Un factor que, según el MVD, afecta el acceso a la vivienda en el archipiélago es el aumento desmedido de los arrendamientos a corto plazo.

El Movimiento de Vivienda Digna (MVD), una coalición de organizaciones diversas que por años han defendido el derecho a la vivienda desde distintos frentes, envió una carta a cada candidato a la gobernación de Puerto Rico solicitando una reunión para presentar propuestas de política pública que atiendan la crisis de vivienda en el país.

“En el contexto del año electoral y el reclamo de diversos grupos y sectores, es ineludible que los candidatos a la gobernación reconozcan públicamente la urgencia de atender la crisis de vivienda en Puerto Rico y que estén dispuestos a iniciar un diálogo participativo para identificar alternativas y soluciones reales desde y para las comunidades. Por esto, el Movimiento de Vivienda Digna está esperanzado de que los candidatos a la gobernación reciban con buenos ojos estas propuestas y nos concedan la reunión solicitada como primer paso de cara a la gran responsabilidad que asumirá alguno de ellos como líder electo por el pueblo”, afirmó Maritere Padilla Rodríguez, directora senior de política pública y abogacía de Hispanic Federation en Puerto Rico.

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En resumen, las tres propuestas del Movimiento de Vivienda Digna para atender algunos de los factores que intensifican la crisis de vivienda son:

“La cantidad de viviendas vacantes ha aumentado significativamente. Reinsertar estas propiedades al inventario de vivienda asequible debe ser una prioridad. Por ejemplo, los candidatos a la gobernación deben comprometerse a garantizar la reutilización de los estorbos públicos como alternativa de techo seguro para nuestra gente. A su vez, se debe permitir que los vales de reubicación del Programa R-3 del Departamento de la Vivienda sean utilizados para rehabilitar propiedades vacantes en coordinación con los municipios, Bancos de Tierra y sin fines de lucro. Hay muchas alternativas que podemos traer a la mesa y es el momento de empezar el diálogo”, señaló Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc.

Por su parte, Elizabeth Colón, directora ejecutiva de Ponce Neighborhood Housing Services, afirmó que “ante la crisis de vivienda asequible, muchas personas en Puerto Rico no tienen otra opción más que alquilar una propiedad, si es que pueden costearlo”.

“El desbalance de poder en la relación entre arrendadores y arrendatarios afecta principalmente a personas de comunidades vulnerables, como, por ejemplo, madres solteras, inmigrantes, envejecientes, personas con discapacidad, entre otras. Así lo vemos día a día en el área sur de la isla. Por eso, es de suma importancia establecer mecanismos de protección para los arrendatarios, como el control de renta, requerimiento de justa causa al momento de desalojar y prohibir el discrimen contra los arrendatarios por su fuente de ingresos, como lo son los vales de sección 8”, manifestó.

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Otro factor que, según el MVD, afecta el acceso a la vivienda en el archipiélago es el aumento desmedido de los arrendamientos a corto plazo. “En Culebra, ha quedado demostrado que la proliferación desregulada de los alquileres a corto plazo aumenta el costo de compra y alquiler de viviendas, así como el deterioro de la calidad de vida y servicios públicos de nuestras comunidades. Estos impactos negativos han generado desplazamiento, gentrificación y desintegración de la cohesión comunitaria. Los candidatos a la gobernación deben comprometerse a adoptar una reglamentación justa y balanceada en beneficio de las comunidades afectadas por los arrendamientos a corto plazo en todo el archipiélago”, exigió Dulce del Rio-Pineda, coordinadora organizacional de Mujeres de Islas, Inc.

Sobre el tema de transparencia y participación ciudadana, la licenciada Nayda Bobonis Cabrera, directora ejecutiva de Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía, Inc. (FURIA), indicó que “quien asuma la gran responsabilidad de gobernar el País debe comprometerse a garantizar la participación ciudadana real y efectiva en todo lo que impacte el acceso a la vivienda. Esto significa reforzar los mecanismos que están supuestos a asegurar la integración de la voz de las comunidades vulnerabilizadas en la implementación de los programas de recuperación, y promover una colaboración estrecha con las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria para salvaguardar el derecho de todos a una vivienda digna”.

Las organizaciones del Movimiento de Vivienda Digna que se han unido en este esfuerzo son: Hispanic Federation; Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH); Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, Inc. (FURIA); Resiliency Law Center, Inc.; Taller Salud, Inc.; Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables, Yauco, Inc. (CMTAS); Mujeres de Islas, Inc.; Grupo de las Ocho Comunidades Caño Martín Peña (G-8); Ponce Neighborhood Housing Services, Inc. (PNHS); y Sembrando Sentido, Inc.

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Lea aquí la carta completa a los candidatos a la gobernación: