Mientras la opinión pública se concentra en la crisis fiscal, en la Legislatura por petición del Ejecutivo se cuaja la destrucción del sistema que combate la corrupción y el crimen organizado. Decapitar al Negociado de Investigaciones Especiales y a la Oficina de la Interpol viene con el evidente propósito de amapuchar la corrupción, justo cuando la credibilidad del país está en juego a nivel internacional.

La eliminación del esta dependencia de Justicia responde a tres razones principales: 1) Una revancha político partidista contra agentes identificados con el Partido Nuevo Progresista; 2) La intención de querer proteger personas de alto perfil y esto incluye a políticos, comerciantes e incluso personas de conexiones y poder; y 3) Beneficiar a policías y a otros empleados que interesan que desaparezca toda la evidencia recopilada por agentes del NIE para que se le haga más difícil pasar esas pesquisas a las agencias federales. Sin embargo, según se constató, el FBI ya tiene algunos expedientes.

Además de esas razones, la eliminación de esta agencia demuestra que el gobierno está cediendo el control de la justicia al gobierno federal porque los casos más sofisticados de crimen organizado y corrupción ya no los atenderá el NIE y mucho menos la Policía.

Aunque la prensa ha cubierto el tema de manera liviana, levantan sospechas las razones para no profundizar en las implicaciones de este asunto. Un ejemplo de la falta de cobertura es que esa agencia está prácticamente descabezada. La sigilosa salida de la ex directora, la ex fiscal Brenda León no ha trascendido públicamente. León dejó el puesto luego de sus vacaciones y el pasado 15 de julio se nombró como Director Interino hasta que se decida el futuro de la agencia al fiscal José Sagardía. Esta información no se ha difundido a la prensa, aunque sí se emitieron cartas en Justicia.

El negociado se creó en el 1978 por recomendación de las autoridades federales para tener un cuerpo de investigadores distinto a la Policía que pudiera incluso fiscalizar a los agentes. Pero con el tiempo le fueron cortado poderes y recursos, incluso aquellos fondos que provenían dinero recuperado en las investigaciones que hacían junto a agencias federales como el FBI, ICE, DEA y otras.

Las funciones del NIE abarcan investigaciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de seguridad pública en contra del crimen organizado, la violación de los derechos civiles y los casos de corrupción en el gobierno. De casi 500 agentes con los que comenzó a operar, ahora sólo tienen 156.

Vamos a los hechos

La eliminación del NIE comenzó por un proyecto del senador Miguel Pereira, quien alegó que pasar la agencia a la Policía generaría entre $2 y $3 millones en economías aunque nunca pudo probarlo. La medida fue aprobada en el Senado pero está pendiente en la Cámara de Representantes.

Algunos alegan que la orden de eliminar la agencia viene por revanchismo desde La Fortaleza. El NIE había investigado al hermano del Gobernador y el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Antonio García Padilla, por una querella radicada por unos legisladores del PNP alegando que cometió actos de corrupción por gastos extravagantes en bebidas y fiestas. Esos líderes del PNP desarrollaron una campaña de descrédito contra el presidente y esto aceleró su renuncia al cargo. Sin embargo, la investigación del NIE exoneró a García Padilla a nivel criminal y arrojó que fue el presidente que más dinero logró conseguir para el Fondo Dotal de la UPR.

Así las cosas, la presión para eliminar al NIE viene del Ejecutivo. Tanto el secretario de Justicia, César Miranda, como el superintendente José Caldero, favorecen la eliminación, aun cuando esto representa pérdida de personal y fondos para Justicia, y una mayor carga para la Policía. Pero más que ellos, hay otras personas detrás del interés por decapitar al NIE.

Según se ha sabe, una de las artífices para esto es la ayudante especial de Miranda, Mayra Huergo. La funcionara había trabajado en Justicia bajo la exsecretaria y hoy Jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, y siempre intentó quitarle poderes al NIE ya que carecía de experiencia en investigaciones de naturaleza criminal. En el 2012, con el cambio de administración, regresó a Justicia y desde su llegada determinó eliminar el NIE porque muchos de sus agentes fueron nombrados por la administración anterior de Luis Fortuño. Huergo tiene aspiraciones a convertirse en jueza y su nombramiento está pendiente.

El miedo al NIE

Los que favorecen eliminar el NIE no han podido aplacar los temores que persisten al interior de esa dependencia de que el traspaso al Cuartel General sea el detonante de una serie de actos criminales e incluso, masacres, por toda la isla.

El traspaso conlleva la entrega a la Policía de Puerto Rico miles de expedientes de investigaciones pasadas y en curso. Esos expedientes contienen los nombres, direcciones y teléfonos, además de lugares de trabajo de investigados, víctimas, testigos y agentes investigadores. Entre los investigados están altos oficiales de policía y funcionarios de gobierno. También hay presos y narcotraficantes.

Si esos expedientes caen en manos del Cuartel General, podrían caer en manos de elementos del bajo mundo. Esto podría provocar que se sepa qué criminales dan información a cambio de inmunidad o de rebaja de sentencias, y quiénes lo han hecho en el pasado. Alguien que esté preso se podría enterar qué agente lo delató o quiénes fueron los investigadores del caso con sus direcciones, teléfonos y demás datos.

Si esos casos caen en manos de la Policía, habrá igual imparcialidad? Y si un alto oficial en la Policía descubre que en el NIE lo estaban investigando, habrá seguridad para esos investigadores? Para los testigos? Y quién garantiza la seguridad de las víctimas en estos casos? Pereira? El Superintendente? Cuál representante a la Cámara se responsabilizará por la seguridad de las víctimas?

En el caso de la Interpol, la preocupación mayor es la falta de acceso a expedientes sobre secuestradores y otros criminales que se mueven entre distintos países. Además se sabe que en el NIE y en la Interpol hay varias investigaciones en curso sobre casos de trata humana que vinculan a figuras conocidas. Qué impacto tendrá el mover esos agentes a la Policía? Se detendrán las pesquisas?

Por otra parte, aprobó el Monitor Federal el traslado del NIE a una agencia que está bajo una reforma? Cuántas leyes habrá que enmendar para que esto entre en vigor?

Sin lugar a dudas son muchas las preguntas sin responder y persiste el temor de que este cambio sea un triunfo para el crimen organizado y para los funcionarios corruptos. La eliminación de esta dependencia se da como parte de un esquema orquestado para ir derribando las entidades investigativas y va de la mano de eliminarle fondos a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental, lo que priva al país de rastrear las huellas de los corruptos y traqueteros.

En momentos en que los crímenes de cuello blanco y corrupción pública siguen vigentes, y precisamente cuando se sabe que las violaciones a los derechos civiles han aumentado al punto de necesitar un monitor federal, no se justifica debilitar más el sistema. Cuál es la verdadera razón?

*La autora es relacionista profesional y mantiene el blogEn Blanco y Negro con Sandra.