Comisionada Residente dispara cañones al gobierno de Wanda Vázquez
González Colón describió la gestión del Departamento de Vivienda de Puerto Rico como "ineficiente" y "un suero de brea".
Al presentar su plan para obtener fondos federales para mejorar la infraestructura isleña e impulsar el desarrollo económico del país, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, disparó ayer varios cañonazos a la gestión de la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced y a su equipo de trabajo.
También respondió con fuego al tildar de “embustero” a su rival político, el exgobernador y excomisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá, quien la culpó de colocar en peligro una partida de $1,000 millones de fondos de Medicaid asignados a la Isla, mientras resaltó la figura de su compañero de papeleta, el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia.
En una alocución de 37 minutos al inicio de la conferencia de prensa que convocó para presentar sus propuestas, advirtió que parte de los $7.9 millones asignados a la Isla mediante la ley de estímulo económico conocida como el Cares Act corren el riesgo de perderse y reveló que trabaja en una asignación de fondos para mejorar la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados similar a la asignación de $13,000 millones que la administración del presidente Donald Trump otorgó recientemente para reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica y apoyar el sistema de educación público del país.
Además, aseguró que pedirá a la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) que audite las agencias involucradas en el proceso de recuperación de la Isla tras María como FEMA y del Departamento de Vivienda federal “para determinar si implementaron los mejores procesos para garantizar la utilización efectiva, eficiente y expedita de los fondos de reconstrucción, y determinar si tomaron acciones deliberadas o dirigidas a detener o retrasar las ayudas a Puerto Rico”.
“Para los planes de desarrollo económico y social es indispensable contar con una infraestructura robusta, sólida y resiliente, como por ejemplo en el ámbito comercial como parte de mi propuesta de traer la manufactura y en el ámbito cotidiano como contar con unas carreteras en óptimas condiciones y protección de nuestras residencias y negocios de las inundaciones. El mantenimiento y construcción de la infraestructura son una fuente importante de empleos y un atractivo para la inversión. Por eso presento estas iniciativas donde apuesto a la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social”, afirmó la congresista al inicio de la conferencia de prensa, que se transmitió vía Zoom.
Mencionó entonces que logró asignaciones “históricas” que en total suman $45,000 millones en fondos federales en ayudas directas al país para enfrentar la devastación causada por el huracán María y otras necesidades. El pasado 18 de septiembre, la Gobernadora, sin embargo, reconoció que aunque el gobierno federal asignó $49,900 millones tras María, solo se han desembolsado $16,600 millones.
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Debido a la dilación en el uso del dinero asignado, la comisionada señaló que ha estado trabajando con el Comité de Asignaciones para monitorear el uso de los fondos CDBG-DR otorgados a través del Departamento de Vivienda federal y que cabildeará para conseguir extensiones de tiempo en el uso de esos fondos.
“Hay que recordar que Puerto Rico tiene la asignación de fondos CDBG-DR más grande en la historia de este programa. Como bien ha indicado el señor Irving Dennis, el Principal Oficial Financiero de HUD, utilizar los fondos toma tiempo”, indicó.
También adelantó que presentará legislación para que los fondos CDBG-DR puedan utilizarse para todas las necesidades de la Isla sin importar que hayan sido asignadas en respuesta a una emergencia en particular. En esa misma línea, dijo que propondrá legislación para enmendar las secciones 406 y 428 de la Ley Stafford para modificar el sistema de pareo de fondos que ahora limita las posibilidades de los municipios y del gobierno central de acceder a partidas de fondos CDBG-DR.
González Colón aseguró que insertará a Puerto Rico en el proyecto para la reconstrucción nacional de la infraestructura del gobierno federal, que procurará fondos para la revitalización urbana y mejorar la transportación pública y las carreteras del País. También continuará sus esfuerzos para identificar los fondos para completar los trabajos en el El Caño Martín Peña, el sistema eléctrico, los abastos de agua y darle continuidad a los proyectos de mitigación de riesgo de inundaciones.
Desempeño ineficiente
Ante preguntas sobre las falta de credibilidad de los políticos y las expresiones de Trump, quien ha llamado corruptos a funcionarios puertorriqueño y la engorrosa burocracia federal que acompaña los fondos, González apuntó que para restaurar la credibilidad del país hacen falta personas con probidad moral y funcionarios que dominen el inglés para evitar problemas de comunicación.
“Para tú restaurar credibilidad tienes que estar en la disposición de sentarte en la mesa, a hablar inglés. Creo que es bien importante que las personas en el gobierno que van a manejar estos procesos hablen el idioma. Creo que también tiene que ayudárseles a municipios y tiene que ayudárseles a agencias estatales a las personas que manejan los programas de fondos federales también de poder manejar esto porque si no la comunicación no fluye de manera correcta”, sostuvo.
“El candidato del partido popular fue una persona que fue acusada por corrupción… y yo creo que eso es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico que personas así estén en la papeleta”, agregó en referencia a Acevedo Vilá, a quien un jurado lo absolvió de cargos de corrupción federal.
