Servicios educativos, atornillamientos y atraso en uso de fondos federales son algunos de los elementos del presupuesto público más grande que se pasaron por encimita, o no se mencionaron, en la vista de transición.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, tuvo ayer una de las vistas de transición menos contenciosas hasta ahora, con temas medulares que se mencionaron poco o nada durante su interrogatorio sobre la operación de la agencia con el presupuesto más grande del gobierno.

El comité de transición entrante no mencionó, o no abundó, en áreas como contratos, atornillamiento de empleados, la nómina de confianza (cuyo costo millonario fue un tema de campaña en la primaria del Partido Nuevo Progresista), el atraso en el uso de fondos federales y los propios servicios educativos que son la razón de ser del departamento.

El presidente del Comité de Transición entrante, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz, mencionó en varias ocasiones, hasta para excusarla de dar respuestas, que era que Raíces Vega apenas llevaba un año en el cargo. Antes de ser designada como secretaria, Raíces Vega tenía un nombramiento de confianza como superintendente de la región escolar, precisamente, de Bayamón. Sin embargo, en octubre de 2023, cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia la designó al cargo, lo que se destacó es que llevaba desde 2009 en distintas posiciones administrativas dentro de la agencia.

Este año fiscal, el Departamento de Educación (DE) tiene un presupuesto de $5,300 millones. La diferencia entre lo que pidieron y lo que se les asignó es 1.8% de menos, que es el mismo porciento de reducción que experimentaron en matrícula. Aunque fue una reducción presupuestaria proporcional a la reducción en la población que sirven, Raíces Vega usó esta diferencia para justificar una serie de servicios, como los de transportación que no tienen financiamiento identificado porque se estaban pagando con fondos federales que finalizaron.

Solo el 22% del presupuesto va a asuntos académicos y el 61% de los $5,300 millones, unos $3,233 millones, se gasta en nómina. Más allá de mencionar el dato, no hubo cuestionamientos sobre la necesidad de esa cantidad de personas, sobre cómo realmente aportan a los servicios educativos que el estudiante recibe en el salón de clases, sobre la nómina de confianza, ni sobre los movimientos de personal que ocurrieron en la agencia aún durante la veda electoral para repartir puestos de carrera. Tampoco sobre cómo la agencia es una de las que más personal provee al equipo electoral pagados con fondos públicos mediante el mecanismo de destaque del que disfruta el PNP en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ni sobre cómo Raíces Vega se agenció tres certificaciones docentes para las cuales no tiene los requisitos, que ahora le permitirán competir por un puesto de carrera.

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Una mejoría en los resultados de las Pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) fueron el logro que presentó Raíces Vega en el área de aprovechamiento académico pero, como le comentó el senador Juan Zaragoza Gómez en su turno, es como celebrar “subir de F a D menos”. El miembro del comité entrante resaltó la falta de métricas relacionadas con los estudiantes y expresó su impresión de que “la razón de ser del departamento es obtener fondos y gastarlos”, en vez de educar.

Los estudiantes de educación especial son ya el 44% de la matrícula total, pero no hubo discusión detallada sobre los retos para la prestación de servicios a esa población, como tampoco la hubo sobre el reto sindical y legal que tiene la agencia con los reclamos de los maestros para que se cumpla con la Ley de Carrera Magisterial. Esto representa para el DE una deuda acumulada de $80 millones y desembolso anual adicional de unos $13.5 millones.

Tras una campaña primarista en la que el uso de fondos federales de reconstrucción fue punta de lanza en los ataques de la gobernadora electa Jenniffer González Colón, no hubo preguntas al director de infraestructura de la agencia, José Basora, que abundaran sobre el estado de las reparaciones por los huracanes de 2017 o los terremotos de 2020.

Una de las cosas por las que el alcalde de Bayamón excusó a la secretaria de dar explicaciones detalladas fue por el ritmo de uso de fondos federales, ya que la agencia ha tenido que pedir autorizaciones al gobierno federal para extender la vigencia de partidas, incluso del año fiscal 2018-2019, que no se han gastado todavía. Según datos en el informe de transición, la estrategia de la agencia pareció ser darle prioridad al uso de fondos federales asignados por la pandemia y no a los fondos recurrentes. Un desglose del departamento precisa que todavía están pendientes de que el gobierno federal apruebe extensiones de uso para $211.6 millones, ya hay aprobaciones para $42.9 millones y hay $4.6 millones sin extensión aprobada. Para los fondos de emergencia, se reclama haber usado el 97%, pero en el detalle de las distintas fuentes hay uso tan bajo como 30%.

“La secretaria habló con este servidor… tiene unos planes personales”, dijo su defensor, Rivera Cruz, en conferencia de prensa cuando se le preguntó si la gobernadora entrante consideraría mantenerla en el cargo.

Para ver los documentos de transición de Educación, pulse aquí.

Vea:

$700,000 mensuales la nómina de confianza del Secretariado del DE

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