Hoy, hace un año, fue arrestada la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher.

A un año de los arrestos que contribuyeron a detonar las protestas que acabaron en la salida del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, los procesos judiciales se han movido poco y están a la espera de determinaciones que podrían acabar en la desestimación de los cargos.

El 10 de julio de 2020, NotiCel fue el primer medio en comunicar que la exsecretaria Julia B. Keleher fue arrestada en Washington DC en una redada federal anticorrupción que conllevó también el arresto de la exadministradora de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, el expresidente de la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, el excontratista de ASES, Alberto Velázquez Piñol, la exayudante de Keleher, Glenda E. Ponce Mendoza, y su hermana, la contratista Mayra Ponce Mendoza.

De estos, solo las hermanas Ponce Mendoza han resuelto su caso al declararse culpables el 26 de mayo pasado, aunque todavía no han sido sentenciadas.

Estas dos son las que la fiscalía federal amarró principalmente con Keleher en un pliego acusatorio que mezcló tres esquemas separados que protagonizan algunos de los acusados pero que ninguno de los tres esquemas los tiene a todos.

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En el caso de las hermanas Ponce Mendoza, se imputa que conspiraron con Keleher para dar, y aumentar, un contrato a Mayra. A Keleher también se le involucra con irregularidades en la ortorgación de un contrato a BDO que, igual que contratos de BDO en ASES, habrían conllevado la intervención indebida de Velázquez Piñol, quien de un lado aconsejaba en las agencias y, por el otro, recibía comisiones de parte de BDO de acuerdo a los contratos que las agencias le daban.

A solicitud de NotiCel para una declaración en torno al aniversario del caso, Keleher dijo que “durante el pasado año, he luchado arduamente para limpiar mi nombre y lo continuaré haciendo por el tiempo que sea necesario”. “Soy inocente y mis abogados han solicitado la desestimación de los cargos que pesan en mi contra. Estoy extremadamente agradecida con quienes me han apoyado. Espero con ansias el día en que termine el caso para poder concentrar nuevamente mis esfuerzos en asegurar que todos los niños reciban una educación de calidad”, concluyó.

Del grupo de arrestados, Keleher acaparó la atención por su posición en Educación y porque generó antipatías durante su tiempo en el cargo que provocaron manifestaciones álgidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y en las afueras del Tribunal Federal cuando llegó a Puerto Rico el 16 de julio a ser procesada tras su arresto.

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Tanto Keleher como los demás acusados que permanecen en el caso han presentado mociones que podrían representar la desestimación de los cargos por distintas vías y también argumentos que buscan mover fuera de Puerto Rico el juicio pautado para el 22 de febrero de 2021.

El argumento más llamativo surge de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 7 de mayo pasado en el caso Kelly v. United States en el que los jueces del Alto Foro volvieron a limitar la capacidad que tienen los fiscales federales para procesar delitos de corrupción bajo leyes federales. La visión del Supremo es que hay instancias de irregularidades y corrupción que deben procesarse solo a nivel estatal y no activar la jurisdicción federal. La prueba de fuego es que los fiscales tengan evidencia, no solo de irregularidades, sino que los funcionarios públicos acusados, en efecto, se beneficiaron personalmente de los actos irregulares que cometieron.

Esa moción está pendiente de adjudicación.

Los arrestos del 10 de julio pasado ocurrieron un día después de que NotiCel revelara las primeras páginas del chat de Telegram en que Rosselló Nevares y un grupo íntimo mantenía un intercambio constante de temas oficiales, aunque no todos eran funcionarios, y temas privados en los que se registraron expresiones ofensivas y discriminatorias. La revelación de sobre 800 páginas del mismo chat por parte del Centro de Periodismo Investigativo el sábado, 13 de julio de 2020, marcó el inicio de una jornada de protestas sostenidas que llevó a la dimisión de Rosselló Nevares el 24 de julio.

Keleher, además, enfrenta un segundo caso en el que se le imputa haber recibido beneficios en la compra de un apartamento de parte de un agente de bienes raíces que necesitaba su visto bueno en la cesión de una franja de terreno de la escuela Padre Rulfo en Santurce. En este segundo caso, también están pendiente mociones dispositivas similares a las del caso de contratos en Educación y ASES.