En su primera entrevista a fondo tras su arresto, la Exsecretaria de Educación reafirma la necesidad de los cambios que impulsó en la agencia y critica tanto la falta de dinero como la intervención inefectiva del gobierno federal.

Tras su sentencia el viernes a seis meses de cárcel, un año de arresto domiciliario y multa de $21,000, la convicta exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, ofreció a NotiCel su primera entrevista a fondo desde que fue arrestada por cargos federales hace dos años y medio.

En su mensaje al juez Pedro Delgado, Keleher pidió disculpas al pueblo de Puerto Rico "por el dolor y la tristeza que causaron cualquiera de las acciones que tomé mientras servía como Secretaria de Educación" y apuntó que los estudiantes puertorriqueños "se merecen un sistema educativo mucho mejor que el que tienen".

Las reacciones a su declaración en el tribunal, y a la sentencia, han sido de rechazo por parte de sectores que entienden que los efectos que tuvo su jefatura en el sistema público de enseñanza merecían un castigo mayor- fue sentenciada seis meses de cárcel y 12 en probatoria- y por la hipocresía que podía denotar el que abogara por un mejor sistema para los estudiantes cuando, entre otras acciones, finalizó un ciclo que duró varias administraciones y que resultó en el cierre de 960 planteles.

Pero Keleher entiende que en su caso se han mezclado los hechos por los que la acusaron y la antipatía que pudieron generar sus decisiones las cuales, según defendió, principalmente afectaban el control político partidista dentro de la agencia.

Añade que la decisión del Departamento de Educación federal de imponerle un síndico financiero al Departamento de Educación (DE) fue porque con su renuncia la agencia federal ya no tenía vínculo directo con la agencia local.

"No lo tomo personal en mi caso, sino que lo veo como un reflejo de lo que es el sentido de la mayoría, de que nosotros tenemos que acabar con lo que es la corrupción y cómo afecta el gobierno", dice sobre la reacción del público al explicar también que el cálculo final de su sentencia es resultado de la aplicación de las guías federales a los hechos por los que se declaró culpable.

Sin quitarle "nada del dolor, del resentimiento, de la rabia de la gente" por su caso, Keleher distinguió sus acusaciones federales de las que enfrentó en 2002 el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo Vélez, quien desvió unos $4 millones del presupuesto de la agencia para su enriquecimiento personal y para candidatos y actividades del Partido Nuevo Progresista (PNP).

"A mí en ningún momento me han acusado, o me han traído un cargo, donde indique que yo personalmente, Julia Keleher, que me he beneficiado de alguna manera, que me he robado dinero, que tengo dinero en efectivo en mi posesión, que saqué dinero del presupuesto del departamento, que desvié fondos que iban dirigidos a los niños. Yo lo veo como dos casos distintos", reaccionó a la comparación.

Keleher sabe que la apreciación de su paso por la agencia está marcada por el cierre de las escuelas, pero separa eso de otras decisiones que tomó y que sostiene todavía son necesarias para mejorar el sistema educativo.

"[E]ntiendo que el cierre de las escuelas, que fue algo sumamente doloroso, de que ha afectado a miles de comunidades y por eso pues, me siento, me siento mal, porque eso nunca fue mi intención y no es para justificar, pero hay que reconocer que tenemos una Junta de Control Fiscal, que el gobierno tuvo que someter un plan fiscal y dentro de eso, se requirió el cierre de escuelas", apuntó sobre un proceso que, de hecho, estaba recomendado al gobierno desde la Administración García Padilla, mediante un estudio de Boston Consulting Group, basado en los cambios demográficos que sufrió, y sigue sufriendo, la isla.

"Yo creo que algunas cosas que propuse, que empecé a ejecutar, como descentralizar el departamento, despolitizar el departamento, reducir la cantidad de puestos políticos e implementar un sistema nuevo de asistencia, de comprar libros cada año, de pedir más fondos, de cambiar el formato del presupuesto, de recapacitar a los maestros, fueron varias reformas y esfuerzos que reflejan lo que es el 'best practices' (mejores prácticas) en varios países, en los Estados Unidos también", planteó por otro lado.

"Yo creo que mi paso por el departamento, cuando se separa de lo que fue el cierre de las escuelas, si se mira tan solo porque fueron las reformas también, dejando aparte lo que es mi carácter personal, pero esas reformas sí que fueron buenas", defendió.

