La decisión dividida provocó ataques partidistas entre los miembros del alto foro judicial y quedaron plasmadas por escrito para la historia.

La mayoría absoluta de 6 a 3 que domina el Tribunal Supremo decidió ayer que el Escrutinio General proseguirá de inmediato con la obligación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de cumplir la solicitud de acceso a listas de votos añadidos a mano que había ordenado una jueza superior, aunque con algunas modificaciones de logística.

Las listas, que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) solicitó mediante demanda, permiten verificar si una persona que votó adelantado o ausente, también lo hizo el día de las elecciones, lo cual sería ilegal. Originalmente, MVC las solicitaba de antemano y con mayor flexibilidad de uso. El Supremo, modificando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, las hizo disponible solo maletín por maletín y con restricciones para no atrasar el Escrutinio General.

Esa es la parte que tiene consecuencia real para los comisionados electorales y la CEE, así como para el pueblo de Puerto Rico que necesita, y merece, una conclusión del proceso electoral de la manera más transparente posible. Ese proceso va a ocurrir ahora con 11 reglas que puso el Supremo y bajo amenaza suprema de desacato y referido criminal a los funcionarios que no sean “proactivos”, creando un escenario que favorece al partido que mejor organizado tenga su cuerpo de voluntarios electorales y que, hasta hoy, ha demostrado ser el PNP.

Sin embargo, hay una parte de la decisión del Tribunal Supremo ayer que, aunque no tiene consecuencia real para lo que va a suceder en el Escrutinio General, está ahí a la vista de todo el mundo para proveer una ventana a la mentalidad y las dinámicas internas del máximo foro judicial que tiene el Estado Libre Asociado.

No es la primera vez, y hay quien piense que no es el peor de los intercambios que han tenido, pero las opiniones disidentes y otras expresiones de los jueces en la decisión del pleito es un recordatorio estridente del nivel al que ha llegado la discusión en el Alto Foro y de algunas tendencias en la mayoría 6 a 3, que pronto tendrá niveles de aplanadora con un 7 a 2.

Dos líneas marcaron las recriminaciones de los jueces disidentes nombrados por gobernadores del Partido Popular Democrático (PPD) a la mayoría de seis jueces nombrada por gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP): la manera irregular e inédita en que asumieron jurisdicción en el caso y el aparente apego a los “caprichos” del Comisionado Electoral del PNP que tiene la opinión mayoritaria.

A las disidencias de los jueces Anabelle Rodríguez y Ángel Colón- el juez Rafael Martínez respondió, desde la fuerza de estar en la mayoría, con un enlace de YouTube al himno del PPD “Jalda Arriba” y señalando que ese era el “fundamento” de las disidencias porque “no es jurídico”.

Esa expresión encontró riposta en la disidencia de Rodríguez, quien ha sido némesis intelectual de Martínez Torres desde que éste llegó al foro. “En época eleccionaria, sobre todo, desciende una densa nube de pigmento azul añil y se asienta sobre este Tribunal, nublando el entendimiento y discernimiento de la mayoría”, dijo la jueza, quien este próximo 24 de diciembre alcanza sus 70 años de edad, por lo que tiene que retirarse, abriendo espacio a que la administración PNP saliente, o la entrante, nombren a un sucesor que eleve a siete la cantidad de jueces supremos estadistas.

De la mayoría, los jueces Mildred Pabón, Edgardo Rivera y Roberto Feliberti, se expresaron también en contra de los argumentos de la disidencia sobre la forma en que el Supremo acogió el recurso del Comisionado Electoral del PNP, aunque en términos que pasan por amables al lado de los de Martínez y Rodríguez. “[S]on ilusorias las expresiones de los compañeros que aluden a un atropellado curso de acción. Este Tribunal tiene la misma responsabilidad de actuar con el sentido de urgencia que le imparten nuestros jueces de instancia a controversias de esta naturaleza”, dijeron.

Por su parte, Erick Kolthoff, otro juez de mayoría, pareció dirigir su limitada expresión a los comisionados electorales, en vez de a sus compañeros jueces. “[U]n acuerdo requiere que la permanencia del conflicto no sea en realidad el propósito que se persigue, y que la buena fe realmente lo sea. Con relación a este asunto, esperamos no tener que volver a dictar sentencia”, consignó, un poco en causa perdida porque, si bien el escrutinio parece resuelto, otras controversias electorales siguen camino hacia el Supremo.

El juez Luis Estrella, el sexto de la mayoría, no hizo expresiones separadas.

Las disidencias expusieron datos del funcionamiento del tribunal que consignan el trámite irregular que tuvo este caso, sin que la mayoría los abordara más allá de las declaraciones limitadas de Pabón, Rivera y Feliberti. Los tres jueces también hacen, en distinta medida, expresiones contra el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, quien es un juez de primera instancia que volverá al estrado tras su función en la CEE y quien ha dicho que interesa un ascenso al Tribunal de Apelaciones.

