Proyecto Dignidad: un poco para el público general y un poco más para su base
Mientras, el candidato independiente Eliezer Molina carece de un plan de gobierno escrito como sus contrincantes y sus posturas han sido compartidas en foros y debates.
La plataforma de gobierno del Proyecto Dignidad propone especial atención a los problemas más conocidos e inmediatos del país, como la corrupción, las contrataciones de familiares y las privatizaciones de servicios esenciales, a la misma vez que presenta propuestas dirigidas a la base cristiana y fundamentalista que dio paso a la creación de este nuevo partido.
Entre pronunciaciones básicas —como prometer mejoras a la infraestructura crítica o hacer pública información de gobierno que ya debería ser pública—, el Proyecto Dignidad cuela una que otra postura que para otros sectores podrían considerarse controversiales, como el aborto y la mezcla de Iglesia y Estado.
La base del partido, reiterada en distintas partes de la plataforma, es la protección del ejercicio de la libertad de conciencia, expresión y religión, tesis que guía el acercamiento a la política pública en temas como educación y salud.
Proyecto Dignidad recalca que el Estado “nunca podrá sustituir la labor de los padres o de la familia” en la educación, por lo que los niños podrían estar eximidos de procesos educativos, actividades extracurriculares y el contenido que se les enseña si sus padres no están de acuerdo.
A través de su candidato a la gobernación, César Vázquez Muñiz, el partido ha manifestado su intención de continuar la utilización de vales educativos y escuelas charter, contrario a otros candidatos que se han manifestado a favor de eliminarlos.
En términos de salud, el grupo tomará medidas para “poder tener algún tipo de pagador único en el futuro a mediano plazo. Para ello, proponemos comenzar a eliminar burocracia en la mediación de la prestación de servicios y reformar los existentes”.
Mientras, una postura interesante y poco común en esta contienda electoral es la pronunciación a favor de reducir el tiempo de las sesiones legislativas y de convertir a quienes ocupan los escaños en legisladores ciudadanos, con el fin de reducir costos.
Otras propuestas:
- Publicar los nombres de las personas y entidades que causaron la quiebra de Puerto Rico. “En aquellos casos en que se determine que se ha violentado la ley, requeriremos a los responsables la restitución del dinero y exponer sus nombres ante el escrutinio moral público”.
- Cumplir con los requerimientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) de presentar estados financieros auditados para los años 2018 y 2019, en o antes de diciembre del 2021.
- Reducir al máximo el número de plazas de empleados de confianza en todo el Gobierno.
- Retirar del tribunal los acuerdos de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, revisar los contratos de LUMA Energy y New Fortress.
- Legislar para que las labores de la Comisión Estatal de Elecciones comience 18 meses antes de cada elección y para que sean los partidos políticos interesados en celebrar primarias quienes paguen por ellas.
Para el sector económico, se dispondrían a fortalecer al sector privados, especialmente en las áreas de agricultura, médico-hospitalario, educación, transporte, las telecomunicaciones y la manufactura, entre otros.
Por otro lado, la plataforma presta atención y desmenuza el tema del aborto, al señalar que se legislaría para que en Puerto Rico se implementen las limitaciones que la decisión de “Roe v. Wade”, y “Planned Parenthood v. Casey” permiten sobre los procesos de aborto.
Su meta principal es “propiciar que todo aborto se lleve a cabo de manera informada”, que ya fue intentado por la senadora Nayda Venegas Brown y su PS 950, cuando se determinó que el proyecto de ley exigía cosas que ya las clínicas llevaban a cabo o que más allá de informar, buscaban desalentar a las mujeres de abortar.
Medidas que podrían causar controversia:
- Revisión de los artículos del libro de la familia del Código Civil para “atender aquellos asuntos que son contrarios a los mejores intereses del fortalecimiento de las familias puertorriqueñas, la preservación de la vida y que estén en controversia con el derecho de los padres a criar a sus hijos conforme a su fe y sus valores”.
- Legislación para proteger la vida de los “abortos fallidos, donde el niño nace vivo”.
- Establecer talleres a jueces y juristas “realmente basados en ciencia y no ideologías sobre el abusado concepto de 'madurez' del menor”.
- Atan la violencia contra la mujer a la violencia contra el hombre como si al hombre lo mataran meramente por su género.
Las propuestas del Proyecto Dignidad están en su página web.
Molina: independiente en todos los aspectos
Contrario a los demás candidatos, el aspirante independiente Eliezer Molina carece de un plan de gobierno escrito. El pueblo ha podido conocer más sobre sus posturas a través de foros y debates durante estos últimos meses, así como entrevistas y apariciones públicas, por lo que es un poco más difícil de recopilarlas.
Molina ha utilizado su candidatura independiente, sin equipo de respaldo u otros candidatos, como una manera de resaltar que carece de ataduras políticas, a toda vez que ha negado que eso le sea un impedimento para resolver los problemas que tiene el país.
En términos de salud, señaló que su propuesta “Univida” atiende todo tipo de problemas, ofrece terapias y cuido, pero no ofreció más detalles porque esa declaración surgió durante el poco tiempo permitido durante uno de los debates.
En Educación, el candidato está a favor de derogar la Ley 85 que estableció la Reforma educativa, eliminar los vales educativos y las escuelas charter.
“Nosotros no vamos a darle paso a la privatización y vamos a dar unos créditos contributivos a los padres que matriculen a sus niños en el sistema de educación pública. No vamos a darle paso a la privatización ni con los vales, ni las escuelas charter”, exclamó Molina durante el foro educativo en octubre.
El candidato se posicionó a favor de un aumento salarial para los maestros y de reabrir las escuelas que fueron cerradas por órdenes de la JCF, para que sean administradas por los maestros mediante un modelo cooperativo, aunque los planteles continuarían como propiedad del Estado.
En el plebiscito de estatus, Molina dejará la papeleta en blanco porque es una consulta “inconsecuente”.