Pero no coinciden en su rechazo al contrato de Luma Energy.

El acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no encontró apoyo ayer entre los cinco candidatos a la gobernación que participaron en el Foro Energético organizado por Queremos Sol, un colectivo de organizaciones ambientales que impulsa un modelo energético que apuesta a la autosuficiencia y a la sostenibilidad de la Isla usando los recursos renovables.

El evento, que pareó a los candidatos en tres rondas de preguntas, contó con la participación de Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), César Vázquez Muñiz del Proyecto Dignidad, el candidato independiente Eliezer Molina Pérez, Alexandra Lúgaro Aponte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Pedro Pierluisi Urrutia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El candidato del Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado Altieri se excusó porque se encuentra aislado luego de que una persona cercana a su núcleo arrojó positivo a COVID-19.

Aunque los cinco candidatos aseguraron que apoyaban la renegociación del acuerdo de reestructuración, el alcance de esa revisión varió entre los candidatos.

Dalmau Ramírez planteó que el programa de gobierno del PIP propone declarar que la deuda es impagable y detener los pagos que el gobierno realiza a los bonistas. Luego su administración se sentaría a reestructurar la deuda que corresponda a los bonistas del patio como pensionados y cooperativas.

“Pero los especuladores de los mercados que apostaron a los mercados de valores, esos perdieron y no tenemos la obligación de desmantelar el país para su lucro... Pero dicho eso, creo en establecer un tribunal de verdad y de justicia porque aquí hay funcionarios públicos, funcionarios de casas de corretaje y funcionarios de casas acreditadoras que deberían estar o camino a la cárcel o en la cárcel porque nos endeudaron con conocimiento de que no teníamos capacidad de repago para tratar inmediatamente de llenarle el ojo al país y ahora nos comprometieron a todos”, afirmó el senador.

Lúgaro Aponte y Molina Pérez también aseguraron que auditarían esa deuda de $9,000 millones.

En mayo del pasado año, la AEE alcanzó un acuerdo con el 90% de los tenedores de bonos que permitiría reducir $3,000 millones a la deuda a lo largo de 10 años. Los bonistas recobrarían cerca del 67% de lo que defienden como acreencias aseguradas y el repago sería sufragado con un alza en la tarifa de la luz y un impuesto al sol, que se cobraría a quienes produzcan su propia electricidad con sistemas fotovoltaicos.

La Junta de Control Fiscal y la gobernadora Wanda Vázquez Garced avalaron inicialmente el acuerdo, pero en medio de la crisis creada por la pandemia del COVID-19, solicitaron a la jueza federal Laura Taylor Swain, realizar ajustes al acuerdo porque las circunstancias del país habían cambiado.

“Si hay que caer en algún tipo de contribución para este pago (a los bonistas) los beneficiarios de la Ley 22 tendrán el cargo”, apuntó Molina Pérez.

La Ley 22 o Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico ofrece una exención total en la contribución sobre ingresos pasivos recibidos o acumulados al inversionista que se convierta en residentes de Puerto Rico.

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Los cinco candidatos también rechazaron el uso de energía nuclear como parte de la cartera energética del país y se opusieron a la incineración como método para disponer de los desperdicios sólidos y como fuente de energía.

En el caso específico de la planta de AES en Guayama, Lúgaro Aponte, Dalmau Ramírez y Molina Pérez propusieron cerrar la planta inmediatamente o rescindir el contrato, mientras que Vázquez Muñiz dijo que no renovaría el contrato cuando expire.

Pierluisi Urrutia, quien representó a la planta en el pasado, recordó que la Ley 17 prohíbe el uso o depósito de cenizas en la Isla y establece que la generación mediante la quema de carbón tiene que concluir a finales del 2027 como lo estipula el contrato entre AES y la AEE. También dijo que apoyaría esfuerzos para que la planta genere energía a través de tecnologías renovables.

El contrato de Luma Energy

Durante el foro, Dalmau Ramírez, Vázquez Muñiz, Molina Pérez y Lúgaro Aponte expresaron su objeción al polémico contrato con Luma Energy y propusieron diversas maneras para cancelar o anular ese acuerdo contractual, mientras Pierluisi Urrutia se inclinó a enmendar dicha contratación.

“Nosotros tenemos una postura muy clara con cancelar el contrato de Luma Energy. Entendemos que el contrato de Luma Energy es nulo de su faz. Es un contrato leonino donde todas la cláusulas operan a favor de Luma Energy y en contra de la seguridad energética y en contra del pueblo puertorriqueño… Retrasaría significativamente que podamos alcanzar las metas de energía renovable que nos hemos trazado. Por tanto, nosotros lo estaríamos cancelando y luego estaríamos litigando su nulidad en el tribunal”, apuntaló la candidata a la gobernación por el MVC.

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Como parte de su análisis, Dalmau Ramírez argumentó que el contrato con Luma Energy se convertirá en un impedimento en el proceso de desarrollo de la red energética en la Isla, que ofrezca un servicio confiable y accesible a la gente.

“Aunque ellos van a estar trabajando en la fase de distribución, no deja de ser menos cierto que esa fase de distribución puede tener impedimentos para incorporar ese tipo de energía renovable”, acentuó.

Pierluisi Urrutia, por su parte, mencionó que procuraría modificaciones al contrato para evitar alzas en la tarifa de la electricidad, para garantizar que se respetaran los empleos y los derechos adquiridos de los empleados de la AEE y para proteger el sistema de pensiones de los empleados de la corporación pública.