Los cambios, como los proyectaba la exfuncionaria de 47 años, tendrían el efecto de quitarle influencia y control a los agentes político partidistas que inundan las estructuras. De hecho, con casi 20 años de diferencia en sus casos, tanto Keleher como Fajardo Vélez, en una entrevista reciente con el Centro de Periodismo Investigativo, concluyeron que la raíz de los problemas en la agencia es el control partidista.

"No sé si me querían sacar, pero seguro que no me querían ahí", contestó Keleher cuando se le preguntó si esos agentes políticos la querían sacar.

"Puedo ver que mis acciones, en términos de hacer cambios que afectaron el interés político, ofendí a mucha gente, fastidié a mucha gente. Provoqué cambios que, en efecto, cambió cómo se manejaba la influencia y el poder dentro del departamento. El que esperaba tener algún poder de poder contratar, de poder implementar algún plan, pues no les salió así como siempre ha sido. Y no me di cuenta de lo grande que era este problema. Que yo iba implementando los cambios, pero no entendía de cómo era la estructura de poder dentro del departamento. En cuanto iba cambiando la cosa, pues la gente se molestaba y no me lo decían de frente, ¿verdad? Pero no hubiese sido malo para ninguno que yo me fuera y tan rápido que yo me fuera, mejor, para que todo volviera a como era antes y como siempre", argumentó.

Entre las transformaciones que impulsó, destacó la descentralización, la que definió como romper la agencia en regiones y asignarle presupuesto directamente a cada región en proporción a su población escolar para que fuera a ese nivel, y no en una oficina central, que se tomaran las decisiones que mejor respondieran a las necesidades de los estudiantes en esa área.

Implantar reglas de contratación, confección de presupuesto a partir de las necesidades del estudiante y no de la cacería de fondos federales, establecer métricas de desempeño transparentes y un sistema efectivo de registro de asistencia son otras de las medidas que Keleher identificó como las que creaban ronchas en los funcionarios con lealtades partidistas.

Luego de su arresto, la Junta de Supervisión Fiscal quitó dinero temporeramente al departamento precisamente por pagos ilegales a empleados y empujó por la implantación de un registro de asistencia como el que buscaba implantar Keleher.

Durante la Administración Rosselló y la jefatura de Fajardo Vélez, el concepto de transformación era llevar el presupuesto directamente a cada escuela, pero, en este caso, sería a una estructura intermedia, con carácter regional y que se asemeja más a la división de distritos que impera en el sistema público de enseñanza de Estados Unidos.

Esto iría unido a la capacitación profesional de los directores regionales y a una reducción dramática del tamaño e influencia de la oficina central del departamento. La fiscalización de los estudiantes y padres sería más efectiva en este sistema, aseguró Keleher, porque el que le tiene que responder está mucho más cerca y accesible que un burócrata anónimo a nivel central.

Tras su renuncia en abril de 2019, Keleher había designado a Jesús Álamo como sucesor, pero la Legislatura no le dio paso, quedando Eligio Hernández, quien había sido subsecretario bajo Keleher.

"Fueron parte de la estructura política, seguro", dijo sobre Hernández y sobre Héctor Joaquín Sánchez, quien ocupó una secretaría auxiliar bajo Keleher, luego pasó a servir como comisionado electoral del PNP y regresó como subsecretario convirtiéndose en ficha de tranque para darle dirección permanente a la agencia, porque la Legislatura popular tiene reparos conque se mantenga en una posición de autoridad, mientras que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insiste en mantenerlo.

"Yo no puedo explicar por qué Eligio resulta ser secretario y Álamo no. Pero la pregunta que me viene a la mente es, ¿dónde están todas las reformas que estaban ahí pendientes cuando Eligio tomó el mandato del departamento? Por ejemplo, de consolidar los edificios y ahorrar $40 millones, de extender lo que es el día escolar, de implementar una escala salarial para los maestros, de seguir con la compra de libros, yo no sé", comentó Keleher.

El actual secretario de Educación designado, licenciado Eliezer Ramos Parés, entró al Departamento de Educación bajo la jefatura de Keleher, como parte de otra decisión en la que se apartó de los deseos del partido, quienes tenían candidatos distintos para la secretaría auxiliar de Educación Especial. Ramos Parés era el abogado del Departamento de Justicia a cargo del Caso Rosa Lydia Vélez sobre Educación Especial y la entonces secretaria lo reclutó porque entendió que estaba más capacitado que cualquier otra persona en la agencia para manejar el área de Educación Especial.

"Siempre se ha mostrado como una persona comprometida. Siempre ha dado la milla extra. Siempre se preocupaba por los familiares, por los niños... Yo no tengo nada, nada negativo que decir hacia este señor... tiene un compromiso enorme, grande, quiere lo mejor para Puerto Rico y para el sistema de educación. Eso lo he visto yo, no tengo duda", refrendó sobre el actual jefe del departamento.

