Tras la recomendación de comisión especial, el Alto Foro decidiría si mantiene la puntuación mínima de pase o la altera.

El Tribunal Supremo designó una comisión especial que examinaría a las escuelas de Derecho de la isla para recomendar al Alto Foro si deben mantener o alterar la puntuación mínima de pase para la reválida de admisión a la práctica de la abogacía y la notaría, esto ante señalamientos de que al menos dos de las escuelas podrían tener su acreditación afectada debido al desempeño en las reválidas más recientes.

La resolución emitida ayer es una movida extraordinaria de parte del Supremo, que no había alterado la puntuación de pase en unos 40 años. En Puerto Rico, el Supremo es el único rector de quién entra, y se mantiene, en la profesión legal y la notaría. Por tanto, es la entidad que diseña y administra el examen de admisión a la profesión a través de su Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

La movida del Supremo responde a que la American Bar Association (ABA, por sus siglas en inglés), la entidad que acredita las escuelas de Derecho en todo Estados Unidos, emitió un parámetro nuevo en 2019 que establece el porciento mínimo de estudiantes de una escuela que deben pasar la reválida para que se mantenga la acreditación. Se trata de por lo menos el 75% dentro de los dos años siguientes a la graduación.

De las tres escuelas en la isla, los datos de la propia ABA indican que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha cumplido con el parámetro nuevo, pero la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica no. Según los datos, para 2018 el porciento de pase en cada institución fue 52.08 (Católica), 55.43 (Interamericana) y 77.51 (UPR).

“La Junta Examinadora ha realizado sus funciones de conformidad con la estructura y el esquema adoptado por este Tribunal. Esto forjó un sistema de reválida consistente a través del tiempo. En los pasados 35 años, el examen de reválida general ha mantenido un coeficiente de confiabilidad promedio de .91, lo que es comparable con el coeficiente de confiabilidad del Multistate Bar Examination confeccionado por el National Conference of Bar Examiners en Estados Unidos”, dijo el tribunal al defender su rol en la confección y administración del examen.

Como medida especial, designó una comisión que presidirá el juez asociado Ángel Colón Pérez y que debe examinar más a fondo “el perfil de los egresados de las tres escuelas de derecho de Puerto Rico, los parámetros de reclutamiento y admisión utilizados por estas instituciones educativas, las medidas empleadas por estas escuelas durante los estudios conducentes al grado de Juris Doctor para evaluar el aprovechamiento académico de estos egresados, los cambios en los currículos académicos, los cursos obligatorios y electivos, y cualquier otra información que la comisión estime necesaria para completar su encomienda”.

La comisión especial, a la que no se le estableció plazo para su encomienda, someterá un informe al Supremo sobre el cual podrían decidir si alteran la puntuación mínima de pase del examen.

La resolución no registra cómo votaron los jueces ni que haya disidentes, por lo que se entiende que fue una medida adoptada unánimemente.