La estudiante de Educación Especial de raza negra, Alma Yariela Cruz Cruz, que fue sometida a procesamiento criminal por los departamentos de Justicia y de Educación debido a un supuesto caso de agresión, demandó junto a su madre y su hermana al estado por el trato discriminatorio y negligente que sostiene recibió en ese caso.

La demanda sometida al Tribunal de Primera Instancia de Carolina es por la causa de daños y perjuicios por discrimen racial y acoso escolar (bullying), por lo cual reclama compensación de un millón de dólares.

Yomayra Cruz Lozada, la madre de Alma Yariela, y Alanys Cruz Cruz, hermana, demandaron tambien a los dos departamentos mencionados, así como al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al director de la escuela de Alma Yariela, Domingo Leduc del Valle, y la trabajadora social del plantel Modesto Rivera de Carolina.

El intento de procesamiento criminal contra Alma Yariela comenzó en 2016 y terminó el año pasado cuando el gobierno retiró los cargos tras un proceso en el que la menor, entonces de 11 años, fue representada por el licenciado Leonardo Aldridge y generó discusión pública sobre el acoso escolar y el discrimen. A la menor se le acusaba de empujar a unas compañeras que, según la demanda, llevaban años acosándola en la escuela al punto que su hermana pasaba la mayor parte del tiempo junto a ella con el propósito de protegerla.

En la demanda, se presenta un historial de abuso verbal de otros estudiantes hacia Alma Yariela y de negligencia, desatención y supuestas expresiones de discrimen por parte del director del plantel no solo hacia la estudiante, sino hacia su madre tambien.

'Ambas madre e hija se sintieron indefensas, humilladas y acosadas por un sistema educativo que le

proveía una solución al problema que las aquejaba', sostiene el documento radicado ayer.

'[A] todas luces la omisión de la escuela en atender un asunto que con gran probabilidad pudo ser resuelto con una reunión entre las partes y las acciones negligentes de la Policía de Puerto Rico que a traves de del consentimiento viciado de unas asustadas menor de 11 años con deficit de atención y el de su madre que padece de una enfermedad autoinmune que no le permite expresarse con claridad para defender los derechos de su hija y los suyos, tuvieron como resultado que en enero de 2017 se presentara una querella y la radicación faltas por amenazas y agresión en el Tribunal de Menores contra la víctima', añade.

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