También adjudicó culpa al gobierno de Vázquez Garced por no cumplir con los parámetros federales y no contar con las herramientas para manejar asuntos técnicos con agilidad.
“Nosotros hemos conseguido reuniones con los monitores de Vivienda federal, monitores o el third party fiduciary en Educación. El gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con los términos. No puede quedarse un año después peleando todavía un señalamiento. Tienen que haber unos acuerdos de manera directa y yo creo que eso no ha ocurrido. En términos de que el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) apruebe (los fondos), la realidad es que se ha demostrado que los casos que ha habido están pasando en otras jurisdicciones. Así que no ha habido señalamientos sobre estos programas en la isla todavía y yo creo que eso es un gran logro”, apuntaló.
En esa línea celebró el trabajo de la nueva Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), pero criticó duramente al Departamento de Vivienda de Puerto Rico.
“Hay otras que son lentas como un suero de brea como Vivienda. Yo creo que ha sido ineficiente. No tiene sentido de urgencia ninguna. El secretario nos ha pedido una reunión y con gusto esta semana la vamos a tener, pero yo creo que tiene un problema severo de comunicación y de utilizar los fondos”, soltó.
“Lo que hemos visto es que al gobierno hay que darle un 'follow up' de todo. Tenemos tanto dinero federal, hay que cumplir con tanto requisito de cumplimiento y hay unas agencias nuevas que se han creado para eso, pero evidentemente no dan abasto. Así que yo creo que eso debe estar organizado y eso es un asunto que el licenciado Pedro Pierluisi está proponiendo como parte de la plataforma del PNP para el manejo de esos fondos”, abundó.
Dinero en riesgo de perderse
González Colón advirtió el gobierno no ha gastado los $7.9 millones asignados mediante el Cares Act para responder a la emergencia de salud pública Por ello, propuso a la Gobernadora asignar fondos adicionales a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), que no han recibido ayuda directa desde que inició la pandemia.
“Ese dinero no se ha gastado ni se ha obligado en su totalidad. Me preocupa que estamos ya casi en octubre con tres meses para la utilización de esos fondos (que vencen en diciembre)”, comentó.
Como parte de su análisis, mencionó legislación pendiente en la Asamblea Legislativa como la Resolución Conjunta del Senado 583, que distribuye $7.3 millones entre varios CDTs y la Resolución Conjunta del Senado 591, que asigna dinero a los CDTs o Centros de Salud Familiar que operan 24 horas, para proponer que los fondos del Cares Act se sumen a estas partidas ya asignadas.
“Creo que estas partidas se deben aumentar. Nosotros vamos a perder esos fondos si no se utilizan al mes de diciembre. No se les ha dado dinero adicional a los hospitales. No se le ha dado dinero adicional a los CDT. Los CDT son el primero centro que atiende a nuestra gente en los municipios. Hay más de 86 CDT con licencias en Puerto Rico. Atienden a más de un millón de personal al año, son la primera línea de defensa y yo no he visto que hayan recibido ningún tipo de ayuda directa”, sostuvo.
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Responde a Acevedo Vilá
La comisionada residente llamó a Acevedo Vilá “embustero” y “pillo” que “miente deliberadamente” por acusarla de colocar en peligro $1,000 millones para el programa de Medicaid por no trabajar en alianza con la administración de Vázquez Garced.
“Él respira y miente, miente y respira”, respondió González Colón a preguntas de la prensa sobre los señalamientos en su contra.
Explicó que Acevedo Vilá debe saber que corresponde al Gobierno de Puerto Rico manejar y utilizar los fondos de salud y que su labor consiste en procurar la ayuda para la Isla.
“A nivel congresional hablé con el senador Marcos Rubio y distintos senadores para ver si podemos hacer ese 'roll over' y nos permiten utilizarlos por un año adicional, pero volvemos si la Junta no aprueba el uso no se pueden usar como quiera”, aseveró.
“Así que en ese sentido el gobierno de PR no manejó esto con urgencia. y es el gobierno porque la comisionada consigue los fondos y los gasta el Gobierno de Puerto Rico y eso el embustero del otro lado lo debería saber “, agregó.
Recordó que la Junta de Control Fiscal también contribuyó a la situación al no aprobar la propuesta del gobierno, que buscaba utilizar los fondos para extender cubierta médica gubernamental a 200,000 personas, que actualmente trabajan pero que no cuentan con los recursos para pagar un plan médico. Para realizar ese trámite la Junta tenía que autorizar un cambio en la forma en que calculan los niveles de pobreza en el país. No lo hizo.
“Por eso es que ese dinero se queda sin usar porque cuando yo lo conseguí, porque no lo teníamos, los conseguimos como fondos adicionales al programa de Medicaid, no es el programa regular, son fondos adicionales al programa de Medicaid para gastarse en esa partidas (particulares)”, afirmó la comisionada residente.
Ante este escenario, recomendó al gobierno revisar su plan de acción para incluir programas similares a los que existen en los estados como el cuidado en la casa, el programa de hospicios o iniciativas para diabéticos. El gobierno tiene hasta el 31 de septiembre, día en que acaba el año fiscal federal, para adjudicar esos fondos.