Si gana las elecciones, Pierluisi ocupará su silla en la JCF
El Gobernador de Puerto Rico integra el ente fiscal como miembro exofficio, sin derecho al voto.
Si el excomisionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia, se convierte en el gobernador de Puerto Rico no delegará su representación ante la Junta de Control Fiscal (JCF). Por el contrario, asumiría la posición.
El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) expresó su intención de sentarse en la silla, que actualmente ocupa Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, durante su participación en la convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que se celebra en el Sheraton Hotel & Casino del Distrito de Convenciones de San Juan.
“No voy a delegar en nadie. Yo me voy a sentar con la Junta”, precisó.
El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares inicialmente delegó su representación a su director de campaña Elías Sánchez Sifonte. Luego Christian Sobrino Vega ocupó el cargo hasta que renunció en medio de la crisis política que creó la divulgación de los mensajes contenidos en el llamado chat de Telegram. La gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró Marrero luego que renunció Elí Díaz Atienza, quien dirigió la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El exgobernador Alejandro García Padilla designó a Richard Ravitch, ex vicegobernador de Nueva York como su representante ante la JCF.
“La Ley Promesa le da una silla al gobernador en la Junta. Lo que pasa es que permite que el gobernador delegue en un representante. Yo no necesito un representante. Yo soy la persona que voy a estar ahí obviamente con el apoyo de personal que necesite, pero soy yo. Quién mejor que yo para sentarme con la Junta y deliberar con la Junta por el bien de Puerto Rico”, explicó a preguntas de la prensa.
La JCF tiene siete miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos y los líderes de mayoría y minoría del Congreso. Recientemente, el presidente Donald Trump nombró a Justin Peterson, socio gerente de DCI Group, una firma de consultoría de comunicaciones y asuntos públicos con sede en Washington, D.C., quien asesoró a grupos de bonitas que en los pasados años han enfilado sus cañones contra el Gobierno de Puerto Rico.