En escritos ante el Supremo, se deja claro que la CEE ni siquiera recibió los resultados el domingo cuando suspendió la primaria.

Ni la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ni los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) pusieron por escrito en sus comparecencias ante el Tribunal Supremo una explicación completa y plausible de por qué ocurrió la debacle electoral de las primarias y, en esencia, todos defienden el acuerdo al que llegaron para que el evento continue el próximo domingo y se mantengan sin divulgar los resultados de aquellos colegios que pudieron completar la jornada el domingo pasado.

En los escritos se divulga por primera vez que la CEE apagó el sistema de recibo de resultados por lo que los resultados del domingo pasado no estarían en los servidores de la agencia sino solamente en las máquinas y en las manos de los funcionarios electorales que tengan los recibos que la máquina expide cuando se “cierra”. Con esta certificación de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) se pretende sustentar que no se puede acceder a la solicitud de la Junta de Gobierno del PPD y otros candidatos de que se divulguen los resultados de aquellos colegios en los que se pudo votar.

Con estas tres comparecencias queda sometida al Tribunal Supremo la controversia sobre qué hacer para curar la inédita realidad de que un evento electoral fue suspendido y repautado para un día siguiente porque la estructura de la CEE, la administrativa y la de los partidos, no se aseguraron de que los materiales electorales estuvieran en cada colegio de votación a tiempo para iniciar los trabajos a las 8:00 am del domingo, como se disponía legalmente.

Según los alegatos, de los 110 precintos en los que se dividía geográficamente el ejercicio electoral, en el PPD se quedaron sin votar 72 precintos y en el PNP se quedaron 63 precintos sin votar.

De los cinco precandidatos a la gobernación, todos menos la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, han comparecido al tribunal. También lo hicieron una electora de Trujillo Alto, Carmen Damaris Quiñones Torres, y los precandidatos a alcalde de San Juan, Manuel “Palomo” Colón Pérez, de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, y de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez.

En su escrito, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera pide al Supremo, donde sirvió como Secretario antes de su nombramiento en la CEE, que “establezca la racionalidad de (sus) actuaciones” porque, según alega, él lo único que hizo como Presidente fue respetar las decisiones que tomaron los partidos, a quienes responsabiliza por lo sucedido debido a que son los que corren el evento electoral por tratarse de una primaria.

Para ver la comparecencia del Presidente de la CEE, pulse aquí.

Esa alegación choca con el hecho de que la reforma electoral aprobada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la mayoría legislativa del PNP en junio de este año precisamente desarticula el andamiaje administrativo de la CEE que daba espacio a los partidos en cada área administrativa para concentrar todo el poder en el Presidente. Además, para las primarias se establece una comisión especial compuesta por el Presidente y el Comisionado Electoral de cada partido, estableciéndose específicamente que cuando no hay consenso entre el Presidente y el Comisionado, la decisión del Presidente es la que prevalece.

Su justificación para suspender la primaria, además de su deseo de ser “deferente” a los comisionados, es que la ley no faculta a nadie a suspender un evento electoral, pero tampoco se le prohíbe. El Código Electoral no habla específicamente de la suspensión de primarias, sin embargo, dice que, en el contexto de una revisión de los tribunales por parte de una decisión de la CEE, o en el contexto de una revisión del Presidente de la CEE sobre determinaciones de las Comisiones Locales (los funcionarios que sirven en las Juntas de Inscripción Permanente), ninguna decisión “tendrá el efecto de suspender, paralizar, impedir u obstaculizar la votación, el escrutinio o el escrutinio general de cualquier votación, y tampoco cualquier acto o asunto que deba comenzar o realizarse en un día u hora determinada, conforme a esta Ley o cualquier ley habilitadora que instrumente una votación”.

En su escrito Dávila Rivera, quien tiene nombramiento de juez superior, expuso sobre los arreglos y los fondos adicionales que se necesitarían para reanudar la primaria el domingo que viene, pero no es categórico sobre si la CEE estará lista, por lo que esta tarde el precandidato del PPD, Eduardo Bhatia Gautier, sometió un escrito de emergencia al Supremo para que se le obligue a Dávila Rivera a certificar cuándo va a estar listo para la reanudación y que se le ordene a Vázquez Garced certificar cómo se está tramitando la solicitud de fondos adicionales que el Presidente de la CEE dice que hizo el sábado pasado. El escrito de Dávila Rivera, que contiene oraciones incompletas y otros errores, dice que el dinero lo pidió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) “en el día de ayer, 8 de agosto”, por lo que no queda claro si la solicitud la hizo el sábado 8 de agosto o ayer, 10 de agosto.

