Tras las fallas durante el proceso de primarias de hoy, una electora presentó un recurso legal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sometió hoy lo que sería la primera impugnación legal resultante del proceso primarista de hoy, que quedó abortado por decisión de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por petición de ambos partidos con elecciones primaristas después de que los materiales electorales no llegaran a tiempo a todos los colegios para comenzar la votación a las 8:00 am.

La acción de la ACLU es en representación de la electora de Trujillo Alto, Carmen Damaris Quiñones Torres, quien no pudo ejercer su derecho al voto en la escuela Francisco Prisco Fuentes de ese municipio por las fallas en el suplido de materiales. La jueza Rebecca de León Ríos citó vista argumentativa para este martes a las 10:00 am.

Los abogados Mayte Bayolo Alonso, Fermín Arraiza Navas y William Ramírez Hernández sometieron un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por lo que se trata de un recurso extraordinario que debe ser resuelto con premura y que busca que el tribunal obligue a un funcionario a cumplir con su deber ministerial.

El recurso resalta que las primarias que se celebrarían hoy resultan de la Resolución Conjunta 37 del 4 de junio de 2020 y el Reglamento para la Celebración de Primarias de los Partidos Políticos aprobado el 16 de marzo de 2020 y revisado el 3 de julio de 2020 en el que se dispuso que la fecha de las primarias sería el 9 de agosto.

“Ninguna de las disposiciones legales que ordenan, ni la Constitución de Puerto Rico,ni el Código Electoral de 2020, ni la Resolución Conjunta 37-2020 le ofrece la prerrogativava la Comisión Estatal de Elecciones de posponer, suspender, extender o calendarizar las elecciones primarias para otra fecha”, indica el recurso.

Por tanto, los demandados, -Juan Ernesto Dávila, Presidente de la CEE, María D. Santiago Rodríguez, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Lind O. Merle Feliciano, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD)- no tienen “potestad legal para posponer ni suspender las elecciones primaristas del 9 de agosto de 2020” y su actuación hoy es una. Por lo que, “ultra vires que lacera los derechos constitucionales de los electores”.

La demandante solicita varios remedios alternos. Primero, que “declare ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios de votación”; luego que las primarias sigan realizándose hoy (lo cual es ya un remedio imposible de decretar); en la alternativa, que las primarias se realicen el domingo 16 de agosto, pero serían todas, de nuevo, “obligando así a que todo elector y toda electora emita su voto el mismo día para preservar la pureza de los procesos”, esta solicitud la han hecho los precandidatos del PPD, Carlos Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz Soto, así como la gobernadora Wanda Vázquez Garced; como alternativa adicional, que si el tribunal determina que los votos emitidos el 9 de agosto serán contados el 16 de agosto (como ha sido la determinación de la CEE), que entonces el mismo tribunal sea el que custodie “las máquinas de escrutinio electrónico, así como las papeletas, para asegurarse de que la democracia quede libre de manchas y sea un proceso más confiable para un electorado ya en desconfianza”.

Además de estas solicitudes operacionales sobre cuándo y cómo realizar la primaria, la solicitud de interdicto añade que se le exija al gobierno, a través de la CEE: certificar los protocolos o reglamentos que tienen para el manejo de primarias; documentos que detallen el manejo de papeletas “desde su proceso de contratación, creación, impresión, empaque, colocación en los camiones, hasta los colegios de votación”; bitácora del manejo de papeletas; y explicar cómo se asegurará que todas las papeletas y todos los procesos estén seguros y disponibles para el domingo, 16 de agosto (publicar la hora, día y proceso por el cual se harán llegar las papeletas a los colegios). De esta forma, “Puerto Rico podrá volver a confiar y habrá más estabilidad democrática”.

“El derecho al voto de la Sra. Quiñones Torres se vio coartado en el día de hoy al no poder ejercer su derecho a votar en las elecciones del partido de su predilección a razón del incumplimiento por parte del Gobierno de Puerto Rico en asegurarse de que todos los sistemas electorales estuvieran en función y en orden para poder asegurar que este derecho constitucional se pudiera garantizar. El cierre de los colegios de votación es una violación crasa a la democracia, a la constitución y a cada uno de los electores dentro de nuestra jurisdicción. La Sra. Quiñones ha sufrido un daño y sigue sufriendo un daño irreparable en el que se le coarta de su derecho al voto al encontrarse que no había papeletas, que se le cerró el colegio de votación al que está adscrito, que la ley no provee para que la Comisión por medio de Resolución, aunque sea unánime, pueda mover, suspender, cambiar, eliminar, extender, calendarizar la fecha de las primarias para otro día, que la Comisión y sus comisionados actuaron ultra vires, que de no estar presente el domingo que viene, ya la Sra. Quiñones no podría solicitar el voto ausente para las primarias, y que se queda sin remedio alguno y sin poder ejercer su derecho al voto”, argumenta el escrito.

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