El comisionado del partido aseguró que el despido de los 11 empleados y representantes de su oficina contradice lo dispuesto por el Código Electoral.

El comisionado electoral y vicepresidente de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, se opuso este martes al cierre de operaciones de su oficina en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), efectivo al 13 de enero del 2025, y al despido de los 11 empleados y representantes de dicha unidad que, por orden de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, dejarían sus puestos a partir de hoy.

En una demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia ayer, lunes, la colectividad solicitó un interdicto preliminar y permanente para hacer valer el artículo 10.3 del Código Electoral, que establece que todo partido que haya retenido su franquicia electoral pasada la noche de la elección, continuará operando hasta el 30 de junio del año siguiente.

Ante un presunto incumplimiento por parte de Padilla Rivera, una decena de simpatizantes y excandidatos a puestos electivos acudió a la sede de la CEE en Hato Rey para exigir “un cese y desista” al cierre operacional de la oficina de Frontera Suau.

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“Le comunicamos a la presidenta, durante el día sábado, que entendíamos que esa determinación era contraria al Código Electoral, y le solicitamos que cesara y desistiera de seguir ese curso de acción. No tuvimos contestación de la presidenta al día domingo, y el lunes en la tarde presentamos el recurso ante la consideración del tribunal”, dijo el funcionario.

Al lugar también se presentó un puñado de manifestantes que, durante la conferencia de prensa, lanzaron fuertes ataques hacia los presentes y exigieron, a viva voz, que se adjudicaran “todos los votos” contados en el escrutinio general de cara a las certificaciones.

“Proyecto Dignidad es un partido con franquicia electoral, a la luz de los resultados de las elecciones del 2025, que serán certificados hoy, y esa franquicia electoral le otorga a Proyecto Dignidad, no solo la capacidad de estar hasta el 30 de junio en la CEE, sino que, con el recurso que estamos presentando, estamos atrayendo la atención del tribunal”, abundó Frontera Suau.

El Código Electoral aprobado en el 2020 establece que los tres partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos íntegros en la elección general podrán permanecer activos en la Comisión por los próximos cuatro años.

A diferencia de Proyecto Dignidad, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) perdió su franquicia electoral tras formar una alianza con el exaspirante a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau Ramírez, cuya colectividad sí retuvo su lugar en la CEE junto al Partido Popular Democrático (PPD).

Frontera Suau advirtió, además, que las certificaciones a emitirse hoy podrían acarrear un sinnúmero de repercusiones legales que requieren la representación de Proyecto Dignidad en el pleno de la CEE.

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“Dejar a Proyecto Dignidad sin una representación efectiva es ponerlo en una posición inferior a los demás partidos que están en la misma situación. No tendríamos la misma capacidad de representar los derechos de Proyecto Dignidad como lo tienen los demás partidos, por ejemplo, en la aplicación de la Ley de Minorías. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender el derecho de los votantes que respaldaron ”, precisó Frontera Suau.

La colectividad, al igual que otros partidos minoritarios, reclamó uno de los escaños que adiciona dicha medida en la Cámara de Representantes.

“El tribunal no se ha expresado aún. Sometimos una moción solicitando que se emitieran los emplazamientos. Estamos en espera de eso para emplazar las partes y que comience el proceso. Esperamos que acoja nuestra posición, que no se haya que celebrar una vista, sino emitir una orden a la presidenta para que desista de su intención”, concluyó.

NotiCel solicitó una reacción a Padilla Rivera sobre los reclamos de Frontera Suau. A la publicación de esta nota, se indicó que estaba trabajando con las certificaciones de los resultados del escrutinio general.