Varias organizaciones de mujeres declararon hoy un estado de ‘emergencia nacional’ ante la ola de violencia doméstica que arropa la Isla, donde 19 mujeres han muerto este año a causa del maltrato conyugal.

Para el grupo, la grave situación de violencia doméstica que se vive en Puerto Rico es resultado de una serie de situaciones gubernamentales que se vienen arrastrando por años. Entre ellas mencionaron la falta de educación y la ausencia de coordinación entre las agencias de gobierno que ofrecen servicios a las víctimas.

Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, explicó a NotiCel que, además, el problema de la reducción de presupuesto y la demora de entre 5 a 6 meses en el desembolso de las asignaciones de fondos, sigue siendo el obstáculo principal para los pocos albergues que existen para las víctimas.

Rivera dijo que, por ejemplo, hay un albergue en Guayama que al día de hoy ha paralizado el servicio al no contar con los fondos adjudicados. Esta situación se complica porque existe un límite de tiempo para que la mujer agredida permanezca en los albergues, y al no contar hoy con suficientes proyectos de vivienda de interés social, la víctima sigue en un círculo vicioso donde muchas veces, por desesperación, vuelve con su agresor.

‘No se puede seguir improvisando con la vida y la seguridad de las mujeres’, sostuvo por su parte la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres, Amárilis Pagán. Al mismo tiempo destacó la gestión realizada por la doctora María Dolores Fernós, cuando dirigía la oficina de la Procuraduría de la Mujer.

Las organizaciones explicaron que comparado con el año pasado, ha ocurrido un incremento en asesinatos de mujeres y aunque hasta la fecha este año se han podido confirmar 19 casos como de violencia doméstica, hay todavía dos casos sin determinar.

Pagán dijo que ‘no pedimos legislación sino acción’, y planteó como un efecto adverso que el Gobierno no coordine alianzas con las organizaciones femeninas que por años han trabajado estos casos.

También Pagán concordó que los discursos que elaboran tanto algunos líderes del gobierno como del sector fundamentalista, o la minimización de la problemática, incitan a una percepción de que ‘van a quedar impune’ las acciones de los agresores, lo que conlleva que se desaten más episodios de violencia.

Pagán señaló además como nefasta la ‘promoción estereotipada de la mujer en el papel de sumisión y fragilidad’, e indicó como perjudicial la reciente decisión del Tribunal Supremo de no cobijar a las víctimas de violencia doméstica que no estén casadas y el agresor sea su compañero. Aunque hubo un intento por enmendar la Ley 54 para incluir a todas las mujeres, casadas o no, la medida no pasó en la Legislatura.

El grupo se reafirmó en que las bases para trabajar con esta situación de la violencia doméstica es una combinación entre educación, prevención y crear conciencia de asuntos de género desde edad temprana.

Ante preguntas de NotiCel, las representantes de las organizaciones aceptaron que la Ley 7 dejó casi inoperante a la oficina de la Procuraduría, donde de 65 empleados solo quedan 30, lo que ha tenido sus efectos negativos a la hora de otorgar servicios a las víctimas o prevenir los casos.

Reafirmaron que las fallas en el sistema hacen poco efectivas las ordenes de protección expedidas o que se le otorguen a las personas que la solicitan, aunque reconocen que muchas veces la misma persona que denuncia no hace valer luego la orden de protección.

Pese a que indicaron que en los tribunales muchas veces falta sensibilidad en el juez al tratar estos casos, exponiendo a la mujer a una doble victimización, también aseguraron lo efectiva que ha sido la creación de las Salas Especializadas en casos de Violencia Doméstica.