“NUNCA en mis dieciséis años en este Tribunal”, así con mayúsculas, aseguró Rodríguez sobre el hecho de que, cuando la mayoría acogió el viernes pasado el recurso del PNP para elevar el caso al Alto Foro dijo que los tres jueces en minoría no habían hecho expresiones cuando es falso porque, en efecto, tenían una posición al respecto, la cual era que el recurso no estaba presentado correctamente de acuerdo a las reglas del tribunal por lo que el tribunal no tenía nada que decidir.

Rodríguez añadió que las irregularidades con el voto adelantado y ausente fueron por diseño, ya que eran circunstancias previstas por el PNP al conformar el nuevo Código Electoral aprobado este verano y que la lista de reglas que emitió la mayoría no van a poder subsanarlo.

“Resulta evidente, entonces, que si bien el Código Electoral aprobado precipitadamente fue diseñado para favorecer y garantizar determinados resultados electorales, ese diseño amañado que permite jugar con los dados cargados no ha podido ser administrado eficazmente por aquéllos que lo idearon, como lo han demostrado todas las controversias presentadas ante este Tribunal. Como se puede apreciar, las Opiniones emitidas por este Tribunal en materia electoral en estos pasados meses han tendido a favorecer las determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y las posturas del Comisionado Electoral del (PNP)”, argumentó al añadir que el presidente Donald Trump y su abogado, Rudy Giuliani, deben venir a Puerto Rico a encontrar todas las irregularidades que no encuentran en la votación presidencial en los estados.

“[R]echazo enérgicamente el tracto caótico y altamente irregular de este caso; máxime cuando nuestros propios reglamentos viabilizan atenderlo con la celeridad que exige el asunto, sin violentar nuestros propios reglamentos o darle un trato preferente a algunas partes [y] me distancio marcadamente de toda expresión del dictamen mayoritario que intime que un partido político no puede acudir a nuestros tribunales a exigir transparencia total y absoluta a los funcionarios gubernamentales responsables de viabilizar el ejercicio del derecho fundamental a votar”, dijo por su parte la jueza presidenta Maite Oronoz.

Al recordar que el viernes era un día feriado para la Rama Judicial y que se requiere que los escritos ante el Supremo sean presentados ante la secretaría de ese foro y no ante los tribunales de primera instancia, abonó que “[e]ste tribunal, nuevamente en un acto altamente irregular, en un mismo acto: certificó, consolidó y resolvió una certificación. Ni siquiera se les dio oportunidad a las partes. de refutar este escrito”. Subrayó que la mayoría ha creado una clase privilegiada de litigantes que pueden tener acceso al Alto Foro en cualquier momento y a cualquier hora mientras el resto tiene que esperar y seguir las reglas. “En nuestra carrera por tratar de salvar el desastre que ha sido la puesta en vigor de un Código Electoral aprobado a pocos meses del evento electoral, debimos haber sido firmes, juiciosos y mesurados en nuestro proceder, de manera que cualquier determinación que emitamos esté a la altura de lo que el Pueblo necesita y espera del más Alto Foro”, se lamentó.

El juez Colón incorporó de manera íntegra el informe de los observadores electorales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su disidencia y abrió la misma con un poema sin autor, aparentemente de su propia inspiración, que plantea la posibilidad de que hubiera ocurrido fraude electoral.

Apuntó que los directivos de la CEE “nos tienen acostumbrados a actuar al margen de la ley” y advirtió que las amenazas de desacato y referido criminal que hay en la opinión mayoritaria contra los funcionarios electorales puede crear un ambiente de censura cuando lo que se requiere de un funcionario en esa posicón es lo contrario, que esté alerta y levante la voz cada vez que detecte alguna desviación de las normas.

“Aquí solo hacía falta que el Presidente de la C.E.E. ejecutara el claro mandato del foro primario. Como no supo hacerlo, su alter ego, el Comisionado Electoral del P.N.P., señor (Héctor) Sánchez Alvarez, acude ante nos en busca de guías para poder hacerlo; pero, a su vez, busca también el permiso de esta Curia para limitar el alcance de la directriz que emitió el Tribunal de Primera Instancia. Hoy -con instrucciones y prohibiciones hechas a la medida de su solicitud y con advertencias que pudieran dar lugar al procesamiento criminal selectivo de los funcionarios y funcionarias que colaboran en el escrutinio general- lo consiguió”, sentenció.

Vea: Tribunal Supremo ordena continuar con el escrutinio

Para ver la decisión del Supremo, la mayoritaria y las disidencias juntas, pulse aquí.