“Hay que demostrar el incumplimiento con el contrato”, dijo. “No he cambiado de postura. Me reafirmo en lo que he estado diciendo”, insistió al señalar que la determinación sobre cancelar o mantener el contrato de LUMA se tomaría durante el segundo semestre del 2025.

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González, defendió hoy al mediodía su propuesta de crear un nuevo ente fiscalizador de LUMA Energy, el llamado zar de energía.

También dijo que no está satisfecha con el desempeño de LUMA y que el llamado zar, entre otras cosas, levantaría el caso para la posible cancelación del contrato.

“La meta final no es buscar una cancelación. La meta final es resolverle a la gente. Que la gente tenga luz… si ese incumplimiento se sigue dando, se sigue demostrando, se envía la carta y con la carta se mejora la situación, pues que bueno y si no mejora, pedimos la cancelación”, dijo.

Según González, la determinación sobre cancelar o mantener el contrato se tomaría durante el segundo semestre del 2025.

Igualmente anticipó que impulsará una “nueva política energética”, pero no entró en detalles. Dejó claro que eliminará la posición del Secretario Auxiliar de Asuntos Energéticos en La Fortaleza, figura que González describió como un ayudante del gobernador.

“El que diga que he cambiado de postura no ha hecho su trabajo de revisar todas mis expresiones desde el día uno”, dijo González. “Propongo hacer una fiscalización y hacer cumplir las métricas del contrato”, dijo.

La creación del zar de energía requeriría la aprobación de legislación a partir de enero, dijo el representante Víctor Parés Otero, quien acompañó a González en una conferencia de prensa hoy. También estuvieron presentes el candidato a la comisaría residente penepé, William Villafañe y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

La posición del zar de energía sería creada dentro de los primeros 60 días del 2025. González nunca precisó cuánto dinero costaría este nuevo puesto y tampoco el reclutamiento de su equipo.

Sobre la selección del zar, la candidata insistió en que no está reclutando a nadie, pero tampoco explicó el proceso para seleccionar esta figura, si fuera la gobernadora.

A preguntas sobre cómo ejecutaría el zar de energía, González sostuvo que se le reconocerían poderes específicos en la ley con que se cree y que se establecerían los requisitos de los otros miembros de su equipo. Indicó que la Autoridad de las Alianzas Público Privadas seguiría existiendo, pero sería modificando para supuestamente darle “garras”.

González indicó que la figura del zar tendría la capacidad en ley de fiscalizar, con un equipo capaz de medir métricas de cumplimento como servicio al cliente, número de apagones, las contrataciones “y que las compañías no se autocontraten con fondos públicos, generando más ganancias para ellos”.

González insistió en que no se puede ser “irresponsable” al cancelar un contrato y que “antes de cancelar un contrato, hay que hacerlos cumplir”. Alertó que para cancelar el contrato se tendría que enmendar el Plan Fiscal, lo que requeriría la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Hay que demostrar el incumplimiento con el contrato”, dijo. “No he cambiado de postura. Me reafirmo en lo que he estado diciendo… todas mis expresiones fueron antes de las primarias”, insistió.

Indicó que el llamado zar podría, entre otras cosas, “revisar toda la política pública energética del país”, lo que chocaría con el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). A preguntas de una periodista, González sostuvo que el NEPR tiene una independencia legal cuando se le preguntó si chocaría con la figura del zar, pero no explicó entonces cómo podrían coexistir. Sostuvo que no está evaluando en estos momentos el desempeño del NEPR.

De hecho, señaló que el NEPR no representa al pueblo de Puerto Rico, pero el zar de la energía sí. Señaló que la figura que propone sería un “enlace” en asuntos como permisos en diferentes entidades de gobierno y fiscalizaría, como el NEPR. Agregó, sin entrar en detalles, que tendría contacto con entidades federales y que tendría más poder que el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas.

“Hay que saber levantar el caso. Hay que probar que ha habido incumplimiento de la parte contratante y eso no se ha hecho”, dijo González al rechazar el argumento de la secretaria de la gobernación, Noelia García, quien dijo hoy que ocho entidades del gobierno fiscalizan a la empresa.

“Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí”, dijo la comisionada residente.

González que LUMA está “por la libre” y que ninguna entidad del gobierno la fiscaliza. Reconoció que en agosto de 2022 dijo que favorecía la cancelación del contrato de la empresa. De hecho, insistió en que el contrato sigue siendo “leonino”, como antes había señalado, que se negoció mal y que es “malo para Puerto Rico”.

Sin embargo, reconoció que el contrato contiene cláusulas de cancelación que podrían costarle al país entre $300 millones y $600 millones si no se establecen las bases para la cancelación.

“Los tendrían que pagar el pueblo de Puerto Rico”, dijo.