En otra comparecencia hoy, Bhatia Gautier, enfatizó en su solicitud de que se divulguen los resultados indicando que “[l]amentablemente, ya ha comenzado una campaña de divulgación extraoficial de resultados no validados por la CEE y que pretenden manipular la opinión pública en detrimento del proceso electoral todavía no culminado…. Ejemplo de lo anterior es la noticia de primera plana de hoy en el periódico El Vocero (que asegura que están adelante en los resultados Pedro Pierluisi Urrutia en el PNP y Carlos Delgado Altieri en el PPD)”.

El Presidente de la CEE sugiere que el propio Supremo puede ser custodio de las máquinas y materiales de los colegios que votaron el domingo y, en su relato de hechos, deja abierta discrepancias con los comisionados electorales sobre cómo fue que ocurrió la decisión en la que se tomó la determinación de suspender el evento.

Ya los presidentes de los partidos, Thomas Rivera Schatz (PNP) y Aníbal José Torres (PPD), habían dicho el mismo domingo que se reunieron con los comisionados y con el presidente de la CEE y presentaron su “sugerencia” de que se suspendiera el evento. Pero Dávila Rivera solo coloca a los comisionados electorales en esa reunión, no a los presidentes de los partidos quienes son, a su vez, candidatos con intereses invertidos en el evento electoral. Por otro lado, la comisionada del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago Rodríguez, dijo en su escrito que la alternativa de suspensión se discutió con los representantes de los precandidatos a la gobernación y que “[u]na vez se discutió el remedio con los representantes de las campañas, los Comisionados Electorales y Presidentes de los Partidos fueron a discutir con el Presidente de la CEE el acuerdo unánime que el Secretario de la CEE esbozó”. Por tanto, según la comisionada del PNP, los presidentes de los partidos discutieron directamente con el Presidente de la CEE y no meramente con los comisionados electorales.

Para ver la comparecencia de la Comisionada Electoral del PNP, pulse aquí.

En su escrito Santiago Rodríguez argumentó que el Supremo debe mantener ese acuerdo del domingo porque se supone que los tribunales den deferencia a las determinaciones administrativas de las agencias y que divulgar los resultados del domingo sería como divulgar los resultados del voto adelantado, algo que no se hace porque la divulgación regularmente ocurre al final del evento electoral. Citó a Rivera Schatz al sostener que “visión hace fe” y que los precandidatos que piden divulgación de resultados tuvieron a sus funcionarios en los colegios así que saben cuáles fueron los resultados. También citó el criterio que adelantó ayer el juez asociado del Supremo, Luis Estrella Martínez, quien recordó que es ilícito filtrar resultados, que no sean los mecanismos oficiales.

Contrario a la solicitud de Vázquez Garced de que se debe anular toda votación de colegios que no comenzaron el domingo a las 8:00 am, la comisionada electoral del PNP argumenta que no hay facultad en ley para anular ese voto. Aludió a “errores administrativos” en la CEE sin detallarlos y pidió que sea en las bóvedas de la CEE que se guarde el material y las máquinas usadas el domingo pasado.

Por su parte, el comisionado electoral del PPD, Lind O. Merle Feliciano, dedica buena parte de su recurso a atacar la demanda de Quiñones Torres, la ciudadana de Trujillo Alto que fue la primera en presentar una impugnación y es la única involucrada en la controversia legal que no es una candidata. La electora pidió varios remedios, incluyendo que el evento se celebre de nuevo.

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El comisionado electoral del PPD la atacó porque la mujer no estableció que fuera electora del PPD o del PNP, por lo que para el comisionado carece del primer elemento que le daría capacidad para pedir un remedio porque las primarias no son generales sino dirigidas a los electores de los partidos que las celebran. Basado en una visión de que en la primaria lo más importante no es el elector sino el partido que la celebra, Merle Feliciano dijo que “la conveniencia y/o comodidad del elector es muy distinta al derecho a votar” y que “[l]a peticionaria no ha sido privada de su derecho a votar y, el CEE-AC-20-221 le permite votar el domingo 16 de agosto de 2020”.

Sobre la divulgación de resultados, se allana a la decisión de la Junta de Gobierno del PPD, que pidió que se divulguen los resultados por encima del acuerdo al que su presidente, Torres, llegó con el presidente del PNP.

En cuanto a la solicitud de la Gobernadora de que se anulen las votaciones en todo colegio que no haya empezado para las 8:00 am, el comisionado electoral del PPD plantea que “[n]os vemos imposibilitados de reaccionar a los solicitado en el recurso de la Gobernadora/Candidata Vázquez ante el hecho de que no se cita ni una sola fuente derecho que nos permita colegir un fundamento jurídico coherente en apoyo a lo solicitado”.

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