbanización y construcción que en un momento dado habían sido aprobados por los organismos administrativos’.

De igual forma, el magistrado puntualizó que el Comité no tenía legitimación para impugnar el contrato de arrendamiento de unas cinco cuerdas de terreno, porque ‘no existe un daño claro e inmediato, sino más bien, abstracto e hipotético’. El contrato de arrendamiento podría estar vigente por 99 años.

Por su parte, la Coalición expuso que no van a esperar a que se destruya la zona marítimo terrestre y que se efectúe una apropiación de los terrenos que son de dominio público, para tramitar la demanda.

De hecho, Bosque resaltó que la determinación de Colón es contradictoria a la del juez José Loubriel Vázquez, quién encontró que el contrato era ilegal y nulo desde el principio. Igualmente, afirmó a NotiCel que tras la sentencia de Vázquez los demandados intentaron sin éxito que el Tribunal Federal desestimara la determinación del magistrado.

El grupo con el apoyo de otras entidades no descartaron el llegar a la desobediencia civil para hacer valer sus reclamos. Por lo pronto, se están amparando al recurso legal presentado en el Tribunal. Sobre este, Bosque precisó a este medio que confían que ‘la sentencia del juez Colón no va a prevalecer, porque está errada en derechos’. Las organizaciones están siendo representadas por la Clínica de Asistencia Legal de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

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