“El contrato de Luma no puede conllevar alzas tarifarias o aumento en el costo de la electricidad. El propósito de una Alianza Público Privada es al revés. Es llevar mayor eficiencia administrativa en la Autoridad para propósitos de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico”, señaló el candidato del PNP.

“No creo en la privatización y ese contrato es tan leonino para el pueblo que otra vez socializamos las pérdidas porque Luma Energy no asume ningún tipo de responsabilidad por las cuentas de pensión, ni por nada de la deuda que ya se tenía. Por eso es que yo creo más en entregarle a nuestros trabajadores la operación incluyendo la administración de las cuentas de pensión a través de un modelo cooperativista donde ellos pueda establecer su equipo gerencial y administrativo en todo el aparato de generación de energía”, agregó Molina Pérez en su turno.

En junio pasado, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) seleccionó a LUMA Energy para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la AEE por 15 años, a un costo de $1,500 millones aproximados. Pero ayer organizaciones ambientales denunciaron que solo en el periodo de aprendizaje ya la empresa facturó $26 millones.

El uso de los fondos federales

En sus exposiciones, Dalmau Ramírez, Lúgaro Aponte y Molina Pérez prometieron adoptar sistemas energéticos apoyados en fuentes de energía renovable y rechazaron el uso de energía nuclear y el gas natural durante la fase de transición a las tecnologías renovables. Por el contrario, plantearon que la asignación federal de $10,500 millones que FEMA aprobó recientemente para la reconstrucción de la red eléctrica debe utilizarse para establecer las bases del nuevo sistema eléctrico en vez de reconstruir la infraestructura actual que depende de combustibles fósiles. Ese nuevo sistema eléctrico, según los tres candidatos debe contemplar el desarrollo de micro redes, energía solar, energía eólica y plantas hidroeléctricas.

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También suscribieron la propuesta de la Organización de las Naciones Unida que define el acceso a la energía como un derecho humano fundamental y se comprometieron a cumplir con la como lo declaró la ONU y favorecieron cumplir con los estándares establecidos en la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Este estatuto ordena que se aumente a 50% el uso de energía renovable para 2035 y se alcance el 100% para el 2050.

Vázquez Muñiz prometió adoptar un modelo que garantizará energía confiable y a un precio accesible, que no exceda los 20 centavos por kilovatio hora, pero señaló la dificultad en cambiar el uso de los fondos federales de reconstrucción. Además, concibió el cambio hacia las energías renovables como un proyecto a largo y cuestionó las métricas de la política pública energética como “especulativas”.

Pierluisi favoreció la transformación del sistema eléctrico usando las Alianzas Público-Privadas para crear sistemas de microredes y cooperativas eléctricas. También propuso recapitalizar el Fideicomiso de Energía Verde para conceder incentivos para que las personas adopten sistemas de energía renovable en sus hogares.

Confronta a Pierluisi

Como parte del formato del Foro Energético, Lúgaro Aponte y Pierluisi Urrutia, quien no participó en otro debate ambiental previo, compartieron la tercera ronda.

Al responder sus preguntas, la candidata a la gobernación del MVC aprovechó para cuestionar el récord del excomisioando residente.

“Lo lamento licenciado pero a usted le ha tocado el peor foro posible porque yo creo que cuando hablamos de estos mecanismos que han afectado tanto a la Autoridad quien hoy es mi contraparte en este foro ha sido contraparte de las tres entidades que más daño le han hecho al sistema energético del país: la administración Rosselló Pierluisi Vázquez, la JCF y la Planta AES. En ese sentido me parece irónico que vengan aquí a hablarnos de energía, cuidado del medio ambiente, venir a tratar de engañarnos con que un contrato con Luma Energy va a respetar a los trabajadores y trabajadoras, va a respetar los convenios colectivos y no va a aumentar la tarifa energética. ¿De dónde van a sacar la inversión para mejorar la infraestructura de la Autoridad? Acaso somos tan ingenuos que pensamos que ese costo no se lo van a pasar al consumidor”, afirmó.

Pierluisi Urrutia defendió su gestión en el servicio público y señaló que el tono negativo y pesimista de su rival era inadecuado para la tarea de gobernar.

“Mi hoja de servicio es clara y está libre de señalamientos. No hay un nombramiento o contrato que haya otorgado que haya sido objeto de crítica o señalamiento. Estoy bien orgulloso de mi récord”, afirmó.

Pero Lúgaro Aponte continuó con el ataque.

“No es que yo sea negativa o pesimista, es que estar en foros como este me da coraje porque sé que gran parte del rezago que tenemos no solo en energía sino en salud en educación en gobernanza tiene que ver con la incompetencia que por años ha dirigido el país. Ver personas que tienen la cara de lechuga para presentarse en un foro de energía y pretender que nos creamos que se pueden quitar el sombrero de abogado de la Junta, que pueden quitarse el sombrero de cabildero de la planta AES, que se pueden quitar el sombrero de una persona que intentó usurpar la gobernación violentando nuestra constitución y que se crean que esta vez sí va a ser diferente”, apuntó.

“Que ya ha estado en el poder, que ya han tenido los recursos, que han tenido el Legislativo, el Ejecutivo, que han tenido las ramas y las garras para poder movernos a energía renovable para poder crear esa transparencia de la que tanto hablan y enfrentar la corrupción, pero no lo han hecho, y no lo han hecho porque históricamente han tenido los bolsillos llenos del inversionismo político que nos ha traído hasta aquí y eso es lo que nosotros venimos a acabar”, concluyó.