En el contexto de las críticas de Ada Norah Henríquez.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, sostuvo esta mañana que si bien respeta la decisión de Ada Norah Henríquez de abandonar la colectividad, no respeta su posición de que en la colectividad no se escuchan mujeres como ella.

Henríquez alegó que el partido perdió el norte y aseguró que fue atropellada por figuras como el presidente César Vázquez.

“Proyecto Dignidad está enfocado en este momento en ofrecerle al país la mejor oferta política”, dijo Rodríguez Veve a periodistas al recitar el róster de candidatos del partido: 44 en alcaldías, 15 al Senado, 29 a la Cámara

“Ada Norah Henríquez ha hecho unas expresiones. Tiene su derecho a hacer esas expresiones, respetuosamente difiero sobre de su apreciación”, dijo al sostener que si ella pensara como Henríquez “tampoco estaría aquí en Proyecto Dignidad.

“Se puede establecer que hay diferencias de criterio”, añadió mientras se distanciaba de expresiones hechas por el comisionado electoral Nelson Rosario, quien dijo que Henríquez no hizo “nada” por el partido.

“No comparto esas expresiones. La compañera tuvo un rol muy importante en la fundación del partido, lo que fueron esos primeros esfuerzos de recogido de endosos y le reconozco el trabajo realizado”.

A La Fortaleza a cabildear

Rodríguez Veve sostuvo que aprovecharía su breve saludo con Pierluisi para defender dos medidas de su autoría que llegarán a la oficina del ejecutivo en enero.

El Proyecto del Senado 1218 impide que LUMA Energy les cobre intereses a consumidores cuando hay errores en a facturación. Dijo que cuando cobran retroactivamente tras resolverse una disputa, ese cargo viene con intereses.

La medida también extiende a clientes industriales protecciones que ya en su lugar para residentes y comerciantes a los fines de que LUMA Energy no pueda cobrar retroactivamente por pagos de más de 120 días en atraso. Esa disposición entraría en vigor en caso de errores de la empresa.

El otro proyecto es el Proyecto del Senado 1141.

La medida enmienda la “Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que la declaración jurada de exención religiosa no requiera que se haga constar el nombre de una religión o secta, y que no requiera ser firmada por un ministro de una religión o secta.

“El Supremo de Estados Unidos estableció que el ciudadano no tiene que pertenecer a una iglesia o a una religión en particular y por lo tanto, compañeros, exigirle al padre que en esa solicitud de exención esté la firma de un ministro acreditando que el ciudadano pertenece a su iglesia es una violación a la norma jurisprudencial vigente y aplicable”, indicó Rodríguez Veve.