"[E]ntiendo que una persona que está a cargo en la CEE, pues tiene una influencia, tiene un rol político. ¿No?", dijo al preguntársele por la insistencia del Gobernador de mantener a Sánchez en posición de liderato en el departamento y al limitarse a explicar que, cuando fue secretaria, tuvo diferencias con Sánchez sobre cómo manejar el área vocacional a la que estaba asignado.

El mismo año de la renuncia y arresto de Keleher, el Departamento de Educación federal notificó su imposición de un síndico financiero como condición para dar a la isla acceso a $1,535 millones en fondos federales. Las justificaciones fueron la falta de capacidad gerencial, el incumplimiento con reformas iniciadas precisamente 20 años atrás por el arresto de Fajardo Vélez y a casos criminales que no identificaron. La carta notificando la decisión fue el 28 de junio, unas tres semanas antes del arresto de Keleher.

La exfuncionaria aseguró en la entrevista que Educación federal le consultó esa movida en algún momento después de su renuncia en abril y que su recomendación fue a favor por deficiencias que quedaban por atender en el área de contratación pero, a la vez, criticó el historial de interevenciones que ha tenido la agencia federal con su contraparte puertorriqueña.

"[Y]o dije, 'no hay que ponerlos en 'high risk', sí necesitamos una ayuda con contratación'. Porque nosotros, cuando yo llegué, habían como $117 millones de dinero que nosotros íbamos a devolver al Departamento de Educación (federal). Nosotros necesitamos ese dinero, los niños necesitan ese dinero. Así que, si nosotros tenemos un proceso donde más de 100 millones de dinero (los) estamos devolviendo porque no sabemos manejar el proceso de contratación, pues aquí tenemos un problema. 'So', mi consejo hacia el Departamento de Educación (federal) fue de que no hay que ponerle en 'high risk', pero lo que sí sería mejor es darle una ayuda... esto se aplicó porque yo me fui y la conexión directa que educación Puerto Rico tenía con educación federal, porque yo era empleada de educación federal, se fue", aseguró.

A la vez, alertó que el rol del síndico, Álvarez & Marsal, debe estar delimitado por metas específicas y que regularmente se publique cómo se está avanzando en el cumplimiento de las metas "porque, si no, vamos a repetir lo que eran los 20 años de intervención de agencias federales en los asuntos de Puerto Rico, lo cual entiendo que no es necesario y no es justo porque no se hace en otros jurisdicciones".

"(La intervención federal en el DE) está mil veces mayor (que en otras jurisdicciones). Se puede justificar cualquier cosa. Y yo me limito a decir esto porque no quiero provocar más problemas, pero sí vale la pena ir allí, investigar dónde más está este nivel de intervención, donde más existe. ¿Existe en Florida? ¿Existe en algún distrito? ¿Cómo se está trabajando de igual manera? Si el trato es igual, si es igual", cuestionó.

La exfuncionaria reiteró que el sistema de educación pública no recibe suficiente dinero para las necesidades que existen, algo que planteó en su iniciativa Presupuesto Rediseñado para el Ciudadano, que lanzó unas semanas antes de renunciar y que provocó discusión porque en ese entonces solicitó un presupuesto de $1,200 millones mayor al que regularmente tiene la agencia. "Con lo que hay, no da", resumió.

Keleher reconoció entre lágrimas que hay personas que no van a tener "espacio en el corazón" para perdonarla y, aunque la convicción por delito grave que tiene ahora le va a impedir prestar servicio directo al gobierno, al discutir su futuro lo hace todavía ligada a la educación.

"Lo que ha pasado conmigo no cambia mi interés en el futuro de la isla, no cambia mi compromiso con la juventud de Puerto Rico... Así que voy a seguir tratando de aportar para que se mejoren sistemas educativos. Pero también yo creo que tengo la oportunidad de identificar(me) con personas que han pasado por ese proceso legal y ayudar de alguna manera, hacer a las personas a rehacer su vida y quizás hablar con otras personas para explicarles qué es lo que podría pasar, para prevenir (y) que no pasen por los mismos errores. O sea que mi, mi alma, mi ser, es dar de la manera en que pueda y no tiene, no tiene que ser que me paguen por eso, porque me sale, porque es quien soy. Y tengo que ganarme la vida, sí, no sé cómo lo voy a hacer. No lo sé, pero mi corazón no ha cambiado por lo que lo que me ha pasado", expresó emocionada.

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