Una auditoría del Inspector General hizo señalamientos por mal uso de fondos Restart, que se supone ayudaran a reactivar la instrucción pública tras huracanes y terremotos.

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal señaló mal uso de fondos federales Restart asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para reactivar la instrucción pública tras el paso de los huracanes Irma y María.

El plan de uso y la solicitud de fondos se hizo bajo la dirección de la exsecretaria, Julia Keleher, pero la ejecución del plan y las decisiones que causaron crítica de los inspectores ocurrieron bajo la dirección de su sucesor, Eligio Hernández Pérez.

En abril de 2018, Educación Federal asignó al DE $589.2 millones en fondos Restart y todavía a enero de 2024 quedaba el 14% sin usar. El DE obtuvo una extensión de la vigencia de los fondos hasta septiembre próximo. A esto se suma una asignación suplementaria de $48.6 millones en 2022 que está fuera de ámbito de la auditoría de la OIG (2018 a 2022).

La muestra de verificación de inventario ocurrió en la región educativa de Ponce y reflejó que 61% de los equipos estaban en almacenamiento tres años después de recibidos, 6% no pudieron ser localizados y solo 33% estaban siendo usados para lo que se supone.

Los hallazgos son que la agencia no asignó apropiadamente $2.5 millones del total de $8.6 millones en costos indirectos que cargó al programa; que de una muestra de 350 aparatos adquiridos con estos fondos se encontró que 215 estaban almacenados y no se habían usado para el propósito intencionado por casi tres años y que otros 21 no pudieron ser localizados; y que, en una muestra de 87 pagos de nómina, se encontraron tres pagos que debieron haber salido del programa ESSER (Elementary and Secondary School Emergency Relief) en vez de Restart.

La muestra de verificación de inventario ocurrió en la región educativa de Ponce y reflejó que 61% de los equipos estaban en almacenamiento tres años después de recibidos, 6% no pudieron ser localizados y solo 33% estaban siendo usados para lo que se supone.

Los auditores relatan que los 215 equipos iban para una escuela de música de esa región pero esos estudiantes ya habían recibido equipo a través de su escuela principal y los equipos quedaron almacenados hasta que alguna escuela pidiera equipos adicionales, lo que, según el DE, no ocurrió. Después de la visita de los inspectores, “los oficiales están trabajando para proveer los aparatos a las escuelas que lo necesiten en la región”.

En el caso de equipos que no pudieron ser localizados, tres años después de su compra permanecían en algún lugar desconocido, a pesar de que parte de lo que el departamento pidió a los suplidores fue que dotaran los equipos con programas de seguridad y equipo de geolocalización.

“[A]lmacenar equipo tecnológico por casi tres años reduce la vida útil de estos y puede resultar en que fondos federales educativos se desperdicien si el equipo no se usa como se supone, o simplemente no se usa”, subrayó la OIG en la auditoría.

“[D]evolver prontamente al suplidor los 215 aparatos que se ordenaron erróneamente para la escuela de música pudo haber ahorrado al DE $100,420 en costos de equipo y esos fondos Restart se pudieron haber usado para otro propósito”, apunta la auditoría.

En el caso de equipos que no pudieron ser localizados, tres años después de su compra permanecían en algún lugar desconocido, a pesar de que parte de lo que el departamento pidió a los suplidores fue que dotaran los equipos con programas de seguridad y equipo de geolocalización. Al 5 de julio de 2023, cuando los inspectores culminaron su evaluación, “los oficiales de la región todavía estaban tratando de localizar los aparatos usando estos programas”.

Las respuesta del DE a la auditoría, mediante la directora de su Oficina de Asuntos Federales, María de los Ángeles Lizardi Valdés, no persuadieron a los inspectores.

El DE usó fondos Restart para adquirir 159,330 computadoras portátiles y tabletas, equipo suplementario (como audífonos, adaptadores para internet y una reconfiguración completa de los programas que traían las computadoras), y adiestramiento. La idea era asegurar que estudiantes y maestros tuvieran en sus manos equipos para reactivar la instrucción pública rápidamente después de un desastre mediante salones virtuales y educación a distancia.

Hernández Pérez suscribió dos contratos en 2020 para esta compra, uno con la empresa Evertec, Inc. y el otro con Computerlink, a un costo por unidad de $551 por computadora portátil para estudiante, $551 por tableta para estudiantes y $643 por computadoras portátiles para maestros.

El plan bajo el cual el DE consiguió los fondos llamaba para usar $109 millones en compra de aparatos tecnológicos para estudiantes y maestros, $75.9 millones para libros de texto, $99.3 millones para instalación y actualización de la infraestructura de internet en las escuelas, $20.7 para contratar sicólogos y enfermeras, $12 millones para bonificaciones a personal docente, $3 millones para pintar escuelas y $3.9 millones para costos indirectos.

Ya la OIG había señalado fallas en pago de nómina y en compra de libros de texto en otros informes.

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