El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista denunció que el ente fiscal mutó en un “minigobierno”.

Lejos de su encomienda original de cuadrar las finanzas públicas del país, la Junta de Control Fiscal (JCF) mutó en un organismo burocrático, que ha usurpado poderes del Gobierno de Puerto Rico y del propio Congreso de Estados Unidos, que mediante legislación creó dicha estructura fiscal.

Así lo señaló el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y exabogado de la Junta, Pedro Pierluisi Urrutia, durante su participación esta semana en la convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Planteó también que los cambios en el ente fiscal ofrecen una oportunidad para transformar y para entablar una conversación sobre esas áreas en las cuales dicho cuerpo ha excedido su alcance y jurisdicción.

“Ahora llegó un nuevo miembro que obviamente es muy conservador, pero yo voy a aprovechar el cambio porque hay cosas que yo noto en la Junta, que con los nuevos miembros, me permite a mí hacer unos planteamientos y lograr unos cambios”, aseguró el ex comisionado residente.

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Luego de la salida de cuatro miembros, la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Justin Peterson, socio gerente de DCI Group, una firma de consultoría de comunicaciones y asuntos públicos con sede en Washington, D.C., quien asesoró a grupos de bonitas que en los pasados años han enfilado sus cañones contra el Gobierno de Puerto Rico.

La JCF tiene siete miembros. Al presente, tiene tres vacantes. Como miembro exofficio y sin voto, el Gobernador de Puerto Rico ocupa una silla en la JCF. Contrario a otros mandatarios que nombraron representantes, Pierluisi Urrutia anunció su intención de ocupar ese puesto y de negociar directamente con el ente fiscal creado en el 2016 mediante el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa) o Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

“Como en toda organización, y esto es conducta humana, cuando llega alguien nuevo empieza a revisar lo que ya se ha hecho y empieza a ver qué se hizo que no hace sentido. Una cosa que voy a decir es que la Junta se ha tornado muy burocrática. Ya tiene alrededor de 80 empleados. Se ha convertido en un minigobierno y esa no fue la intención congresional”, indicó Pierluisi Urrutia.

En esa línea, apuntó que ese crecimiento exacerba la conocida lentitud gubernamental e impide que el gobierno funcione de manera ágil y eficiente.

“Está tratando de ser tan particular en el proceso presupuestario, como la Ley Promesa dice que para cualquier programación de fondos hay que pedirle permiso a la Junta, que está causando que para cualquier cosa hay que ir a la Junta y esa no fue la intención congresional… Hay lenguaje en Promesa que dice -en la sección que tiene que ver con posibles aprobaciones de contratos- que sea lo que sea lo que establezcan, que no sea burocrático y que no añada burocracia, o sea, que yo de lo primero que voy a decir que está pasando es que tienen que dejar ya que eso siga sucediendo”, indicó.

Desde su inicio, la Junta ha sido criticada por tratarse de una imposición del gobierno federal y por el gasto que acarrea para el quebrado Gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, devenga un salario anual de $625,000, que supera la paga de $400,000 del Presidente de Estados Unidos.

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Pierluisi Urrutia, quien ha sido señalado y cuestionado por sus vínculos cercanos a la JCF, criticó que el organismo extendiera su alcance e impidiera que el gobierno de Puerto Rico añadiera a 200,000 personas al plan de salud público conocido como Vital tras recibir una asignación de fondos de Medicaid. La cobertura que proponía el gobierno era temporera y por el periódo de un año, pero permitía a estas miles de personas gozar de un plan médico durante la pandemia del COVID-19.

“La Junta está para fiscalizar los fondos estatales, los fondos del gobierno de Puerto Rico, para velar que aquí cuadremos la chequera y no nos excedamos en el gasto, no así para decidir cuántos fondos federales llegan a la isla, ese tostón le corresponde al Congreso”, matizó.

“Así que la Junta realmente picó fuera del hoyo y es una barbaridad que le prohibió al Gobierno de Puerto Rico aumentar el número de beneficiarios de la tarjeta de salud. Esa conversación yo la voy a tener con la Junta aunque me cambien los miembros con el favor del pueblo tan pronto me convierta en el gobernador electo”, abundó.

La decisión de la JCF de bloquear la movida para añadir nuevo beneficiarios a Vital porque no se trataba de una partida de fondos recurrentes provocó que el gobierno no pudiera usar unos $700 millones de fondos federales, según denunció Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

Pero luego de una oleada de críticas, el pasado viernes Jaresko informó que la JCF se retractó de esa decisión y permitirá al Gobierno expandir temporalmente la cobertura de Vital a esos 200,000 puertorriqueños y puertorriqueñas.

En declaraciones escritas, recalcó que la cobertura finalizará en septiembre de 2021, a menos que el Congreso apruebe fondos adicionales.

“Eso es lo que yo traigo a la mesa, un conocimiento y una experiencia de tiempo de cómo operan estas cosas y como uno hace los argumentos que tiene que hacer por el bien del pueblo de Puerto Rico. No para las gradas para buscar votos, para eso yo no estoy”, concluyó Pierluisi Urrutia, el único candidato que participó en la convención de la Asociación de Hospitales.